Alertan sobre aumento de asesinatos en áreas rurales de Brasil
Según el organismo, 418 territorios del país fueron blanco de violencia en los primeros ocho meses de 2021.
La Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil constató que en el país, entre enero y noviembre de 2021 se registraron 26 asesinatos en conflictos en el campo, un 30 por ciento más alto que lo registrado en el año 2020.
Según el organismo, 418 territorios del país fueron blanco de violencia en los primeros ocho meses de 2021, de los cuales un 28 por ciento de ellos son territorios indígenas. Asimismo el informe Violencia contra Ocupación y Posesión del ente, mostró que de las 103 muertes consiguientes registradas hasta el momento en 2021, 101 eran indígenas yanomami.
De los territorios identificados el 28 por ciento son territorios indígenas; 23 por ciento de quilombolas; el 14 por ciento son catalogados por el organismo como territorios de ocupantes ilegales, y el 13 por ciento son territorios sin tierra, entre otros.
Otros datos detallan que la destrucción de vivienda aumentó en un 94 por ciento, la destrucción de pertenencias en un 104 por ciento, mientras que el desalojo ascendió en 153 por ciento, y el «impedimento de acceso a áreas de uso colectivo» en 1.057 puntos porcentuales.
“Durante el 2021 monitoreamos varias invasiones de buscadores al territorio Yanomami, resultando en asesinatos, agresiones, amenazas, amenazas al territorio, contaminación del agua, y deforestación; además de ser vectores de diversas enfermedades, entre ellas Covid-19”, reiteró la Comisión.
“También vimos a niños succionados por dragas y ahogándose mientras huían de los disparos de los criminales. La falta de políticas públicas de salud y nutrición expuso la alta tasa de desnutrición que afecta a los niños yanomami, muchas veces de manera fatal, y también expuso cómo enfermedades como la malaria, leishmaniasis y neumonía siguen matando a estos indígenas en nuestro país”, relató el documento.
Según el Comité Brasileño de Defensores de Derechos Humanos (CBDDH) en 2021 Brasil vivió un año más de criminalización de movimientos populares, defensores de derechos humanos y activistas.
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