AVN •  Giorgio Trucchi | LINyM •  Internacional •  26/05/2018

Luis Almagro exige nuevas elecciones trasparentes en Nicaragua

El secretario general de la Organización de Estados Americanos señaló que la polarización política en el país centroamericano está alcanzando puntos peligrosos y rechazó tajantemente la apuesta de Washington por desalojar a Daniel Ortega del gobierno a través de “variables antidemocráticas”.

Luis Almagro exige nuevas elecciones trasparentes en Nicaragua

El secretario general de la OEA (Organización de estados americanos), Luis Almagro, dijo en un foro sobre democracia en Washington, que en Nicaragua existe una polarización política y que debería devolvérsele al pueblo tomar la decisión que quiere para el país, a través de un proceso electoral transparente, justo y adecuado.

«No existen condiciones para ese proceso, tenemos que hacer por lo menos un proceso de implementación de cada una de las recomendaciones de la misión de observación electoral de la OEA en las pasadas elecciones municipales», aseguró.

No apoyaremos variables antidemocráticas

«Lo que he sentido en este tiempo es que la democracia en Nicaragua no tiene que ser solo protegida del gobierno, también de otros actores. Hay actores de la oposición que definitivamente no tienen respeto por nada, tenemos que defender esa democracia de todos», dijo Almagro.

Resaltó que la OEA ha condenado los hechos de violencia represiva y muertes en Nicaragua, y por eso apoyaron el envío de una misión de la CIDH (Comisión interamericana de derechos humanos). Almagro subrayó que la OEA apoyará un proceso electoral transparente y justo en Nicaragua.

Ante cuestionamientos de asistentes al foro que representan a organismos de la sociedad civil nicaragüense, que acusaron a Almagro de ser cómplice de una dictadura en Nicaragua, respondió enfáticamente: «Dijo que soy cómplice. Cómplice por exigir un proceso electoral transparente y justo. Lo que ustedes quieren es que sea un proceso electoral ni transparente, ni justo. Lo que ustedes quieren son variables digamos antidemocráticas también para sacarse de encima a Daniel Ortega, el presidente actual, ese verdaderamente no es un camino, no es el camino que vamos a avalar. Lo siento mucho», aseveró.

Una misión de la OEA acaba de llegar a Nicaragua y sostuvo un encuentro con los obispos que median en el diálogo nacional, a quienes presentaron el avance de los acuerdos ya alcanzados en materia electoral.

La posición de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en Nicaragua from OAS/OEA TV on Vimeo.

Tanto las declaraciones públicas de Almagro como la decisión de invitar a una delegación de la OEA fueron duramente rechazadas por organizaciones y grupos políticos que integran el Frente amplio por la democracia, FAD, en cuanto reflejarían «una parcialidad a favor de Ortega», se lee en el comunicado donde se sigue insistiendo en la necesidad de una solución a la crisis que está al margen de la ley y fuera del orden constitucional.

En el diálogo nacional hay posiciones radicales y moderadas, pero se está imponiendo el antagonismo y la polarización.

La parte contraria al gobierno tiene dos posiciones: una que exige la renuncia y salida inmediata del presidente Ortega y de su gobierno, reemplazados por una especie de junta de gobierno que convoque a nuevas elecciones (lo que implicaría una ruptura de orden constitucional y un vacío de poder); otra que quiere adelantar las elecciones al próximo año a través de una reforma constitucional.

La postura oficial es que debe respetarse la Constitución y crear las bases para un proceso electoral aceptado por todos para el 2021.

Este miércoles 23/5, al reanudarse las sesiones plenarias del diálogo, se retomará la agenda de la democratización. En la mesa se plantea una reforma constitucional a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas.

Informe CIDH basado en testimonios

La tercera jornada del diálogo nacional, que busca una salida pacífica al conflicto que durante el último mes ha sacudido a Nicaragua, había concluido con un acuerdo que prevé hacer propias las 15 recomendaciones formuladas por la misión de la Cidh, que son parte del informe preliminar presentado por el organismo adscrito a la Oea.

Asimismo, el comunicado oficial emitido por la Comisión de mediación y testigo, integrada por miembros de la Cen (Conferencia Episcopal de Nicaragua), solicitó al gobierno comprometerse a establecer mecanismos de seguimientos para verificar, junto a la Cidh, la implementación de las recomendaciones. También pidió programar en la mesa de diálogo un calendario de nuevas visitas de la misión internacional.

Lamentablemente, la propuesta presentada conjuntamente por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el sector sindical, cooperativo y productores agropecuarios -y avalada por la delegación gubernamental- de «abogar por la no violencia, la libre circulación y el derecho al trabajo», fue rechazada por el bloque opositor (estudiantes, empresa privada y sociedad civil) que consideró que se deben mantener los tranques a nivel nacional, como medida de presión al gobierno.

De acuerdo con el informe preliminar de la Cidh -cuya misión visitó Nicaragua entre el 17 y 21 de mayo para observar en el terreno la situación de los derechos humanos en relación con los hechos violentos que han tenido lugar a partir del 18 de abril pasado- los testimonios escuchados evidenciarían «graves violaciones de los derechos humanos» por el «uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados».

Según dichos testimonios, los enfrentamientos dejaron un saldo de 76 personas muertas, 868 heridas y 438 personas detenidas. La Cidh condenó enfáticamente las muertes y agresiones, tanto de estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos, como de policías y funcionarios públicos.

También dijo confiar en la «construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional para la grave crisis política que vive el país». Finalmente manifestó que la «condición imprescindible para cualquier solución pasa por el compromiso con la verdad, garantías para las investigaciones y justicia efectiva, así como la debida reparación para todas las víctimas y sus familiares».


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