Italia condenada a pagar una compensación millonaria a una compañía petrolera bajo el Tratado de la Carta de la Energía
Un tribunal arbitral ha decidido que Italia deberá pagar más de 190 millones de euros a la compañía británica Rockhopper Exploration por la denegación de un permiso para construir una plataforma petrolífera. La condena es nueve veces superior a la inversión inicial, ya que el Tratado de la Carta de la Energía permite demandar a los países por la pérdida de beneficios futuros.
Otros países podrían enfrentarse a demandas similares en el futuro por la implementación de sus planes de transición ecológica. La campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, apunta que esta decisión es una razón más para salirse cuanto antes del tratado.
En un caso que sirve de recordatorio del enorme poder de la industria de los combustibles fósiles, ayer se conoció que el Estado italiano ha sido condenado a pagar 190 millones de euros más intereses a la empresa británica de petróleo y gas Rockhopper Explorations bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Lo que significa que la cifra en realidad asciende a alrededor de 250 millones de euros.
En 2015, el Gobierno italiano decidió prohibir nuevos proyectos de petróleo y gas a menos de 12 millas náuticas de su costa, como respuesta a la gran oposición pública y la preocupación medioambiental de la ciudadanía. Ante esta situación, un año después la compañía interpuso una demanda contra Italia bajo el TCE por la denegación de un permiso para la construcción de la plataforma petrolífera Ombrina Mare en las costas del Mar Adriático.
Esta demanda ha sido posible porque el TCE protege las inversiones en el sector energético y, gracias a su mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS), permite que empresas e inversores extranjeros puedan demandar a los países cuando consideran que han legislado en contra de sus beneficios, presentes o futuros. De este modo, la compensación que recibirá Rockhopper es nueve veces más la cantidad de su inversión inicial –que fue 29,2 millones de euros– y se asumirá con las arcas públicas del Estado.
La demanda se ha resuelto tal y como lo establece el TCE: eludiendo los tribunales nacionales del país, ante un sistema paralelo de justicia en el que no hay jueces, sino tan solo tres árbitros privados que deciden a puerta cerrada.
Según Marta García Pallaŕes, portavoz de Ecologistas en Acción y de la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, “esta decisión favorable a Rockhopper es escandalosa, especialmente en la situación de emergencia climática y crisis energética que estamos viviendo”. Y ha añadido: “Este caso tendrá un efecto escalofriante en las políticas climáticas de otros países productores de petróleo y gas, a menos que los gobiernos actúen ahora y desactiven el riesgo de futuras demandas saliendo del tratado”.
La demanda de Rockhopper ha llegado a su punto álgido apenas unas semanas después de que los países alcanzaran un acuerdo preliminar para modernizar el TCE. Un proceso iniciado hace más de cuatro años cuyo resultado es inaceptable, ya que permitiría la protección de las inversiones en combustibles fósiles durante 10-20 años más si finalmente se ratifica el próximo mes de noviembre.
“La Comisión Europea ha vendido la modernización del TCE como un avance hacia la transición energética, pero la realidad es que no ha conseguido limitar los amplios poderes que otorga a las empresas de combustibles fósiles, por lo que seguirán exigiendo indemnizaciones de dinero público cuando se cuestione su modelo de negocio”, ha declarado Clàudia Custodio, también portavoz de la organización ecologista y de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión.
El caso de Italia es especialmente paradigmático, ya que en 2016 se convirtió en uno de los pocos países que abandonaron el TCE. Sin embargo, la cláusula de supervivencia que contiene el tratado permite que un Estado pueda seguir siendo demandado durante 20 años después de su salida oficial, por aquellas medidas anteriores a la fecha de salida.
Por todo ello, las organizaciones de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión instan al Gobierno de España y al resto de países a retirarse en grupo de forma coordinada, neutralizando previamente esta cláusula con la adopción de un acuerdo legal “inter-se”, tal y como sostienen personas expertas del campo jurídico.
Marta García Pallarés ha concluido: “Nos alegramos de los pasos dados por España a la hora de reconocer los peligros que entraña la modernización del TCE. Ahora, ante la negativa de la Comisión Europea a que la UE se salga del TCE, esperamos que Teresa Ribera tome cartas en el asunto e inicie la salida cuanto antes. El caso de Italia demuestra que este paso no puede hacerse esperar”.
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