Pérez Esquivel y Pitrola presentaron un hábeas corpus para dejar sin efecto el protocolo de Bullrich

El Partido Obrero y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) presentaron este martes un hábeas corpus colectivo para que “se deje sin efecto de manera inmediata” el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y que tendrá este miércoles su primera implementación práctica ante la marcha convocada por la Unidad Piquetera para la tarde, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.

Néstor Pitrola, diputado nacional electo del Partido Obrero del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), junto al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y referentes de organismos de derechos humanos presentaron el hábeas corpus preventivo y colectivo en el mediodía del martes ante el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 13 a cargo del Juez Subrogante, Gustavo Miguel Pierretti,

En el texto, solicitaron que “se deje sin efecto de manera inmediata la Resolución 943/2023” del Ministerio de Seguridad, que -indicaron- afecta “la libertad ambulatoria e integridad física” de los que se movilizarán.

La presentación lleva la firma de Pitrola, Pérez Esquivel, la coordinadora nacional del Serpaj, Elizabeth Quintero, y de la abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha, Liliana Alaniz.

“Las amenazas de la ministra (Patricia) Bullrich colocan al Estado y a ella en la posición de cometer un delito. Quienes incurrirán en delito no son los trabajadores desocupados que están viendo la pulverización de su ingreso con el congelamiento de un plan social que al 1% diario de inflación, sino por parte de la ministra Bullrich”, advirtió Pitrola en declaraciones a Télam.

El dirigente del PO sostuvo que, por un lado, “el protocolo es ilegal porque afecta el artículo 14 de la Constitución y el derecho a la protesta que también es constitucional”.

Por otra parte, aseguró que las “persecuciones con métodos de espionaje usando los servicios de inteligencia de manera ilegal” contra las organizaciones sociales y la movilización bajo “la amenaza de quitar un plan” implican un hecho “discriminatorio y violatorio de la ley”.

Por su parte, la abogada Alaniz señaló que el protocolo “llega al absurdo de que cualquier persona que este viajando en un tren puede ser afectada” a pesar de que plantean que con estas medidas buscan “garantizar la libre circulación”.

“En nuestro país el estado de derecho que rige dice que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin orden judicial. Se pone en este protocolo una figura de flagrancia a un delito lo que per se ningún delito puede serlo, sino que compete exclusivamente al poder judicial”, apuntó.

Añadió que, aunque el protocolo “tiene una serie de ilegalidades, arbitrariedades e inconstitucionalidades”, en esta acción de hábeas corpus “tendemos a cortar inmediatamente los efectos que puedan tener en la movilización del día 20”.

La firmante del texto, y también apoderada del Partido Obrero, aseguró que el habeas corpus busca garantizar la libertad ambulatoria y evitar las detenciones arbitrarias de quienes decidan participar de la movilización.

La presentación recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 13, que deberá expedirse sobre el tema en las próximas horas “por la urgencia” y la “escalada” del gobierno de Javier Milei, aseguró la dirigente del PO.

La presentación lleva la firma del dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, Pérez Esquivel, la coordinadora nacional del Serpaj, Elizabeth Quintero, y de la abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha, Liliana Alaniz.

“Interpretar que una manifestación per se es un delito en flagrancia es un error, que va en contra de lo que dice el Código Procesal Penal. En ese sentido esperamos esta resolución que deje sin efecto el protocolo para la movilización de día de mañana y en particular lo hemos centrado en las cabeceras de estaciones de trenes y puentes que es por donde anunciaron que nos iban a estar persiguiendo”, sentenció Alaniz.

El titular del Polo Obrero, una de las organizaciones convocantes a la protesta del miércoles, también se refirió a la presentación realizada con el patrocinio de Pérez Esquivel, con el objetivo de “garantizar la seguridad y la libertad” de quienes decidan participar de la manifestación.

“Tenemos la intención que las cosas sean los menos molesto para quienes tengan que pasar por allí, y que los que participen tengan la libertad de hacerlo, pero del otro lado nos encontramos con amenazas y con ataques”, afirmó Eduardo Belliboni en Continental.

Además, sostuvo que el habeas corpus es parte de la “batalla en el terreno legal” contra quienes aseguran que “cambió el régimen jurídico” en el país.

Asimismo se sostiene que la resolución de la cartera de Seguridad se asemeja, “en los hechos, a un estado de excepción o de sitio, sin haberse dado los supuestos que así lo habiliten”.

“Esta acción, se hace extensiva a los de los niños, niñas y jóvenes que participen de la movilización del 20 de diciembre, por el inminente y grave riesgo de que lo dispuesto mediante la Resolución del Ministerio de Seguridad afecte su interés superior y el principio de especialidad, que cuentan con jerarquía constitucional”, añadieron.

En el texto también se recuerda que “hace 22 años, el 20 de diciembre de 2001, fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad 38 personas en la Ciudad de Buenos Aires”.

“Asesinatos cuya responsabilidad cae en un gobierno del cual Patricia Bullrich formaba parte”, apuntaron y también detallaron otros hechos durante su pasada gestión en la cartera de seguridad como las manifestaciones del 14 y 18 de diciembre con motivo de la reforma previsional propuesta en el Congreso o “el operativo que terminó con la vida de Rafael Nahuel”.

“La ultra intención del `Protocolo`, mediante la señalización de un grupo particular de manifestantes, presentándolos como “enemigos sociales” remonta a la metodología de las dictaduras y genocidios que se sucedieron en el país y en el mundo”, subrayaron.

Con la presentación “se busca resguardar el derecho a la libertad ambulatoria y la integridad física de las personas que participen de la manifestación del próximo 20 de diciembre”.

Desde el PO también anticiparon que mañana abogados, organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos van a estar en las cabeceras de las estaciones de trenes para “impedir que Bullrich con su protocolo detengan el acceso de cualquier persona a CABA”.

En tanto, este martes, también el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) llamó a una audiencia pública a las 16 en la Cámara de Diputados contra el protocolo “que quiere imponer Bullrich”, al que se consideró “completamente ilegal e inconstitucional, que cercena el derecho a la protesta social”.

Al tiempo que los legisladores de izquierda presentaron un pedido de interpelación a la ministra Bullrich para que de explicaciones sobre el “Protocolo anti piquete”, que -según plantean- “busca callar la protesta que genera el plan motosierra de Milei”.

Por su parte, el abogado Daniel Anibal Valmaggia presentó un recurso de amparo para que se declare la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°3, a cargo del juez Santiago Carrillo.

Otra presentación, con más de 1700 firmas de organizaciones, entre las que se encuentran la CGT, las dos CTA, la UTEP, CTEP, el PO, ATE Nacional, y con patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales, se realizó una presentación ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El texto dirigido a la CIDH solicitan “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.

Mientras que la carta a la ONU, dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y, en particular, al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, solicitan que exija al Gobierno que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan.