Ecuador. Gobierno cierra centro de pensamiento político y económico
El gobierno de Ecuador resolvió cerrar el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro, creado en 2017 para ofrecer conferencias y contribuir con alternativas de desarrollo económico, socio-política y cultural, nacional e internacional.
La noticia de la disolución de la instancia la difundió en su cuenta en Twitter, el expresidente de la república, Rafael Correa, creador de la institución.
Nos cerraron el Instituto de Pensamiento Político y Económico (IPPE)! Primero dijeron que nos financiaba Venezuela. Como se les derrumbó esa tontería, ahora dicen que hemos ‘incumplido’ la ley. Todo un atentado a los derechos humanos, pero no importa, es ‘contra Correa’, escribió el exmandatario en su cuenta en la red social.
A su juicio, la clausura del ente, de caracter progresista, constituye ‘otro atropello más a los derechos fundamentales.
En sus mensajes en la red social, Correa agregó el acuerdo ministerial, firmado por la cancillería, en el cual se dispone disolver el IPPE, por supuesto inclumplimiento de artículos contenidos en varias leyes.
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a Organizaciones Sociales, son las normativas presuntamente infringidas.
Anteriormente, a principios de marzo último, el IPPE experimentó un intento de desprestigio, por parte del ejecutivo, que lo acusó de usar fondos para desestabilizar al gobierno dirigido por el presidente, lenín Moreno.
En esa ocasión, el Instituto emitió un comunicado en rechazo a una denuncia, hecha pública por el dignatario y presentada posteriormente ante la Fiscalía general del estado.
‘Rechazamos las declaraciones de varias autoridades del gobierno nacional, por carecer de fundamento y violentar el sigilo bancario, al ser información protegida por la ley, con lo cual se busca afectar nuestro derecho fundamental a la dignidad y buen nombre’, aseguró la institución entonces.
Por su parte, en respuesta a la petición, a finales de ese mismo mes, la Fiscalía consideró improcedente la denuncia, tras determinar que los hechos presentados no configuraban indicios de la presencia de una conducta típica y antijurídica en el país.
Asimismo, precisó que en ese caso, los hechos descritos no implicaron cometimiento de delito y mucho menos de una conducta penalmente perseguible.
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