Bolivia en el abismo: ¿quiénes integran el gabinete de facto de Áñez?

A nivel político y procedimental, el gabinete de la autoproclamada presidenta del país andino, Jeanine Áñez, se encarga de conducir un escenario signado por la represión armada (pero también informativa y judicial) hacia los sectores políticos y sociales que resisten al golpe. Las figuras que integran la nueva (e ilegal) capa burocrática del Estado Plurinacional describe las conexiones e intereses que desembocaron en el derrocamiento de Evo Morales.

UNA ENTRADA «TRIUNFAL»

El 14 de noviembre, Áñez designó a los primeros relevos de lo que sería presentado internacionalmente como su gabinete de «transición». La ola de renuncias que generó el ciclo de persecución política y judicial en el momento clímax del golpe, facilitó que las sustituciones de Áñez abarcaran todas las áreas estratégicas del poder ejecutivo boliviano.

Al momento de la presentación la jerga neoliberal y tecnocrática se hizo presente. Son «personas conocedoras, especializadas y en su mayoría de perfil técnico», argumentó Áñez refiriéndose a la primera tanda de 11 nuevos ministros, una cifra que iría elevándose a medida que avanzaban los días.

Para apretar bien las tuercas frente a las manifestaciones antigolpe que se desarrollaban en La Paz y El Alto luego de la renuncia forzada de Evo Morales, Áñez designó como comandante de las Fuerzas Armadas a Carlos Orellana, en sustitución de Williams Kaliman. Acto seguido, nombró a un nuevo Comandante General de la Policía.

La cúpula militar boliviana reconoció a la presidenta de facto, Jeanine Áñez (Foto: NotiActual)

Estos recambios posibilitaron que ambas estructuras respondieran lealmente a un gobierno golpista que necesitaba de un brazo armado para contener las manifestaciones a toda costa.

Los militares y policías han cumplido con la tarea dictada desde arriba, lo que ha traído como consecuencia síntomas de división interna entre los componentes, pero también un lamentable saldo de más de 20 muertos, más de 700 heridos y dos masacres (la de Sacaba, en Cochabamba, y la de Senkata, en El Alto) que los medios occidentales buscan silenciar, o simplemente reseñar como resultado de los «enfrentamientos».

El gabinete de Áñez le ha otorgado estatura de política de Estado a estas prácticas de represión generalizada, convirtiéndose en su cara «institucional».

Luego de tomar el poder inconstitucionalmente, Jeanine Áñez recibió a los jefes de policía que incorporados al golpe de Estado (Foto: NotiActual)

Los «ministros» más preponderantes no solo marcan las pautas discursivas de la mal llamada «transición», sino que canalizan las decisiones estratégicas de una fase de postgolpe que aún está en período de definición.

Pero dicha capacidad para imponer la dirección de los acontecimientos desde la superestructura no está dada por las cualidades técnicas comentadas por Áñez, sino por una línea de intereses y conexiones que los agrupa en un objetivo común.

ARTURO MURILLO, «MINISTRO» DE GOBIERNO

Un poco más conocido que la autoproclamada Ánez, Murillo ha pegado un salto de calidad en su carrera tras la consumación del golpe de Estado.

Nacido en Cochabamba, Murillo representa toda una tradición latinoamericana: el del empresario arribista que utiliza la política como una herramienta para sus negocios. Como empresario hotelero fundó y dirigió la Asociación de Hoteleros del Trópico de Cochabamba. Aprovechando esa posición fue diputado y senador de Cochabamba por el partido Unidad Democrática, del cual forma parte Jeanine Áñez.

Arturo Murillo abraza a su compañera de partido, Jeanine Áñez, luego de su designación ilegal como ministro de Gobierno (Foto: Clarín)

La designación de Murillo narra no solo la lógica de compadrazgo y negocios que opera entre los golpistas, sino también la tónica de ajuste de cuentas que está imperando. En 2016, Murillo fue acusado y sentenciado a dos años de prisión por la jueza de La Paz, Nancy Bustillo, por «el delito de uso de instrumento falsificado en el marco del proceso iniciado por la Libreta de Servicio Militar que presentó para habilitarse como candidato al cargo de diputado en 2009», según reportó el medio La Razón en su momento.

«En 2010, el Ministerio de Transparencia presentó una denuncia contra Murillo por presentar ante el Órgano Electoral una libreta de Servicio Militar falsificada, posteriormente, el Ministerio de Defensa verificó sus archivos y estableció que la serie y el número de los documentos eran falsos y pertenecían a otra persona», relató con precisión el medio.

El golpe de Estado interrumpió por la fuerza los resultados de este proceso judicial, envalentonando a Murillo en su búsqueda por cristalizar una especie de venganza.

Esto lo dejó ver en su primer discurso a la prensa cuando alertó que empezaría una «cacería» contra los dirigentes del MAS. El discurso no fue producto de la emoción por su nombramiento, sino que representó el inicio de una operación ilegal de inteligencia que ha derivado en la detención de ciudadanos venezolanos y cubanos, en un intento por fabricar un expediente de «intervención extranjera» que se encuadre con las urgencias geopolíticas de Washington.

Murillo ha aceptado que se apoya en «sistemas de inteligencia privados» para fortalecer la persecución contra el MAS, reafirmando que una simbiosis entre guerra sucia, agencias estadounidenses (la DEA) y capital privado es la base para la consolidación del régimen de facto.

Esa simbiosis la personifica con exactitud Murillo.

La CIDH denuncia que hay al menos 23 fallecidos tras la represión policial y militar contra las manifestaciones anti golpe en Bolivia (Foto: AP)

JERJES JUSTINIANO ATALÁ, «MINISTRO» DE LA PRESIDENCIA

Nacido en Santa Cruz, Justiniano es hijo del exembajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano Talavera. «Es propietario del estudio jurídico Jerjes Justiniano Atalá & Asociados», según informó Página Siete en un escueto perfil.

En 2016, el entonces Ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a Justiniano Atalá como «abogado conocido y experto en defender narcotraficantes». Nada tan cerca de la realidad. El abogado defendió al empresario Jacob Ostreicher, «quien invirtió $25 millones en plantaciones de arroz en Bolivia en asociación con la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, socia y esposa de Maximiliano Dorado», afirmó la revista brasileña Veja en 2013.

Jerjes Justiniano Atalá recibe el abrazo de Áñez al momento de su nombramiento como ministro (de facto) de la presidencia boliviana (Foto: Reuters)

Aunque el reportaje de la revista brasileña buscaba fabricar una vinculación del gobierno boliviano con el narcotráfico internacional, no pudo ocultar un elemento central de exclusiva responsabilidad de Justiniano Atalá: «Resumiendo la historia: El hijo del embajador defendió a la pareja de la esposa del traficante brasileño, quien recibió en su casa al ministro denunciado por Pinto Molina. Por lo menos, es una coincidencia vergonzosa para el papel que Justiniano desempeñó en Brasil», remató la publicación.

En 2012, Justiniano Atalá realizó una presentación en el Congreso de los Estados Unidos en el marco de su defensa de Ostreicher. Hablando como si no fuera un ciudadano boliviano, el abogado indicó que el sistema judicial del país era débil y que hubo injerencia en el caso del ciudadano estadounidense, afirmación que no fue apoyada por ninguna prueba fiable.

La conexión de Justiniano Atalá con la cabeza del golpe, Luis Fernando Camacho, es estrecha. Según El Deber de Bolivia, «el ministerio de la Presidencia, considerado clave por el apoyo que brinda a la presidenta, ha sido asignado al abogado Jerjes Justiniano Atalá, quien acompañó a Luis Fernando Camacho cuando llegó a La Paz. Es su principal asesor».

El perfil de Justiniano Atalá se encuadra a la perfección con el momento, de ahí su nombramiento: representa los intereses de Camacho, tiene un bufete de abogados con una línea directa con el narcotráfico (una de las bases de la economía cruceña) pero también con las agencias e instancias estadounidenses que operan en ese campo.

Así como Murillo representa la rama securitaria y de guerra sucia del golpe, Justiniano Atalá representa la rama del marcotráfico cruceño que apostó todo a la maniobra de Camacho. Visto así, su nombramiento no solo responde a la lógica de cooptación política por parte de los cruceños, sino a la unidad de criterios que confieren los negocios.

KAREN LONGARIC, «CANCILLER» 

Oriunda de La Paz, Longaric es «licenciada en Derecho UMSA, cuenta con un doctorado en derecho internacional en la Universidad de La Habana», según informó el diario Los Tiempos de Bolivia.

Su bajo perfil en la política boliviana, así como su background académico, se corresponde con lo que necesitan los golpistas: una figura manejable, de corte legalista y técnico, que logre trasladar «profesionalmente» la dinámica del golpe fronteras afuera.

Hace algunos meses, Longaric pidió que Bolivia rompiera relaciones con Venezuela para beneficiar el intento de golpe de Juan Guaidó en el ámbito diplomático (Foto: Eju.tv)

Mientras los medios destacan, de forma orquestada, que se trata de la primera mujer que asume el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de resaltar su perfil como «intelectual», Longaric encabeza una maniobra de socavamiento del mapa de relaciones internacionales del Estado boliviano.

Esta maniobra tiene como objetivo de fondo forzar un giro geopolítico que posicione a Bolivia, nuevamente, como un país subalterno de la influencia estadounidense. Podría decirse que la labor de Longaric consiste en oficializar, por la vía diplomática, lo que Murillo y Justiniano Atalá adelantan con los ejes de poder duro de Washington.

Cuando se cristalizó el golpe, Longaric afirmó que «Bolivia no vivió ningún golpe de Estado», mientras anunció un «rencuentro de los bolivianos». Acompañó esta retórica argumentando, paradójicamente, que «cualquier juicio emitido por cualquier autoridad y por otras naciones es faltar a la verdad a los acontecimientos e incurrir en injerencia en política interna del Estado boliviano».

Dicha línea discursiva ya ha tenido resultados concretos. Los golpistas han roto relaciones con Venezuela, oficializado el retiro del país del ALBA-TCP y han cesado la representación diplomática en Cuba.

Estas decisiones, si bien están alineadas a los intereses geopolíticos urgentes de Estados Unidos, también llevan el toque personal de Longaric.

En un artículo de julio de este año publicado en Página Siete expresó que «urge materializar en todo sentido el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela, ungido el 23 de enero de 2019. Para ello es preciso reconducir el proceso inconcluso y casi fallido de dicho reconocimiento, adoptando las medidas correspondientes; entre ellas desconocer y expulsar a los representantes diplomáticos de Maduro».

El fundamentalismo de Longaric con respecto a Venezuela muy seguramente sumó varios puntos para su designación.

En términos de política exterior, Longaric siempre cuestionó que Evo Morales proyectara el esquema de relaciones del país hacia el eje ALBA-CELAC. Coincidiendo con el pensamiento geoestratégico de la clase dominante, expone que el país debe plegarse al esquema neoliberal de la Alianza del Pacífico, donde Bolivia se encontraría en una situación asimétrica frente a Perú, Colombia y Chile.

«Siguiendo las consignas de Hugo Chávez, Bolivia con sus deslucidas gestiones en la Secretaría General de la CAN asistió indiferente a la desaceleración del proyecto andino de integración. En esa deriva internacional vertió duras críticas contra los países miembros de la Alianza del Pacífico y contra el proyecto como tal, cercenando así la posibilidad de construir, a futuro, una relación óptima con dicha Alianza», afirmó Longaric.

Sin embargo, este posicionamiento contra la soberanía de Bolivia no termina aquí. En una entrevista para El Comercio de Perú, desestimó el reclamo nacional boliviano para obtener una salida al mar. «Tenemos que olvidarnos de La Haya, no mostrar actitudes revanchistas o confrontacionales y tomarle la palabra a Piñera, que ha invitado a dialogar del tema. En el imaginario del pueblo chileno y de su clase política debe haber la necesidad moral insoslayable de solucionar este asunto con Bolivia».

LUIS FERNANDO LÓPEZ, «MINISTRO» DE DEFENSA 

Según el medio eju.tv, «Luis Fernando López Julio es exmilitar, comunicador social y empresario, nació en la ciudad de La Paz, el 15 de octubre de 1964».

«Además de la carrera como Subteniente de Armas y Caballería, y paracaidista militar, también es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica de La Paz. Proviene de una familia de tradición militar y política, su padre Luis Fernando López Bacigalupo es el General de la División del Servicio Pasivo del Ejército, y su abuelo, Rubén Julio Castro, vicepresidente de la República de Bolivia», amplía el medio.

El nuevo «ministro» de defensa de Áñez es también un empresario con múltiples áreas de negocio (Foto: Explícito)

Este oficial de abolengo es también «presidente ejecutivo de Lola Group S.R.L., agencia especializada en estrategia, marketing y comunicación integral». Además, «fue gerente para Bolivia de las reconocidas multinacionales Lowe y Mcann Erickson, trabajando para marcas globales como Coca-Cola, BMW, Unilever, Huawei, Cinemark y Copa Airlines, entre otras».

Pero a su posición como empresario se agrega un aspecto que describe en buena medida su rol protagónico en la fase del postgolpe. Luis Fernando López fue «oficial e instructor de la Escuela de Cóndores Satinadores en Sanandita, entre 1986 y 1989». Este cuerpo fue creado en 1981 durante la dictadura de Luis García Meza. Desde 1987, realiza ejercicios conjuntos con Fuerzas Especiales estadounidenses, recibiendo también instrucción en labores de entrenamiento bajo el enfoque de lucha «antiterrorista».

Ser empresario y un militar con trayectoria (en retiro actualmente), le valió el reconocimiento inmediato de las Fuerzas Armadas cuando Áñez lo nombró su ministro de Defensa.

En una entrevista para CNN, Luis Fernando López aseguró que «estamos tratando con terroristas» para referirse a los manifestantes que en La Paz y El Alto protestan contra el golpe de Estado.

Defendió el Decreto Supremo 4078 aprobado el pasado 14 de noviembre, donde se le otorga total impunidad a las Fuerzas Armadas para contener las manifestaciones aplicando un uso desproporcionado de la fuerza. Dos masacres han precipitado la aplicación práctica de este instrumento jurídico. Evitando los cuestionamientos sobre las muertes en Senkata, el funcionario indicó que «el ejército no disparó un solo proyectil».

La represión policial y militar sigue cobrando vidas en Bolivia (Foto: Info Libre)

La selección de Luis Fernando López para el cargo de ministro de defensa no solo se adapta con precisión a las operaciones de exterminio iniciadas por Murillo, sino que también las lleva al límite. La variante de la «lucha antiterrorista», un modelo de estado de excepción militarizado que Estados Unidos transformó en modelo cuando lo aplicó en Centroamérica, confirma que el desgaste del aparato oficial de represión acentuará la participación de factores extralegales.

Y tal parece que el ministro de Defensa es el intermediario entre el capital privado local y transnacional y las contratistas de mercenarios que muy probablemente articulan la etapa paramilitar de la represión generalizada.

ROXANA LIZÁRRAGA, «MINISTRA» DE COMUNICACIÓN

Relata el diario La Nación de Argentina que Lizárraga «es una abogada y periodista de radio y televisión nacida en la ciudad de La Paz. Pasó por conocidos canales de televisión y en los últimos años trabajó con la periodista Amalia Pando, en el programa Cabildeo (…) Estudió Comunicación en la Universidad Católica Boliviana San Pablo (…) En 2002, la periodista recibió el Premio Nacional de Periodismo con la medalla Huáscar Cajías».

Su nombramiento a manos de Áñez generó polémica por sus declaraciones contra los periodistas que realizan la cobertura del golpe en Bolivia. A los «periodistas o pseudoperiodistas que estén haciendo sedición (…) Ya se tiene identificado a los periodistas extranjeros que están causando sedición y el Ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes en todo esto», apuntó en clara sincronía con la «cacería» encabezada por Murillo.

Lizárraga encabezó una de las operaciones informativas clave luego de cristalizado el golpe. La misma consistía en linchar moralmente a Evo Morales permitiendo que los medios grabaran su residencia en la Casa Grande del Pueblo, una maniobra con el objetivo evidente de aislar el foco de atención de la represión a las protestas.

Roxana Lizárraga ha sido cuestionada por sus declaraciones agresivas y amenazantes contra los periodistas que cubren el golpe en Bolivia (Foto: NotiAmerica)

«Parece una habitación de un jeque árabe, el derroche de dinero que se ha hecho para la construcción de este palacio realmente es un insulto para todos los bolivianos», remarcó frente a las cámaras.

El papel de Lizárraga ha sido fundamental en la ejecución de un blackout informativo a gran escala para restringir la cobertura de la represión militar y policial. Justamente, la persecución a periodistas y las amenazas de judicialización se incorporan como un método de presión con el objetivo de inhibir el registro de la violencia militar que hay en las calles.

Y es que fue nombrada, precisamente, para que la versión de los golpistas se imponga a su conveniencia en el campo de batalla.

JOSÉ LUIS PARADA, «MINISTRO» DE ECONOMÍA

Página Siete destaca que «el cruceño José Luis Parada Rivero se graduó como bachiller del Instituto Americano de La Paz y recibió el título de Economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el sector privado, ejerció el cargo de director en la Hilandería Santa Cruz, en el Fondo Ganadero y en el Ingenio Azucarero Guabirá. En el ámbito nacional fue director Administrativo y Financiero de la Vicepresidencia de la República de Bolivia y, desde 2005, fungió como secretario de Economía y Hacienda del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz».

El perfil de Parada es el de un tecnócrata fundamentalista. Y no ha perdido tiempo para exponer los planes de privatización que motivaron el golpe. «En 14 años hemos tenido trabas a la inversión privada. Vamos a sentar las bases para una apertura de la economía nacional para atraer inversiones y que el próximo gobierno continúe con esto».

Un empresario cruceño asume las riendas de la economía boliviana con un enfoque neoliberal (Foto: Página Siete)

Ampliando esto, Página 12 de Argentina reseña lo siguiente sobre Parada: «Siempre cuestionó al gobierno central de La Paz por el pago de regalías, incluso fue el coordinador del reclamo de ese departamento, el más rico de Bolivia y núcleo duro de la oposición golpista. Entre sus antecedentes empresariales se puede citar que dirigió la Hilandería Santa Cruz y el ingenio azucarero Guabirá».

El año pasado, Parada hizo ver en una entrevista que su enfoque de desarrollo tiene a Santa Cruz como eje neurálgico, una tendencia que seguramente continuará en desmedro del conjunto de Bolivia de consolidarse el golpe:

«Por lo tanto, ¿por qué Santa Cruz se hace atractivo? Porque maneja los tres sectores estratégicos de desarrollo: primero, el tema de la agricultura, el sector agropecuario, que es donde se genera el 70% de la seguridad alimentaria del país. Por otra parte también tenemos la parte agroindustrial, con productos como soja, carne y caña. Eso genera en Santa Cruz una expansión de tipo económico, de producción, y sobre todo, con lo que se refiere al crecimiento de la población, también van acompañando los servicios de agua potable, de electrificación y telefonía. El patrón de desarrollo de Santa Cruz está casi parecido a los niveles de crecimiento que se dan en los países asiáticos, porque siempre ha estado por encima de la media de crecimiento del país, de todo el crecimiento económico de Bolivia».

Parada representa la cara empresarial, neoliberal y tecnocrática del golpe, pero también una garantía para los empresarios y terratenientes cruceños, que ahora cuentan con un ministro de Economía que privilegiará sus intereses (redirigiendo recursos, eliminando impuestos, etc.) por encima del conjunto del país.

CONCLUSIONES

Estos ministros fueron seleccionados por su preponderancia tanto en esta etapa de postgolpe como en lo que corresponde a las palancas de poder estratégicas del Estado boliviano.

Sin embargo, a modo de cierre, es necesario referirnos a un patrón general que agrupa al resto de altos funcionarios del poder ejecutivo nombrados ilegalmente por Áñez.

• De todas las 20 carteras ministeriales, siete corresponden a figuras provenientes de Santa Cruz, en su gran mayoría empresarios. Otras dos tienen representantes de Beni (Álvaro Coimbra, ministro de Justicia y Transparencia Institucional; y Álvaro Guzmán, ministro de Energías). Una tiene representación de Tarija (Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos). El resto de carteras se distribuye entre oriundos de Cochabamba, Potosí y La Paz, en una situación de franca minoría.
• Estos departamentos se congregan en la demoninada «Media Luna», una construcción socio-geográfica que representa espacialmente a las tierras bajas bolivianas. Como golpe de Estado fue comandado desde este polo político y económico, dominado por sectores oligárquicos, la asignación de cargos en el poder ejecutivo implica un acto de correspondencia.
• Esta composición del tren ejecutivo de Áñez es una impugnación abierta al concepto de Estado Plurinacional de Bolivia, dado que las figuras que conducen un gobierno de facto en medio de un escenario de represión generalizada no son representativas del conjunto social y étnico del país.
• Es un gobierno de facto de corte proempresarial y neoliberal, que actúa articuladamente en distintos frentes de judicialización, terrorismo y represión, con el objetivo de consolidar un estado de excepción que facilite la entrega de los recursos naturales del país a las corporaciones occidentales. La violencia militar y policial es el reflejo en las calles de la destrucción institucional de un Estado que, hasta el golpe consumado, tenía bajo su propiedad gigantescos recursos energéticos.
• El factor del narcotráfico abarca a varias de las figuras mencionadas, convirtiéndose en una de las tramas menos visibles pero más importantes dentro del golpe. Y es que allí no solo converge el metabolismo de la economía cruceña, junto a Áñez, Murillo y Justiniano Atalá, sino los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en lo que se conoce como el negocio del siglo.