CIDH insta al Estado mexicano a tomar medidas ante asesinatos de periodistas
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de los periodistas mexicanos Francisco Romero y Telésforo Santiago Enríquez.
Preocupa que sea el sexto asesinato contra periodistas del año, y que la mayoría de ellos podría vincularse al ejercicio de su función, un indicador de que persiste la violencia contra los comunicadores en diversas regiones.
La Relatoría Especial insta al Estado mexicano a que investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes, esclarezca sus móviles y determine la relación que pudieran tener con la actividad periodística.
Asimismo, el Estado debe revisar e implementar medidas para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas con las recomendaciones de los Relatores para la Libertad de Expresión en su reciente Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México.
De acuerdo a reportes preliminares de público conocimiento, Francisco Romero, administrador y director de la página de Facebook «Ocurrió Aquí», contaba con medidas de protección del Mecanismo de Protección de la Secretaria de Gobierno de México, debido a agresiones previas.
El cuerpo del periodista fue encontrado en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo el 16 de mayo junto a su motocicleta, con un tiro en la cabeza y señales de golpes en el cuerpo.
Según información del Estado de México, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo comunicó que inició las investigaciones del caso tomando en cuenta todas las líneas de investigación, incluyendo su labor como periodista.
Por otra parte, el 3 de mayo, mientras se celebraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa, se informó de un nuevo ataque contra la prensa en el municipio de San Agustín Loxicha (Oaxaca).
En el ataque, culminaron con la vida del periodista Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la radio comunitaria indígena “El cafetal de San Agustín” y defensor de las lenguas indígenas.
Con una larga trayectoria, el comunicador era conocido por sus análisis y cobertura crítica de las autoridades municipales por supuestos desvíos de recursos. Asimismo, fue candidato a la presidencia municipal de su región en varias ocasiones.
Otros crímenes
Estos crímenes, se suman a varios otros casos de comunicadores asesinados en el año como Santiago Barroso Alfaro, el 15 de marzo en San Luis Río Colorado, y Reynaldo López, el 16 de febrero en Hermosillo, en Sonora.
Además, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, el 9 de febrero en Emiliano Zapata, Tabasco y José Rafael Murúa Manríquez, el 19 de enero en Mulegé, Baja California Sur, quienes murieron por labor periodística y comunicacional que desarrollaban.
El Estado de México informó a la Relatoría Especial que lamenta lo sucedido y expresó que se están haciendo esfuerzos de investigación por parte de las distintas Fiscalías. Además, indicó que entiende que no todos los casos reportados podrían estar relacionados con la actividad periodística.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), varios Estados mexicanos presentan un panorama de grave violencia y silenciamiento contra periodistas y comunicadores desde el año 2000.
En ese sentido, los Estados más peligrosos para un periodista son Veracruz (22 asesinatos), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (16) y Chihuahua (14).
“Esto es un llamado urgente para que el Estado adopte medidas decididas para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas y reforzar la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)», explicó el Relator Especial de la CIDH, Edison Lanza.
Los Relatores para la Libertad de Expresión de la CIDH y de Naciones Unidas presentaron meses atrás el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, producto de la visita aceptada por el Estado en diciembre de 2017.
Sus conclusiones y recomendaciones subrayan que los ataques contra periodistas «persisten, acompañados de un sentido continuo de inseguridad e impunidad».
«La naturaleza sistemática de esta violencia requiere no sólo medidas individuales específicas sino también medidas de naturaleza estructural». […] «El cumplimiento por la PGR de su responsabilidad de identificar e investigar los riesgos que enfrentan los beneficiarios debería percibirse como un aspecto esencial de todo programa de protección», agregaron.
Una señal positiva en ese sentido es la reactivación del Plan de Contingencia para prevenir agresiones a periodistas y activistas que se implementa en México para el Estado de Chihuahua.
«Instamos al Gobierno mexicano a intensificar las iniciativas de alerta temprana y otras medidas preventivas, en consonancia con sus obligaciones internacionales, tomando en cuenta la naturaleza específica de los riesgos y sus contextos particulares”, explicó Lanza.
En lo que respecta a justicia e impunidad, la Relatoría Especial recuerda que en las conclusiones y recomendaciones presentadas en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México 2018 debería “dar prioridad a la investigación de una serie de casos de periodistas cuya contribución resultó fundamental para sus comunidades”.
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido en varias oportunidades al efecto que tienen los crímenes contra profesionales de medios de comunicación, así como para los ciudadanos que pretenden denunciar abusos de poder.
Dato:
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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