Agencia Telesur •  Internacional •  24/04/2025

Atribuyen a agronegocios mayoría de ataques violentos a comunidades en Brasil

El informe de la Comisión Pastoral de la Tierra revela que la violencia rural en Brasil alcanzó su nivel más alto en una década, con los agronegocios como epicentro de los crímenes.

Atribuyen a agronegocios mayoría de ataques violentos a comunidades en Brasil

La expansión del agronegocio en Brasil arrojó altos índices de ataques en 2024, con las localidades de Amacro y Matopiba como epicentros de la violencia que desplazó comunidades enteras. Los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) revelan que el 62 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas de frontera agrícola, donde la disputa por la tierra se resuelve con balas y cercamientos ilegales.

Aunque en la Amazonía se concentran la mayoría de los crímenes, la región de Matopiba -que se extiende por los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía- duplica la cantidad de conflictos respecto a Amacro, cuya cantidad de casos registrados se elevan a 415, un récord que refleja la ferocidad del capital sobre el Cerrado. En este ámbito la soja y el ganado avanzan sobre territorios ancestrales, mientras las comunidades resisten con uñas y dientes ante desalojos incendiarios y bloqueos armados.

En este contexto, los pobladores alegan que la estrategia de los llamados jagunços (hombres armados) es semejante en ambas regiones, donde cercan caminos, queman viviendas y amenazan a quienes deciden quedarse, como en Seringal, donde 180 familias enfrentaron cuatro conflictos en un solo año. Al respecto, Matías, un campesino expulsado en 2019, señala estos hechos de impunidad: «Hoy seguimos luchando por abrir el paso que nos robaron».

Mientras tanto, en la comunidad Hermana Dorothy, el reporte del organismo señala que la violencia alcanzó niveles bélicos, con personas armadas al servicio de ganaderos, que atacaron a campesinos extractivistas mientras se dedicaban a abrir un camino comunitario.

«Ya no es un territorio, es una zona de guerra», denuncia otro campesino, llamado Mizael Magalhães, al aseverar que los disparos recibidos le dejaron cicatrices físicas y psicológicas. Mientras tanto, los pobladores que viven de la tierra, expresan que esperan por los designios del Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), en tanto ordene la titulación del asentamiento Marielle Franco, donde 200 familias vencieron una década de terror latifundista.

Simultáneamente, en el mencionado texto alertó que el 31 por ciento de los asesinatos documentados por la CPT involucraron a la Policía Militar, como el crimen de Nega Pataxó, indígena masacrada en Bahía por milicias ruralistas con apoyo policial. Según datos ubicados en el documento, seis de cada 13 víctimas fueron ejecutadas por órdenes de hacendados, mientras el monocultivo devora 4.7 millones de hectáreas en Matopiba.


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