Couso pide al Gobierno colombiano “acelerar la aplicación de los acuerdos de paz” y alerta de la expansión de los grupos paramilitares

El eurodiputado de Izquierda Unida Javier Couso ha hecho un llamamiento al Gobierno colombiano a “acelerar y profundizar en la aplicación de los acuerdos de paz de la Habana” con las FARC, al tiempo que ha alertado de que la expansión de los grupos paramilitares por las zonas que la guerrilla ha ido abandonando supone “una amenaza muy grave” para que el conflicto se cierre de forma definitiva. Esta es la principal conclusión que saca el vicepresidente de las comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara de los tres primeros días de la misión de la Delegación Asturiana de verificación de los derechos humanos en Colombia, en la cual participa por segunda vez en lo que llevamos de legislatura.

El pasado lunes, la delegación pudo comprobar cómo la aplicación de los acuerdos de paz de La Habana está funcionando a dos velocidades. Por un lado, tal y como explica Couso, “la guerrilla está abandonando, como acordado, las zonas que estaban bajo su control y se están instalando en lo que se conocen como zonas de concentración o zonas veredales”. Sin embargo, el Ejecutivo de Juan Manuel Santos no estaría poniendo en marcha “todas las medidas pactadas para que estas personas empiecen a hacer el tránsito hacia la vida civil”.

Esto se puso de manifiesto el primer día de la misión, durante una visita a las zonas veredales del Valle del Cauca. “La primera etapa de la misión consistía en una visita a las zonas veredales de La Elvira, pero a 40 minutos de allí tuvimos graves problemas para acceder, ya que un retén militar nos impidió el paso y nos tuvo retenidos durante tres horas”, relata el eurodiputado. “La situación se solucionó después de que se desplazaran hasta el control efectivos de la mediación con la ONU, la Policía indígena, la contraparte de las FARC y la del Gobierno”, continúa. “El caso es que estuvimos retenidos tres horas” y en lo que “coincide todo el mundo es que esa retención es una violación de los acuerdos de paz”, ya que se “está impidiendo el libre tránsito a las zonas veredales”. El Ejército, hoy, “puede controlar a las personas que pasan para comprobar si están o no perseguidas por la Justicia, pero no puede impedir el paso”.

La sensación generalizada es que “el Gobierno parece estar tratando de tener aisladas a las FARC para que no se puedan relacionar con nadie y esto también va en contra del acuerdo porque los guerrilleros no son presos”.

Una vez que la delegación consiguió acceder a La Elvira, mantuvieron una reunión con varios comandantes de bloque y un comandante del Estado Mayor de las FARC, quienes “nos transmitieron que tienen la sensación de que la guerrilla está cumpliendo y el Gobierno no”. Por ejemplo, “hasta esa zona llegaron todos los guerrilleros que tenían que estar el 31 de enero como parte del acuerdo, pero el Ejecutivo no está dando las condiciones necesarias para que estas fuerzas, en torno a 300 personas, vivan en condiciones normales y puedan hacer el tránsito a la vida civil”.

Couso ve esencial que se empiece a “implementar la compra y licitación de tierras para las personas que se van a beneficiar de la amnistía”. Esto “por ahora no existe” y por eso “no tienen nada con lo que sustentarse”. “Los guerrilleros están viviendo ahora como en campamentos”, advierte.

Otro de los problemas derivados de una aplicación parcial del acuerdo lo comprobaría la delegación durante la segunda jornada, en la zona de Popayán, también en el Valle del Cauca. Allí pudieron reunirse con una treintena de representantes de movimientos populares, defensores de los derechos humanos y líderes sindicales que dieron la voz de alarma ante una realidad que el Ejecutivo de Santos no está afrontando como debería: el paramilitarismo. “La conclusión que sacamos de esas conversaciones es que el Gobierno no reconoce que hay paramilitarismo y, sin embargo, los asesinatos siguen estando a la orden del día. Creemos que es un error que puede poner todo en riesgo”, indica.

El año pasado fueron asesinadas al menos 140 personas a manos de los paramilitares y “este año se está manteniendo el mismo ritmo de muertes”. “No parece que haya voluntad de desmontar esos grupos”, que “están ocupando las zonas que dejan libres las FARC, al desplazarse hasta las zonas de concentración”. Además, “nos pusieron como ejemplo el problema con la minería legal e ilegal y las sospechas fundadas de que las grandes multinacionales son tolerantes con los paramilitares”.

También el martes, la delegación de verificación se reunió con miembros del denominado mecanismo tripartito, formado por la ONU, las FARC y el Gobierno colombiano, con los que pudieron dialogar sobre el problema que habían observado el día anterior para acceder a las zonas veredales.  “Lo que constatamos es que las partes no están funcionando al mismo ritmo y que parece haber niveles medios dentro de la cadena de mando gubernamental que quiere poner obstáculos a la paz”. El eurodiputado, no obstante, recalcó que “dentro de este mecanismo tripartito sí que se está intentando avanzar en los problemas”.

Ayer, en la tercera jornada,  la Delegación Asturiana visitó a un importante grupo de prisioneros de guerra de las FARC y del ELN en la cárcel de Ibagué. Allí “pudimos constatar la situación de vulneración permanente de los derechos humanos de toda la población carcelaria, la falta  de atención en salud, la pésima alimentación, la falta de agua potable para beber y para el aseo personal y los cacheos invasivos a familiares y visitantes”. Es todo “un cúmulo de circunstancias que constituyen un trato cruel, inhumano y degradante”.