IU alerta en Bruselas sobre el nombramiento de Elósegui y exige a la jueza que “rectifique y pida disculpas a las mujeres y a las personas LGTBI”

Jueves, 25 de enero 2017.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, y la portavoz del Área federal de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS-IU), Vanessa Angustia, han mostrado su “profunda preocupación” por el nombramiento de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo por las “posiciones reaccionarias y marcadamente LGTBIfóbicas” que ha plasmado de forma reiterada desde hace años en diferentes textos. Ambas coinciden en que esas opiniones “invalidan a Elósegui para ejercer en una corte penal que debería ser garante de unos derechos en los que ella misma ha demostrado no creer”.
 
Desde Bruselas, Albiol ha remitido una carta al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, donde denuncia que Elósegui “entre otras afirmaciones, ha vinculado la homosexualidad a diferentes patologías, manifestando que los cambios legislativos producidos en muchos países responden a una supuesta ideología gay que habría penetrado las instituciones”.

Asimismo, destaca que la jueza defiende en sus trabajos que “las personas trans no tengan derecho a autodeterminarse, sino que sean sometidas a tratamientos psicológicos y psiquiátricos”.
 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa eligió a Elósegui el pasado martes por mayoría. Sin embargo, la magistrada tiene un amplio historial de declaraciones y publicaciones reaccionarias sobre las personas LGTBI, los derechos reproductivos de las mujeres, las enfermedades de transmisión sexual o el uso del preservativo, que chocan de frente con los derechos fundamentales.
 
Albiol recuerda que tanto el Consejo de Europa como el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos se rigen por la Convención Europea de Derechos Humanos, que “a pesar de haber sido redactada en 1950 parece tener posiciones más progresistas que las de la magistrada”.

“En su artículo 14 -prosigue la eurodiputada- dicha Convención establece la prohibición de la discriminación” y añade que “este artículo ya se ha aplicado previamente en casos relativos a la discriminación de personas LGTBI”.
 
“Escribimos para manifestar nuestra honda preocupación por el nombramiento de esta jueza, cuya trayectoria está en contradicción con los principios de defensa de los derechos humanos que deberían regir los trabajos del TEDH” y “ponen en cuestión su credibilidad”, añade.
 
Además de esta iniciativa, Marina Albiol ha informado del caso al Intergrupo LGTBI de la Eurocámara, donde espera hacer un seguimiento de todas las decisiones que Elósegui tome como magistrada.

En el mismo sentido se manifiesta Vanessa Angustia, que en nombre de ALEAS-IU exige a la magistrada que “rectifique y pida disculpas públicas” a los colectivos sociales que han podido verse afectados por sus declaraciones y textos, además de “asumir un compromiso firme y claro con la defensa de los derechos de las mujeres y personas LGTBI”.
 
Angustia señala que si bien Izquierda Unida celebra que por primera vez en la historia una mujer represente al Estado español en el TEDH, “esto no es suficiente”, ya que la polémica magistrada “presenta un controvertido historial de declaraciones públicas que cuestionan los derechos humanos de varios colectivos sociales”, lo que la “invalida para defender y garantizar adecuadamente los derechos humanos de toda la ciudadanía, sin prejuicios ni discriminaciones”.
 
La dirigente de IU advierte de que “nuestro país está a la vanguardia mundial del reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. Una magistrada no comprometida con la defensa de estos avances legales que hacen del nuestro un país más diverso, libre e igualitario no puede representarnos en un organismo fundamental en este ámbito como es el TEDH”.
 
La portavoz de ALEAS-IU reclama al Gobierno del PP que “clarifique el desarrollo del proceso de elección de esta magistrada”, así como “los criterios utilizados para incluirla” en la terna de candidatas y candidatos presentada al Consejo de Europa.

Llama también a la sociedad civil española y europea, y en concreto a los movimientos feminista y LGTBI, para que “estén vigilantes y fiscalizar las declaraciones y acciones de la magistrada”, que va a representar al Estado español en el máximo tribunal europeo para la protección y defensa de los derechos humanos.