Militares confiesan sobre golpe en Bolivia y comprometen a Camacho
La admisión de culpabilidad de dos generales en proceso abreviado dentro del caso Golpe de Estado I en Bolivia comprometen hoy al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, imputado por conspirar con jefes castrenses.
Jorge Pastor Mendieta, extitular del Ejército, y el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas almirante Flavio Gustavo Arce, reconocieron su culpabilidad en ese expediente y pidieron acogerse a un proceso abreviado.
Mendieta reconoció que no denunció la reunión sostenida entre Luis Fernando López, hombre de confianza del excívico y ahora gobernador cruceño, con el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, quien después y acompañado por su Alto Mando, pidió la renuncia del expresidente Evo Morales.
Un memorial revelado este domingo por la red Erbol, señala que la exautoridad reconoció “no haber denunciado, en calidad de funcionario público, los hechos.
El encartado admitió que en esa fecha se reunieron López y Kaliman en el Comando en Jefe, Piso 6, ubicada entre las calles 9 y 10 de la zona paceña de Obrajes, para posteriormente sugerir la dimisión de Morales.
Kaliman y todo su alto mando demandaron el 10 de noviembre de 2019 la renuncia en medio de las revueltas del movimiento cívico controlado por Camacho y de un motin policial.
Se investigan estos hechos en Golpe de Estado I que forzaron la salida del exmandatario, impusieron un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez y dieron lugar a masacres como las cometidas en Sacaba, Senkata y El Pedregal con 37 muertos y miles de heridos.
Imputado también en este caso, el general Arce aceptó una omisión similar a la de su colega, lo cual constituye delito de encubrimiento y asociación delictuosa.
Tras la ilegal llegada a la silla presidencial de Áñez -también imputada en este caso-, López fue nombrado ministro de Defensa.
En un video difundido por la televisión nacional, Camacho confesó que su hombre de confianza fue colocado en ese cargo en cumplimiento de acuerdos porque fue él quien medió en un “arreglo” entre su padre, José Luis, y los militares.
De esa forma se logró la retirada del apoyo castrense al entonces presidente constitucional.
Camacho se encuentra encarcelado preventivamente en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.
En noviembre de 2022, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció movimientos bancarios de Camacho entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019 ascendentes a 4,5 millones de bolivianos (más de 642 mil dólares).
La Fiscalía reclamó “una pericia de auditoría forense a esas transacciones realizadas en 2019 y que, presuntamente, fueron a cuentas de algunos militares como del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo Terceros, cuyo abogado admitió que recibió financiamiento del gobernador ahora encarcelado.
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