Santos critica la democracia en Venezuela y mantiene toque de queda en Buenaventura (Colombia)
El Gobierno de Colombia que critica la democracia en Venezuela mantiene toque de queda en la comunidad de Buenaventura, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, ante las protestas y disturbios que se han generado desde el pasado viernes.
Luego de celebrar un Consejo de Seguridad en Buenaventura, las autoridades informaron que el toque de queda será entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana (hora local) y se mantendrá por tiempo indefinido.
El paro cívico, impulsado por los habitantes de Buenaventura, tiene como fin exigir el restablecimiento del servicio del hospital de la localidad, soluciones a la problemática de agua potable, mayor empleo y soluciones al tema de la inseguridad que se vive el puerto.
Por tales acciones, que Santos calificó como “vandálicas”, se encuentran 11 policías heridos y 80 personas detenidas, presuntamente involucradas en los saqueos, además de pérdidas materiales, que se cuantifican en más del equivalente a un millón 300 mil dólares.
Represión
Los habitantes de Buenaventura denuncian que en vez de atención del Ejecutivo, reciben represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de Colombia.
Los agentes del Esmad usan gases lacrimógenos para dispersar a los protestantes, y no les importa que en el sitio se encuentren personas de la tercera edad y niños.
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“No levantaremos el paro si no se decreta la emergencia” dicen los habitantes de Buenaventura
23 May. 2017
Pese al anuncio del gobierno en el que ha asegurado movilizará una comisión hacia el municipio de Buenaventura para poner fin al paro, el comité del Paro Cívico manifestó que seguirá en paro hasta que se cumpla una de sus primeras solicitudes, declarar la emergencia económica y social “si no llega ese decreto quedamos en las mismas” relató Manuel Bedoya, presidente de la Organización Nacional de Pescadores Artesanales.
Según el lider de la movilización no van a seguir creyendo en “la carreta” de todo el mundo de que ya están cumpliendo “eso no es cierto, aquí la gente se sigue muriendo por falta de hospital, de agua, estamos desesperados por la contaminación del carbón y por la situación de la educación”.
Sin embargo, el Gobierno nacional, en cabeza de su secretario de general, Alfonso Prada, manifestó que no van a declarar la emergencia social, según él porque no están dadas las condiciones para tal decreto y puso de ejemplo la situación de Mocoa, para Prada esto solo puede hacer cuando suceden hechos sobrevinientes inesperados no para problemas estructurales.
“Ya negociamos hace 3 años” y el gobierno no ha cumplido
Por lo que Bedoya añade “si no traen el decreto de emergencia social y económica, pues que más bien no vengan, porque nos vamos a sentar en unas mesas a negociar. ¿A negociar qué?, si ya negociamos hace 3 años, pasamos el pacto para la educación que vale 2 billones”. Le puede interesar: “Gobierno hace oídos sordos al paro del Chocó”
La única opción que hasta el momento ha dado a conocer el comité del paro cívico, además del decreto de emergencia social y económica es que se constituya una figura legal en la que no se tengan que hacer licitaciones para desembolsar el dinero.
Hay plantas de procesamiento del agua pero no hay tuberías para conducirla
Según el Gobierno nacional en ese municipio están “prácticamente” terminadas las plantas que llevarán el agua de manera ininterrumpida a la población y se prevé una inversión de $170 mil millones en lo que se ha llamado el Plan Maestro de Agua.
Pese a ello, Bedoya asevera que eso no podrá darse dado que no se ha realizado la instalación de las tuberías, ni de las bocatomas “eso de que dicen que llegan los tanques no, las bocatomas no van a empezar, porque la tubería para transportar el agua ya se pudrió porque no había diseños. Tiene que comprar otra tubería, eso vale un poco de plata, eso no se hace en 1 o 2 años”.
Así continúa el Paro Cívico
Este martes se definió que ingresen Buenaventura camiones con alimentos para poder de tal manera abastecer al municipio. Adicionalmente, los camioneros han manifestado que se solidarizarán con el paro cívico sumándose éste.
“Los camioneros también nos van a colaborar, ayer dijeron que no iban a traer mercancía hasta Buenaventura, vamos a ver. Ya con ese apoyo al Gobierno le toca, porque les están tocando los talones a la economía que entra por Buenaventura” recalcó el líder de los pescadores artesanales.
Según una investigación realizada por la periodista y columnista María Elvira Bonilla, en Buenaventura figuran solamente 12 empresarios como dueños del 60% de las exportaciones que realiza este puerto, que logra generar 2 mil millones de pesos al año.
Además dice que, son cerca de 600.000 contenedores al año los que salen del puerto, el 80% del café que se exporta sale desde Buenaventura. En contraposición este municipio tiene un 90% de su población en la miseria. Le puede interesar: “Si no cerramos el puerto, el Gobierno no nos presta atención” habitantes de Buenaventura
Colombia: Deuda social de Juan Manuel Santos abre varios frentes en las calles
No ha cumplido compromisos en salud, educación, infraestructura y servicios
Resumen Latinoamericano / Últimas Noticias |
Bogotá, mayo 23 – Las tareas pendientes del gobierno de Juan Manuel Santos, incluidos los temas no resueltos de su primera gestión (2010 -2014), han abierto al Mandatario colombiano diferentes frentes con el pueblo en la calle protestando contra el olvido del Estado.
Las principales deudas sociales del Ejecutivo están en las reformas de salud y educación, el problema del campesinado y la falta de inversiones en infraestructura, amén de ajustes salariales. Docentes, taxistas, trabajadores penitenciarios, un departamento y una ciudad se movilizan desde el pasado 10 de mayo en demanda de reivindicaciones y por el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado en acuerdos realizados también tras jornadas de protestas y paros. En tanto, las comunidades indígenas denuncian las amenazas de la disidencia de las Farc y del rearme paramilitar.
Indefinido
Ocho millones de estudiantes quedaron sin clases a nivel nacional desde hace casi dos semanas luego de que los docentes afiliados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, declararan una huelga indefinida en reclamo de aumentos salariales y mejoras en salud. Desde entonces, los educadores se movilizan en diferentes ciudades del país al no lograr acuerdos con el Gobierno. Al mismo tiempo, los pobladores del departamento del Chocó completaron 13 días de inactividades en el marco del “Gran paro cívico”. Exigen el cumplimiento del Ejecutivo de un pliego de peticiones de 10 puntos, acordado tras la paralización de 2016, referido a temas de salud, vías, educación y servicios públicos.
El Gobierno alega no tener los recursos prometidos, y solo está dispuesto a entregar 339 mil millones de dólares de los $720 mil millones pactados. Violencia. La ciudad de Buenaventura, en el valle del Cauca, por su parte, exige a Santos una declaratoria de emergencia social, económica y ambiental. El viernes, tras cuatro días de protestas pacíficas, la situación derivó en violencia, se presentaron disturbios y saqueos, por lo que las autoridades decretaron un toque de queda para controlarla. El gobierno local defiende al Ejecutivo y asegura que no es el responsable del deterioro de la entidad. No obstante, los residentes esperan dialogar con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras marchar el domingo en rechazo a los saqueos. Los frentes contra Santos parecen no querer callar hasta que el Gobierno honre sus compromisos.
Las Farc han denunciado el aumento de la presencia paramilitar en la frontera con Ecuador, donde esa guerrilla está en pleno desarme. El incremento de homicidios de defensores de derechos humanos y activistas ha sido asociado a un repunte del paramilitarismo, que el Gobierno de Colombia se niega a aceptar, bajo conceptos como Bacrim (bandas criminales). En los primeros cuatro meses de 2017 se contaron al menos 42 asesinatos de activistas, así como los homicidios de un par de guerrilleros activos y varios familiares de insurgentes. El paramilitarismo también amenaza la paz.
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