La presidenta de México anuncia proyectos de ley para prohibir el maíz transgénico
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó hoy su seguridad en que el Congreso legislará en febrero venidero para prohibir la siembra de maíz transgénico en esta nación latinoamericana.
Sheinbaum hizo el comentario luego de que un panel del tratado comercial entre los tres países de Norteamérica (T-MEC) fallara en contra de México en el caso de las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado.
“Con la ayuda de los senadores y diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución, porque muy pronto, en febrero, van a legislar -estoy segura- que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad”, aseveró.
Mediante un comunicado conjunto de las secretarías de Agricultura y Economía, el gobierno manifestó la víspera su desacuerdo con la decisión del panel, pues “las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas”.
A pesar de ello, agregó, respetará el fallo, ya que el sistema de solución de controversias del T-MEC es una pieza clave del tratado trilateral, como quedó demostrado en el caso sobre Reglas de Origen del sector automotriz que resultó favorable para México.
El órgano examinador consideró que algunos elementos del decreto sobre el glifosato y maíz genéticamente modificado, de 2023, no pueden aplicarse “al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes”, explica el texto.
En febrero de ese año el Diario Oficial de la nación latinoamericana publicó el documento que prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla, alimento básico en la dieta de los mexicanos, debido a sus efectos nocivos para la salud.
La disputa ante el panel fue impulsada desde Estados Unidos, por el impacto en sus exportaciones hacia este país.
El gobierno mexicano reiteró ayer su compromiso de proteger valores fundamentales como la salud, la conservación de los recursos naturales, la cultura de la población y los derechos de los pueblos originarios, “los cuales –dijo- fueron reconocidos por el panel como preocupaciones legítimas”.
“México, a través de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y sus demás dependencias, seguirá buscando reivindicar los derechos de todos los mexicanos y mexicanas, de conformidad con las obligaciones internacionales que ha adquirido”, aseveró.
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