Honduras sigue con sus venas abiertas
En Honduras no para la ofensiva contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes. La última víctima es Juan Carlos Cerros Escalante, dirigente indígena Lenca y ambientalista.
Cerros fue ultimado de varios disparos por desconocidos la noche del domingo pasado en la comunidad Nueva Granada, ubicada entre los municipios de Chinda (Santa Barbara) y San Antonio (Cortés), mientras regresaba a su casa acompañado por sus hijos.
Según la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (CONROA), al momento de su asesinato, Juan Carlos Cerros se desempeñaba como coordinador de la organización Comunidades Unidas.
Junto a otros grupos luchaba contra la instalación del proyecto hidroeléctrico “El Tornillito”, sobre el río Ulua, una obra que amenaza con desaparecer gran parte del territorio municipal de Chinda y desplazar a una gran cantidad de familias.
Responsable de la construcción de “El Tornillito” es la empresa hondureña Hidroeléctrica El Volcán S.A. de C.V. (Hidrovolcán), que es parte del grupo Inversiones y Representaciones Electromecánicas S.A. de C.V. (Iresa).
“Hablar de Juan Carlos es hablar de una persona comprometida desde siempre con su comunidad, que se involucra con el tema de la defensa ambiental en virtud del otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico”, dijo a La Rel, Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS).
Para Vásquez, el modelo extractivo de despojo y desplazamiento forzado que se ha implementado en Honduras después del golpe de Estado de 2009, representa una amenaza muy fuerte para los territorios, en especial para el occidente del país y el pueblo Lenca.
Criminalización, persecución, conflictividad y división comunitaria son solamente algunos de los efectos nefastos que generan estas empresas.
Juan Carlos Cerros era beneficiario de medidas de protección, tras sufrir un atentado en 2019 que lo obligó a abandonar temporalmente la comunidad.
“Él era una amenaza por este sistema explotador y su vida estaba en riesgo. Condenamos y denunciamos que se trata de un asesinato político, perpetrado para sembrar el miedo y bajar la resistencia autentica y legítima de la población de Chinda.
Vamos a seguir luchando para defender nuestro territorio, nuestros ríos, nuestra agua, porque nos pertenecen, porque son parte inescindible de nuestra cultura y cosmovisión indígena”, aseveró la coordinadora del MAS.
Hasta el momento se conoce que hay una persona capturada.
“Exigimos que se esclarezcan los hechos, que haya un debido proceso y una pronta justicia. Hay que parar la persecución y represión contra defensores y defensoras. Hay que parar la impunidad.
Vamos a seguir sembrando lucha y esperanza, exigiendo justicia para Juan Carlos y por todos los caídos en el marco de la defensa territorial”, concluyó Vásquez.
De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness “Defender el mañana”1, Honduras en 2019 se posicionó como el quinto país más letal al mundo para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
Un total de 26 personas defensoras han sido asesinadas en los últimos dos años. Son al menos 39 las que han perdido la vida de manera violenta después del asesinato de la lideresa indígena y luchadora social Berta Cáceres (2016), más de 150 en la última década.
La impunidad es casi absoluta.
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