Sara Vilà integra la Comisión de Verificación de Violaciones de Derechos Humanos de las comunidades campesinas del Petén en Guatemala

La senadora de En Comú Podem, Sara Vilà, ha viajado hasta Guatemala para formar parte de la Comisión de Verificación de Violaciones de Derechos Humanos que se han cometido contra la comunidad campesina de Laguna Larga, en el Petén, que se desalojó el pasado 3 de junio. Las más de 490 personas que vivían en el poblado desde el año 2000 sobreviven actualmente en condiciones infrahumanas en la línea de demarcación entre México y Guatemala.

La Comisión de investigación impulsada por el Diputado Leocaldio Juracán está integrada por la senadora de En Comú Podem, el abogado Ramón Cadena de la Comisión Internacional de Juristas y Robert Mercatante de la ONG Human Rights Defenders Project, que ha sido constituida durante este mes de julio y durará tres meses, tendrá como principales tareas constatar cuál ha sido la responsabilidad del estado en el desalojo y verificar qué violaciones de derechos humanos se han cometido después de que la aldea de Laguna Larga. La aldea, considerada por el Consejo Nacional de áreas Protegidas (CONAP) como un asentamiento ilegal, fue quemada y destruida en parte por orden del CONAP con la ayuda de 400 soldados y 1.400 policías nacionales.

Vilà ofreció hace unos días una conferencia de prensa en el Congreso de la República de Guatemala para esgrimir las primeras conclusiones tras diferentes reuniones con las Comunidades, la Procuraduría de Derechos Humanos, ACNUR, instancias judiciales y departamentos del gobierno, así como una visita la Comunidad de Laguna Larga para verificar la destrucción de viviendas y el estado de las personas que sobreviven a la frontera. Según la Senadora «se constata que ha habido vulneración flagrante del protocolo de la ONU en desalojos, no se ha garantizado una vivienda alternativa, no se está facilitando alimentación adecuada ni atención sanitaria, tampoco escolarización a los niños». Es por eso, que la comisión ha hecho tres peticiones urgentes al gobierno guatemalteco: «que la comunidad pueda retornar a las viviendas que no han sido quemados y los niños en la escuela que ahora ocupan los militares, que se devuelva al diálogo con las comunidades para encontrar una solución pactada de reubicación y que se paren los futuros desalojos que están en curso a fin de no provocar una crisis humanitaria en la frontera más grande de la que ya tenemos».

“Hay que encontrar una solución en la que el cumplimiento de la ley medioambiental sea compatible con el cumplimiento de los Derechos Humanos y que en estos momentos hay que tener cuidado de los niños, de las mujeres y los ancianos ya que se encuentran en una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad”, ha concluido Vilà. Asimismo la comisión ha denunciado que mientras desalojan las personas más vulnerables en la zona protegida continúan operando las redes de narcotráfico y taladores furtivos de árboles protegidos.

En otro orden, según un reportaje del diario Plaza Pública, el territorio donde estaba asentada la comunidad se destinará a promover un proyecto millonario de créditos de carbono llamado Guatecarbon, con lo que el Gobierno de Guatemala quiere reducir la tasa de deforestación en un área de 500 mil hectáreas a cambio de estos créditos. Este proyecto, que durará 30 años, permitirá poner a la venta 38 millones de créditos de carbono que equivaldrían a 122 millones de dólares que deberán ser destinados a reducir la deforestación, todo ello a costa de desalojar a más de 150 familias que el Documento de diseño del proyecto considera «una amenaza no sólo al proyecto, también a la ley y el orden interno».