México. ONU-DH condena últimos asesinatos de activistas y comunicadores

La Oficina del Alto Comisionado en las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos de los activistas José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, en Chiapas; y del periodista José Rafael Murúa, en Baja California Sur.

De acuerdo con el organismo, Noé Jiménez y Rafael Murúa eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación.

El representante de la ONU-DH, Jan Jarab, señaló que “estos hechos muestran que la violencia contra quienes defienden derechos humanos o informan tiene profundas raíces y es necesario impulsar cambios estructurales para atajarla”.

Por ello, dijo, “México necesita urgentemente revertir la tendencia en aumento del riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”.

Los asesinatos de los defensores José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, el pasado jueves, se suman al del defensor Sinar Corzo, ocurrido también en Chiapas, en enero.

De acuerdo con la ONU-DH, en 2019 han sido asesinados tres defensores, y en 2018 se registraron 13 casos.

La ONU-DH también expresó su preocupación por el asesinato de Murúa Manríquez, a quien encontraron sin vida este lunes dentro de su automóvil.

Jan Jarab subrayó que “el hecho de que tanto el señor Muría como el señor Jiménez fueran beneficiarios del Mecanismo de Protección debe llevar a una profunda reflexión sobre su eficacia. Las medidas de protección otorgadas, así como su implementación, efectividad y seguimiento deben ser analizadas y evaluadas”.

La ONU-DH llamó a las autoridades competentes a llevar a cabo investigaciones prontas y eficaces de los ataques contra los defensores y el periodista, “exentas de prejuicios y en línea con el debido proceso”, y a adoptar medidas de atención y protección eficaces para sus familiares y colegas.

Los casos

En un comunicado, la ONU-DH informó que los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Álvarez participaban en un plantón frente al palacio municipal de Amatán, Chiapas, junto con otros integrantes del Movimiento por la Paz, La Justicia y el Bien Común, cuando fueron atacados por un grupo armado.

Ambos defensores fueron reportados como desaparecidos el 17 de enero y encontrados sin vida el 18 de enero en el mismo municipio.

Noé Jiménez Pablo era integrante del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN), y desarrollaba actividades relacionadas con el derecho a la consulta previa a comunidades indígenas, derecho al territorio y a los recursos naturales.

José Santiago Gómez era un activista y luchador social vinculado con el mismo grupo.

En mayo de 2018, los activistas habían denunciado agresiones en su contra, pues sus oficinas fueron atacadas a balazos mientras varios defensores se encontraban en su interior.

Además, en noviembre pasado, Carlos Mayorga Guerrero, integrante del movimiento, también fue asesinado en Amatán. A raíz de estos hechos varios miembros del grupo fueron incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, incluido Noé Jiménez.

El periodista Rafael Murúa Manríquez fue asesinado el pasado fin de semana en Baja California Sur.

La tarde del domingo, autoridades del estado hallaron su cuerpo con disparos en el tórax.

Murúa era director de la radio comunitaria Radiokashana, en el municipio de Mulegé.

Red de periodistas exige “investigación rigurosa” de caso Murúa

Ciudad de México | Desinformémonos. La Red de Periodistas en Baja California Sur condenó el asesinato de Rafael Murúa Manríquez, director de la radio comunitaria Radio Kashana, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 20 de enero en una brecha del municipio de Mulegé, y exigió “una investigación rigurosa que no excluya de las líneas de investigación el ejercicio de su profesión”.

Los periodistas señalaron que Murúa había denunciado una campaña de hostigamiento y desprestigio en noviembre de 2018 y que , de acuerdo con la organización Artículo 19, “se sabe que desde 2017 el colega había recibido amenazas de grupos delincuenciales, motivo por el cual se autocensuró y salió del estado, respaldado por el Mecanismo de Protección a Periodistas”.

Murúa era crítico del gobierno municipal de Felipe Prado, quien era cuestionado por presuntas irregularidades en la licitación de obra pública en el municipio. Durante los primeros 52 días de su gobierno, Murúa denunció que había vivido “más agresiones y abuso de autoridad que en los 6 años anteriores”.

“Estamos molestos y dolidos, y hemos aprendido a vivir con preocupación desde hace mucho tiempo, pues en nuestro país suman al menos 122 periodistas que han sido asesinados desde el año 2000 en relación con su trabajo, como lo ha documentado la organización Artículo 19”, expresó la Red junto con otros periodistas del país.

Ante las agresiones, los asesinatos, las campañas de hostigamiento y las amenazas, los periodistas exigieron al gobierno federal un alto a la violencia contra la prensa y el respeto pleno a su ejercicio profesional. “Reiteramos nuestra convicción: no se construye ciudadanía y democracia sin prensa libre”.