El gobierno de facto de Bolivia institucionaliza el golpe de Estado

Mientras en Bolivia crece el número de muertos y heridos y se institucionaliza la persecución de dirigentes populares, el gobierno de facto emite decretos para usar la fuerza sin regulaciones ni penalidades.

Nombramiento de ministros, cese de embajadores, intervención de medios de prensa y criminalización de dirigentes del partido del expresidente Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS) —que es la primera fuerza política del país—, son algunas de las tácticas de la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez.

El Ministerio Público del gobierno autoproclamado acusó la víspera al vicepresidente de MAS, Gerardo García, y a Ramón Raúl Caro, del presunto delito de uso indebido de bienes del Estado y solicitó su detención preventiva en la cárcel paceña San Pedro. Paralelamente, el organismo ordenó la aprehensión de la exministra de Culturas Wilma Alanoca.

Esto ocurre después de que el pasado 14 de noviembre, el MAS aceptó bajo tres condiciones, instalar una mesa de diálogo con el gobierno interino a fin de  pacificar el país y convocar a nuevas elecciones.

Tras la renuncia de Morales, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia y asumió el poder sin quórum legislativo, un hecho calificado por Morales del “golpe más artero y nefasto de la historia”. Sin embargo, Áñez insiste en que lo ocurrido en Bolivia fue “una revolución para recuperar la democracia” y no un golpe de Estado.

Desde la instalación de Áñez de un gobierno de facto, los militares han incrementado sus medidas de represión contra las manifestaciones en apoyo a Morales y en rechazo a la presidenta autoproclamada.

Durante un discurso realizado el viernes ante el cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Bolivia, la mandataria interina reclamó que el pueblo boliviano fue protagonista de “masivas protestas pacíficas”, sin referirse a la violencia desatada y a las presiones de los militares, que obligaron a Morales a abandonar el cargo.

Áñez trató de presentar los recientes incidentes como hechos legales y habló de “transición” para referirse al golpe ocurrido en el país.

La presidenta autoproclamada también dio permiso para que las fuerzas militares y policiales de Bolivia reprimieran las protestas en La Paz, El Alto o Cochabamba, los tres principales centros de las manifestaciones de los últimos días. La represión se saldó con la muerte de más de 30 personas y dejó centenares de heridos y detenidos.

El gobierno de facto también anunció que realizará un dialogo con los movimientos sociales, previsto para la tarde de este sábado, para tratar de pacificar el país y calmar la tensión interna. En este sentido, Yerko Núñez, quien desempeña el cargo de ministro de Obras Públicas del gobierno interino, dijo al respecto: “no hay motivos para seguir movilizados”, lo que, según algunos analistas, es un esfuerzo más para acabar con las manifestaciones.

El mandatario dimisionario Evo Morales, que previamente había advertido que en Bolivia se instaló una dictadura, condenó el jueves en un tuit “los crímenes de lesa humanidad” del gobierno de facto y dijo que esto podría llegarlos a la Corte Penal Internacional.

Desde el día 10 de noviembre y tras la renuncia de Morales a su cargo, el país ha sido escenario de movilizaciones que exigían en un principio la renuncia del ejecutivo golpista y el regreso de Morales y, luego, unas elecciones generales y el restablecimiento del hilo constitucional.