Pueblo Mapuche | Sobre los testigos sin rostro contra Héctor Llaitul

24 de abril de 2023

Desde el pasado martes 18 de abril se desarrolla en Temuco la audiencia de preparación de juicio de Héctor Llaitul Carrillanca, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), actualmente en prisión preventiva en el C.C.P. del Bío Bío en Concepción. En dicha audiencia preparatoria la defensa argumentó en la parte de vicios formales en la acusación del Ministerio Público de Chile, que no solicitó “al tribunal ningún tipo de autorización previa para mantener testigos con identidad reservada” para declarar en contra del comunero mapuche, hecho que impide desarrollar una defensa con garantías y deja al imputado en situación desventajosa en el proceso. La magistrada del caso, la jueza Viviana García Utreras, ajustándose a derecho, ordenó a la Fiscalía entregar -bajo la prohibición de divulgación- la identidad de los 5 testigos protegidos únicamente a la Defensoría Penal Mapuche, que se encarga de la defensa de Llaitul. Tras ello, otorgó un receso de 3 días para corregir esta y otras cuestiones de forma.

Sin embargo, la decisión de la magistrada en relación a la protección de los testigos produjo la respuesta de gobierno y Ministerio Público. La Ministra del Interior Carolina Toha calificó la decisión del tribunal como «un error que debe enmendarse». El fiscal nacional Ángel Valencia declaró que la decisión «no se ajusta a derecho» mientras el fiscal regional Roberto Garrido presentó una «acción constitucional de protección a favor de los testigos», recurso que acogió la Corte de Apelaciones de Temuco, lo que paraliza la decisión de la magistrada, quien debe entregar un informe en 8 días para que la Corte resuelva respecto a la validez o no de la decisión del tribunal.

Las declaraciones por parte de la ministra del interior y del ministerio público constituyen un claro caso de intromisión pública en el Poder judicial y atentan contra el debido proceso. El poder ejecutivo del Estado de Chile, mediante estas actuaciones, trata de presionar a la jueza de garantía, violando la independencia del Poder Judicial.

Denunciamos a nivel internacional la utilización de los testigos sin rostro para la persecución política de comuneros mapuche, y en particular contra el werken (vocero) Héctor Llaitul, dado que no permiten desarrollar su defensa.

Tras conversaciones con familiares y amigos cercanos del comunero mapuche, así como con abogados chilenos que nos dieron cuenta de la situación, además de los motivos argumentados por la defensa, relativos a la situación desventajosa en la cual queda el imputado en el proceso ante la utilización de testigos sin rostro, resaltamos dos motivos fundamentales que lo invalidan:

1. No se ajusta a la normativa bajo la cual está acusado Héctor Llaitul. En Chile existen dos leyes que contemplan la utilización de testigos de identidad protegida: la Ley Antiterrorista y la ley antidrogas (Ley Nº 20.000). Héctor Llaitul no está siendo procesado por ninguna de estas leyes, sino por la Ley de Seguridad del Estado, motivo que deslegitima la utilización en este proceso de testigos con identidad reservada.
2. El estándar de prueba de los testigos sin rostro no respeta el derecho internacional para con los pueblos originarios. En 2014 el Estado chileno fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la utilización de testigos sin rostro para criminalizar la protesta social del Pueblo Mapuche, dado que incurre en discriminación, racismo y violación de los derechos fundamentales de este pueblo.

Chile es el país más atrasado en América Latina en cuestión de derechos de los pueblos originarios, particularmente del Pueblo Mapuche, pueblo oprimido que sufre la persecución política en su reclamo histórico de tierras ancestrales usurpadas por el Estado chileno y hoy explotadas por grandes intereses privados como las empresas forestales. Sectores privados que igualmente manifestaron su desacuerdo con la decisión de la magistrada a través de la Multigremial de La Araucanía.

Existen razones de peso para creer que detrás de los testigos sin rostro llamados a declarar contra Héctor Llaitul se encuentran los intereses de estas empresas forestales, directamente afectadas por los procesos políticos de recuperación territorial que desarrolla el Pueblo Mapuche y en concreto la CAM. Son conocidos los vínculos de los intereses agrarios -latifundistas y forestales- con la organización de extrema derecha Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía (APRA), que desarrolla acciones, también de carácter paramilitar, contra los reclamos y recuperaciones territoriales del pueblo mapuche.

El conocimiento por parte de la defensa de la identidad de los testigos, a la vez que sigue manteniendo la situación de protección de los mismos, permite descartar estos vínculos y por tanto garantiza el desarrollo de un juicio justo.

De revertirse la decisión de la jueza Viviana García Utreras, estaríamos ad portas de un juicio viciado que contraviene el ordenamiento jurídico internacional. En tal caso, Chile una vez más debería ser condenado, dado que los testigos sin rostro son una herramienta para condenar injustamente a los comuneros mapuche.

Como observadores internacionales, exigimos un debido proceso para Héctor Llaitul Carrillanca, quien está siendo perseguido por sus ideas políticas mediante una batería jurídica ilegítima e ilegal sujeta a la presión del poder empresarial.

Pedimos la libertad inmediata de todos los comuneros presos de la CAM, dado que los hechos que se les imputan están relacionados con legítimos reclamos políticos, sociales y culturales para su pueblo originario, el Pueblo Mapuche.