Intervención del canciller Jorge Arreaza en 43 Sesión Ordinaria del Consejo de DDHH de la ONU

A partir de enero de este año, Venezuela se ha reincorporado por tercera vez a este Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Nuestra elección, que debió ser un procedimiento rutinario dentro de la lógica multilateral, sin embargo fue convertida en una verdadera batalla global. El extremismo ideológico que se ha apoderado de la Casa Blanca, pretendió privar a Venezuela de su derecho a integrar este Consejo, activando insólitos e inéditos mecanismos de presión, chantaje y hasta extorsión hacia los Estados miembros, tanto en sus capitales, como en estos foros multilaterales. Para esta estrategia utilizaron además un grupo de países de la región como obedientes y subordinados mandaderos.

En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a todos los Estados que respaldaron al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en tan particulares circunstancias. Vencimos, juntos fue posible. Ni el bullying internacional, ni las amenazas, ni la extorsión, pudieron doblegar la voluntad soberana de la mayoría de los Estados del mundo. Como tampoco esas fuerzas y métodos arbitrarios imperialistas han logrado doblegar la voluntad soberana del pueblo venezolano, sometido a la más grotesca intervención y agresión durante todo el año 2019.

La acción de Venezuela en el Consejo estará orientada a promover el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de manera justa y equitativa. Apoyaremos firmemente las iniciativas para luchar contra la discriminación racial, la xenofobia y las demás formas de intolerancia conexas.

Seguiremos defendiendo los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación, para impulsar así la promoción y protección de todos los derechos, incluido el derecho al desarrollo.

Debemos salvar este valioso proyecto colectivo, este Consejo, ante la tozuda y sesgada pretensión de algunos países de utilizar de manera selectiva los procedimientos del Consejo para atacar políticamente a algunos de sus miembros.

Los derechos humanos y el cambio climático son un tema central. Manifestamos nuestra preocupación por las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino. También las violaciones de los derechos humanos en Colombia, en Chile o la situación de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos o los migrantes de África en su tránsito hacia Europa y su estadía en Europa.

Venezuela considera que los gobiernos que impongan, apoyen o faciliten la implementación de medidas coercitivas unilaterales no deben ser parte de este Consejo. Estas medidas han sido reiteradamente condenadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, que las considera como contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las más elementales normas y principios que rigen las relaciones civilizadas entre los Estados.

Este Consejo ha condenado reiteradamente las Medidas Coercitivas en formas de sanciones económicas y se ha declarado alarmado por los costos humanos desproporcionados e indiscriminados de estas medidas y sus efectos negativos en toda la población, pero especialmente, en particular, en mujeres, en niñas, en niños; los más vulnerables.

A pesar de todos estos pronunciamientos, el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos que deciden acompañarle continúan implementando medidas coercitivas unilaterales bajo criterios ideologizados, con intención de obligar a otros Estados a renunciar al ejercicio de sus derechos soberanos. Pretenden imponer su modelo político y económico, con estrategias de cambio de régimen por la fuerza, utilizando como herramienta, estas medidas perversas, totalmente al margen del Derecho Internacional, para disponer de los recursos naturales de los países afectados.

Obstaculizar el acceso a los alimentos y a las medicinas como armas para la coerción política, privando a pueblos enteros de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, es una acción, a todas luces, criminal. Las Medidas Coercitivas Unilaterales equivalen en la práctica a Armas de Destrucción Masiva, así lo denunciamos y así lo sufrimos en Venezuela.

Se trata de una modalidad enmascarada de guerra. Los tanques, las aviones, las bombas y los misiles son sustituidos por bloqueos financieros y limitaciones a la producción nacional y al comercio internacional. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es hoy el Pentágono económico que comanda esta guerra económica contra centenares de millones de seres humanos, ante la inacción del sistema multilateral.

Desde el año 2014, desde los Estados Unidos se han adoptado más de 300 medidas unilaterales para afectar el funcionamiento de la economía y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano.

Desde el año 2015, Venezuela ha denunciado en este Consejo esta agresión económica y sus consecuencias humanitarias de manera reiterada. Para contener el inmenso daño que las Medidas Coercitivas Unilaterales le hacen al pueblo de Venezuela, el propio Presidente Nicolás Maduro pidió colaboración al Sistema de Naciones Unidas para generar una política para romper el bloqueo, utilizando el petróleo de Venezuela.  Sin embargo, al respecto poco o más bien nada ha hecho Naciones Unidas. Mientras tanto, se multiplican, casi a diario, las mal llamadas sanciones de los Estados Unidos, dirigidas a afectar la producción, a bloquear todas las vías de comercialización del petróleo y otros bienes venezolanos, generando consecuencias económicas y humanitarias, que es lo peor, a toda la población venezolana. Ayer el señor Elliott Abrams, delegado especial de Estados Unidos para Venezuela, anunciaban que van a perseguir a los buques que transporten petróleo venezolano, a los buques que hagan trasvase de petróleo mar adentro, los van a perseguir y van a sancionar cada una de esas empresas, una a una.

Naciones Unidas y, en particular, este Consejo, debe defender el derecho que tiene el pueblo venezolano, como el pueblo iraní, o el pueblo cubano, o el pueblo  coreano, o varios pueblos africanos, el Sur, en fin, de disponer de sus propios recursos para satisfacer sus propias necesidades sociales, con el sistema político que soberanamente decidan darse.

Las Medidas Coercitivas de Estados Unidos han resultado en una abrupta disminución del ingreso petrolero de Venezuela, que ha caído en un 90%, pasando de cerca de 42 mil millones de dólares en el año 2013 a 4 mil millones de dólares en el año 2018. Estas acciones de terrorismo económico, han generado pérdidas al país, que ya superan, escuchen esta cifra, 120 mil millones de dólares. A esto se suma el despojo de valiosos activos de la República y el bloqueo de recursos de los venezolanos en el exterior.

Las medidas coercitivas ocasionan severas heridas sociales a la población de Venezuela, afectando negativamente a toda la gama de derechos humanos. A su vez, han impulsado un fenómeno migratorio, inducido e inédito.

El Gobierno Bolivariano ha hecho grandes esfuerzos para potenciar todas sus capacidades en materia de protección social. Hemos logrado impedir una hambruna en Venezuela y la cuadruplicación al menos de los efectos que hubieran sucedido sin este escudo socialista, sin estas medidas sociales de contención.

Se trata, sin duda, de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil venezolana, ejecutado por las autoridades estadounidenses con clara intencionalidad y conocimiento de los efectos causados y por causar. De hecho, las secuelas sociales y humanitarias, son en realidad metas muy bien planificadas que se proponen cumplir para alcanzar los ilegales objetivos políticos y económicos que se han propuesto desde Washington. No son especulaciones, así lo han confesado los autores y ejecutores de esta estrategia de destrucción: Trump, Pence, Pompeo, Bolton, Rubio, todos lo han confesado abiertamente. Hace unos días un vocero del Departamento de Estado decía que aún estaban en un 50%, 60% de presión sobre Venezuela, es decir que tienen un 50% más de odio y agresión reservada contra nuestro país, contra nuestro pueblo y la Comunidad Internacional no dice nada, no hace nada al respecto. ¿Fueron mencionadas ayer las Medidas Coercitivas Unilaterales entre en las amenazas a los Derechos humanos por parte del Secretario General, António Guterres? Entendemos que No fueron mencionadas. Esconderlas o ignorarlas es una afrenta a los millones de seres humanos inocentes que sufren sus efectos ante la  absoluta impunidad.

Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, economistas académicos norteamericanos concluyen su informe sobre la economía venezolana para los años 2017 y 18 afirmando: las sanciones de Estados Unidos representan una sentencia de muerte para decenas de miles de venezolanos al año. La propia Alta Comisionada Michelle Bachelet en sus Informes así lo ha reconocido, así como el Relator Especial para Medidas Coercitivas Unilaterales de este Consejo así lo ha reconocido, lo ha denunciado también en el año 2017 el relator especial para el orden internacional justo y equitativo Alfred de Zayas, que estuvo en Venezuela en el terreno y vio la realidad.

El pasado 13 de febrero, Venezuela –como Estado Parte del Estatuto de Roma- acudió ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades de los Estados Unidos, responsables de esta modalidad de terrorismo económico, a través de las Medidas Coercitivas Unilaterales, una investigación penal internacional para que haya enjuiciamiento y se determinen responsabilidades a las autoridades de los Estados Unidos que han hecho sufrir al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.

Venezuela acude sí, a la Corte Penal Internacional para reivindicar el derecho internacional y la vigencia de la institucionalidad multilateral en búsqueda de la justicia. En Venezuela, como en otros países sometidos a Medidas Coercitivas Unilaterales, se ha comprobado que las sanciones matan, las sanciones son un crimen, son un crimen de lesa humanidad. Así se demostrará con evidencias probatorias ante la Corte Penal Internacional y, a pesar de la arrogancia y el desprecio de los Estados Unidos hacia el Derecho Internacional, estamos convencidos de que ha llegado la hora de detener, de frenar la locura de la plutocracia norteamericana que atenta contra la convivencia pacífica, contra los Derechos Humanos y contra la vida de millones de personas en el mundo entero.

Venezuela y otros países sometidos a sanciones, a medidas coercitivas unilaterales, hacen su parte con coraje y dignidad. Sin embargo, le corresponde a Naciones Unidas, al sistema multilateral todo y a este augusto Consejo, en particular, liderar esta contención humanitaria, legal, urgente e impostergable, contra la masiva violación de derechos humanos que representan las llamadas sanciones, las medidas coercitivas unilaterales. El tiempo corre, el sufrimiento aumenta. Que nadie evada o rehuya su responsabilidad en una materia humanitaria tan grave como esta.

Parafraseando a la gran Rosa Luxemburgo, desde Venezuela decimos hoy para el mundo: Justicia o barbarie.

Muchas Gracias.

Ginebra, Suiza, martes 25 de febrero de 2020