Sebastian Piñera promulga una consulta sobre la modificación constitucional en Chile
El presidente chileno trata de contener la oleada de movilizaciones con la convocatoria de un plebiscito en abril de 2020 sobre el mecanismo para modificar el ámbito constitucional del país.
“En este proceso los chilenos tendrán la primera palabra para acordar los mecanismos y la última palabra para aprobar el contenido. Debemos recuperar unidad y diálogo para construir un Chile mejor», ha publicado el cuestionado presidente posteriormente en su cuenta Twitter.
Con la convocatoria, el presidente trata de sobrepasar la crisis política en la cual está sumida el país por su gestión, tras más de dos meses de protestas y movilizaciones contra su gobierno y lo que, oposición política, sindicatos y movimientos sociales consideran un régimen heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet con sus consiguientes imposiciones. Entra las reivindicaciones de las movilizaciones ha destacado la exigencia de un proceso constitucional para dotar al país de una nueva Carta Magna que sustituya a la actual, impuesta por la dictadura militar en el año 1980.
La consulta contará con dos preguntas, la primera referida a si los electores desean iniciar el proceso constituyente bajo la forma «¿Quiere usted una nueva Constitución?«. La segunda, introducida para superar el rechazo de importantes fuerzas políticas de la oposición al denominado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución mendiante el cual Piñera trató de contener las movilizaciones a mediados del mes de noviembre, plantea «¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?«, ofreciendo dos alternativas, una asamblea constituyente o un constructo que denomina asamblea mixta compuesta a partes iguales por parlamentarios del actual Congreso y parlamentarios electos ad hoc para la reforma constitucional.
Rechazo masivo a Piñera
A pesar del anuncio, con el cual Piñera trata de recuperar credibilidad apoyando su mandato presidencial en el proceso constitucional, el pulso en las calles continúa contra su ejecutivo, mientras, según los indicadores estadísticos como el sondeo elaborado por la empresa CADEM, muestran un indice de aprobación hacia el presidente completamente desplomado. Tan solo el 13% de los chilenos aprueban la gestión de Piñera, mientras cerca de un 70% de la población rechaza abiertamente su gestión.
Las políticas ejecutadas por el ejecutivo liderado por Piñera en materia social y económica, ligadas a la línea de recorte de gastos sociales y reducción de la presencia del estado en sectores clave exigidas por entidades supranacionales como el FMI y el Banco Mundial, han generado un rechazo creciente entre la población chilena a la apuesta neoliberal en el país que sirvió como experimento pionero de este modelo de gestión. Las crecientes diferencias socioeconómicas en la población, el progresivo encarecimiento de recursos de primera necesidad como la alimentación y el transporte, unidas al patente fracaso de la gestión privada de recursos de protección social como la sanidad y el sistema de pensiones, han terminado conduciendo a la opinión pública a exigir un nuevo modelo con mayor peso del estado de cara al cumplimiento de los derechos sociales.
Violaciones de derechos humanos
A la crisis política se suma el nivel de rechazo extendido a las medidas de represión contra las movilizaciones en el país. Un informe revelado esta semana por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile concluye que la actuación de las fuerzas de seguridad bajo las órdenes del ejecutivo han cometido «las violaciones de derechos humanos más flagrantes desde 1989». Las decenas de muertes de manifestantes (26 tan solo hasta el 20 de noviembre y según las cifras oficiales arrojadas por la propia fiscalía), el uso indiscriminado de balines, gases lacrimógenos o disparos deliberados a los ojos, y los flagrantes casos de desapariciones o agresiones sexuales por parte de las fuerzas represivas del estado, han puesto en el ojo del huracán al ejecutivo de un país que durante las últimas décadas hacía gala del nivel de implantación de su estado de derecho en comparación al resto de países de la región.
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