Preocupación entre los líderes políticos israelíes ante la posición de la Corte Penal Internacional
La decisión de la Corte Penal Internacional de La Haya de investigar posible crímenes de guerra de Israel en sus intervenciones militares en territorios palestinos ha despertado inquietud entre los líderes políticos y militares de Tel Aviv.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció el viernes que ve bases para abrir una investigación completa sobre “crímenes de guerra” perpetrados por el régimen de Israel contra los palestinos y pidió a los jueces iniciar las pesquisas de los crímenes en la ocupada Cisjordania, la ciudad de Al-Quds (Jerusalén) y la Franja de Gaza.
El anuncio fue recibido con beneplácito por parte de los palestinos, al tiempo provocó la gran indignación de los funcionarios israelíes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, alegó que la CPI no tiene jurisdicción para investigar en los territorios ocupados tras la guerra de 1967. Sin embargo, la incorporación de Palestina a los países firmantes del Estatuto de Roma en el año 2015 aceptando formalmente la jurisdicción del tribunal internacional en su territorio abre la puerta a que altos cargos del gobierno, incluido el primer ministro y todos los altos mandos del ejército, puedan ser juzgados por el tribunal por sus acciones en territorio formalmente palestino.
Las pesquisas de CPI incluirán actos de Israel, como la construcción de asentamientos ilegales en la ocupada Cisjordania, sus medidas violentas durante la agresión militar contra la Franja de Gaza en 2014 y la masiva represión de los palestinos en las protestas de la Gran Marcha de Retorno, que se celebran cada semana desde marzo de 2018 en Gaza.
Las autoridades palestinas han presentado demandas ante la CPI contra el régimen de Tel Aviv para que sus autoridades de diversos rangos sean juzgadas por sus crímenes de guerra o contra la humanidad, así como por la expulsión de la población palestina en los territorios ocupados, la apropiación ilegal de sus tierras, la demolición de sus casas y las detenciones arbitrarias.
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