Sergio Rojas, cuatro años sin justicia
- Sergio Rojas Ortiz, líder indígena bribri, fue asesinado de varios disparos el 18 de marzo de 2019, en medio de una escalada de violencia contra los pueblos Teribe (Brörán) y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios indígenas de Térraba y Salitre. Cuatro años después, el crimen está en completa impunidad.
Rojasfue miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) e integraba el Consejo de Autoridades Propias Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW).
En los años que antecedieron su asesinato, el dirigente indígena fue repetidamente amenazado, criminalizado y hasta judicializado.
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, ordenando al Estado de Costa Rica garantizar su integridad física y su vida.
La medida nunca fue aplicada y Sergio Rojas pagó con la vida su compromiso con la defensa y la recuperación de territorios atávicos.
Una lucha, explican los pueblos originarios costarricenses, que significa también recuperar su cultura, su espiritualidad, su memoria ancestral.
Zarpazo de la impunidad
En 2020, ante la falta de avances en la línea de investigación, el Ministerio Público ordenó la desestimación y el archivo de la causa penal que investigaba el crimen.
Las protestas que se generaron, tanto a nivel nacional como internacional, obligaron al Estado a rechazar la medida y a exigir que se continuara con la investigación.
“Sergio siempre denunció la falta de acceso a la justicia para los pueblos indígenas”, dijo Óscar Retana, apoderado legal de la familia de Rojas, durante el programa radial ‘Voces y Política” que transmite Radio UCR.
“Su homicidio cobarde choca con la falta de interés del Estado de garantizar herramientas de protección para quienes defienden la tierra y el medio ambiente”, agregó el abogado.
Enun comunicado, el Frenapi exigió justicia para el “compañero de luchas, sueños y metas Sergio Rojas”, al tiempo que acusó al Estado de no tener “voluntad política por esclarecer este crimen”.
Asimismo, aseguró que no permitirá nunca “que nuestros pueblos y derechos sean invisibilizados, despreciados y asimilados a esta sociedad globalizada”.
La organización indígena denunció también la implementación de políticas estatales que son “violatorias de nuestros derechos humanos”, y que “niegan y arrebatan la autonomía sobre los territorios ancestrales”.
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