ACNUR urge a Grecia a que refuerce las garantías del proyecto de ley de asilo

La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR ha advertido que el proyecto de ley presentado al parlamento griego esta semana, que ha contado únicamente cuatro días laborables para las consultas públicas, reducirá las garantías para las personas solicitantes de protección internacional y generará una presión adicional sobre la capacidad ya limitada de las autoridades administrativas y judiciales. 

«Los cambios propuestos pondrán en peligro a las personas que necesitan protección internacional», sostiene el Representante de ACNUR en Grecia, Philippe Leclerc. «Grecia tiene la oportunidad de adoptar una legislación sólida sobre la base de una consulta genuina y constructiva, que garantice procedimientos de asilo justos y eficaces en el país. Estamos aquí para apoyar ese objetivo», añade.

Según denuncia la agencia, el proyecto de ley impone una carga excesiva en los solicitantes de asilo y se enfoca en medidas sancionadoras. Incorpora requisitos muy estrictos que no se puede razonablemente esperar que cumpla un solicitante de asilo. Por ejemplo, si no cumplen ciertas formalidades del procedimiento, se considerará de forma implícita que su solicitud de asilo se ha retirado o ha sido denegada, sin haber sido analizada en profundidad. En algunas circunstancias, apelar una denegación de asilo sería tan complicado que se vería gravemente comprometido el derecho a un recurso efectivo, contemplado por las leyes internacionales y el derecho de la Unión Europea.

Esto, advierten, podría dar lugar a una denegación o falta de acceso a los derechos de los solicitantes de asilo y que no se analicen las necesidades de protección internacional de los solicitantes. También puede hacer peligrar la protección de las personas frente a la devolución (refoulement) si finalmente fuesen enviadas a un país en el que sus vida o su libertad estuviesen en peligro. 

Un número importante de las disposiciones del proyecto de ley aumentarían la carga sobre las autoridades administrativas, que ya tienen grandes dificultades para dar respuesta y, por tanto, se incrementarían los retrasos. El proyecto de ley introduce, por ejemplo, cuatro tipos de tarjetas para solicitantes de asilo con distintos periodos de validez, que varían desde los 15 a los 30 días. Esto incrementaría la carga de trabajo de las autoridades para emitir decisiones y tarjetas, pero sobre todo a la hora de renovarlas por periodos de tiempo tan cortos.  

La agencia señala, con preocupación, que algunas de las disposiciones limitarían gravemente el derecho a la unidad familiar. Entre otras cosas, la restricción de la definición de «familiares» excluye a aquellas familias que se han formado después de abandonar sus países de origen, durante o después de huir o las que se han establecido en los campos de refugiados. Quedarían excluidos igualmente por ejemplo,  los menores nacidos en estas circunstancias. ACNUR considera que esta disposición no tiene en cuenta las circunstancias del desplazamiento forzado prolongado en las que los solicitantes hayan podido encontrarse fuera de su país de origen antes de llegar a la UE. 

ACNUR expresa también su preocupación por las exhaustivas disposiciones que incorpora el proyecto de ley para la detención de los solicitantes, y por la ampliación del periodo máximo de detención desde los 3 hasta los 18 meses. La detención de los solicitantes de asilo debe ser una medida de último recurso, aplicarse por el mínimo tiempo posible, estar justificada por un número reducido de motivos, y solo en aquellos casos en los que sea necesario, razonable y proporcionado. Siempre deben considerarse primero otras alternativas a la detención, en función de una evaluación de las circunstancias particulares de cada caso. De no ser así se podría incurrir en detenciones arbitrarias. 

Según se extrae de la proposición de ley, las solicitudes de asilo de los menores no acompañados y otros en situación de vulnerabilidad, podrían ser examinadas sobre la base de procedimientos acelerados. Una práctica totalmente rechazada por la Agencia de Naciones Unidas, que recomienda que se preste una consideración específica a la situación de niños y niñas no acompañados y grupos vulnerables, y que sus casos sean tratados con prioridad y derivados a los servicios apropiados. 

A pesar de la necesidad de reforzar la integración y la autosuficiencia de las personas refugiadas a partir de soluciones de largo plazo, ACNUR expresa su preocupación por que una de las disposiciones propuestas obliga a las personas reconocidas como refugiadas a abandonar su alojamiento en un plazo de dos meses tras la entrada en vigor de la nueva ley. Se trata de un cambio radical de la política actual en la que se contemplan 6 meses de alojamiento desde el reconocimiento, así como la posibilidad de ampliar los plazos para personas bajo categorías vulnerables o por la escolarización de los menores. Solo bajo el programa ESTIA gestionado por ACNUR, podrían verse afectados 7.000 beneficiaros de protección internacional en pleno invierno y dejaría a un importante número de personas refugiadas sin ningún tipo de apoyo y en riesgo de quedarse sin techo. 

Asimismo, existen ciertas categorías de personas que afrontan riesgos extremos por su condición física o mentale y, de no ser atendidas por las instituciones gubernamentales pertinentes, sus vidas podrían estar en peligro. 

Actualmente, los Comités Independientes de Apelaciones, compuestos por tres miembros, cuentan con dos jueces y un experto independiente con experiencia en derecho de los refugiados. Una de las disposiciones propuestas reemplaza a esa persona experta por un tercer juez. La composición actual de los Comités de Apelación, que combinan jueces con expertos en materia de derecho de los refugiados, supone un valor añadido y contribuye a la eficiencia de la fase de apelación, lo que permite un estudio más rápido de los casos al tiempo que se mantienen unos estándares de calidad altos. El cambio propuesto es innecesario y conlleva el riesgo de que se generen más retrasos en el funcionamiento de los comités y una mayor acumulación de casos pendientes.  

«Pedimos al gobierno griego y al parlamento heleno que permitan que se lleve a cabo un proceso significativo e inclusivo para asegurar que la nueva legislación de asilo garantice, tanto en la teoría como en la práctica, el derecho fundamental a solicitar asilo y disfrutarlo», ha declarado el representante de ACNUR en Grecia. 

Grecia, con un apoyo importante de la UE, también debe priorizar las capacidades de las autoridades de asilo se incrementen con rapidez, e introducir un mecanismo para la evaluación continua de la eficacia del sistema de asilo.  ACNUR ha manifestado en este sentido que está a disposición para trabajar junto con el gobierno de Grecia con el objetivo de establecer procedimientos nacionales justos y rápidos que permitan contar con un sistema de asilo eficaz de conformidad con los estándares internacionales y de la UE.