Países que atacan a Venezuela violan la Carta Democrática

Este grupo de países argumentan en su comunicado que en el país existen “presos políticos”, se desconoce a la Asamblea Nacional (AN) y se posponen elecciones: todas premisas falsas que omiten, por un lado, las actuaciones criminales de los políticos que se encuentran privados de libertad y el desacato de la AN ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y por otro, la necesaria actualización de los partidos políticos venezolanos (en la cual actualmente participa la oposición) como condición previa para realizar cualquier proceso electoral. Sin embargo, esta declaración más allá de lo que omite es un espejo de lo que ocurre en sus territorios. Como por ejemplo Brasil, país gobernado por una dictadura golpista que viola todos los preceptos jurídicos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, emitieron una declaración en la que instan, además, a que se cumplan a cabalidad los acuerdos de la mesa del diálogo auspiciados por el Vaticano y los ex presidentes Zapatero, Torrijos y Samper, omitiendo el papel de la Unasur, organismo a cargo de esta instancia en la que Estados Unidos, país que moviliza este comunicado, no tiene ningún tipo de representación.

Como es obvio y explícito, estos 14 países, que aún no alcanzan el número necesario para llevar el informe de Luis Almagro al seno de la OEA, toman parte por la MUD violando de facto el principio de no injerencia contemplado en el derecho internacional. Desde esta óptica es que califican de “presos políticos” a personajes como Lorent Saleh, encarcelado por planificar asesinatos selectivos y atentados bomba. Además pasan por alto que la MUD violó los acuerdos de la mesa de diálogo al no desincorporar a los legisladores de Amazonas para salir del desacato dictado por el TSJ, previo a declarar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro sin ningún tipo de soporte jurídico y extralimitando sus atribuciones constitucionales.

Los países que emitieron esta declaración conjunta, con sus extremos, bemoles y encubrimientos, violan sistemáticamente dentro de sus fronteras mucho de los preceptos de la Carta Democrática que promueven para interferir ilegalmente en la situación venezolana.

El caso de los presos políticos

Todos estos países que con una mano escriben comunicados contra el presidente Donald Trump por sus políticas antiinmigrantes y con la otra firman declaraciones para avalar las gestiones de Luis Almagro y la MUD contra Venezuela, tienen precisamente en Estados Unidos su principal espejo. Ya que este país tiene un número importante de presos políticos con casos armados. El antecedente inmediato que confirmó cuando el saliente Barack Obama lo reconociese firmando la amnistía y conmutación de penas de mucho de ellos, como el puertorriqueño Oscar López Rivera.

Podemos hablar largo y tendido de los 10 mil presos políticos acreditados en Colombia, de la treintena de prisioneros mapuches en Chile por luchar por sus tierras ancestrales, violando la legislación internacional de acuerdo a la ONU. O de casos emblemáticos como el de Milagro Sala en Argentina, que ha sido condenado hasta por la misma OEA. También de cómo en Paraguay se armó una causa judicial contra los campesinos de Curuguaty, culpándolos de la masacre utilizada para derrocar al presidente Fernando Lugo. De cómo se obviaron las pruebas a su favor y se inventaron otras con el juez y el fiscal jugando en su contra.

O de la persecución política, judicial y mediática de figuras de oposición en países como Argentina y Brasil (cuando no están dejando que los asesinen como ocurrió recientemente con un dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, acribillado justamente en el hospital en el que estaba internado después de haber sufrido otro atentado contra su vida).

O de cómo también se permite que se asesinen gobernadores, alcaldes y periodistas en México, sin que ninguno de estos países trine por ello. Tal es el drama mexicano que sólo esta semana encontraron 125 fosas comunes con 14 mil restos óseos en el estado de Veracruz.

Venezuela es uno de los pocos gobiernos que desentona con el entreguismo de la región

Las elecciones y la soberanía popular

Como sabemos, la extorsión más entendida de estos países contra Venezuela es el pedido de elecciones, desconociendo el proceso actual para renovar aquellos partidos de oposición que afirman vivir en una dictadura, y que además es condición fundamental para realizar cualquier proceso electoral en el país. Sin embargo, vale preguntarse con qué base países como Chile, México, Costa Rica, Honduras, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Guatemala, por citar algunos, pueden exigirle algo a Venezuela que no cumplen en sus países.

Porque no nos engañemos con que haya elecciones en estos países si son regidos, en su mayoría, por un esquema de dos partidos que se han alternado por décadas en el poder, sin que el predominio de sus castas políticas se haya puesto en juego. Del reconocido bipartidismo chileno hasta el unicato del Partido Colorado en Paraguay, los casos abundan hasta con reconocidos episodios de golpes de Estado (militares y/o lesgislativos y judiciales) a gobiernos que desentonaron con esta hegemonía, como es el caso de Manuel Zelaya en Honduras, Dilma en Brasil o Fernando Lugo en Paraguay.

Tanto es así que hasta los simulacros de elecciones que dicen tener cada cuatro o seis años se dan en medio de violaciones a la soberanía popular y sus propias constituciones. Ya que así es como puede entenderse que países como Honduras, Brasil y México sancionen de facto reformas constitucionales, sin ni siquiera hacer una consulta electoral a sus poblaciones para guardar las formas y que, en el caso de México, se fragüen fraudes electorales.

Violan sus constituciones y son unos arrastrados

Es que justamente estos países piden a Venezuela que respete su Constitución cuando ni siquiera lo hacen en cuestiones básicas como garantizar salud, educación y alimentación a sus poblaciones, sin que los azote ningún tipo de insurrección internacional contra su soberanía como hoy ocurre contra Venezuela. En específico países como México, Honduras, Colombia y Guatemala ostentan niveles de miseria superiores al 40%, situación que se replica en el resto de los países que emitieron el comunicado, sobre todo como consecuencia de las políticas neoliberales que desde Estados Unidos hasta Chile se han impuesto por la fuerza.

Ya que desde Estados Unidos hasta México, pasando por Chile, Honduras y Guatemala, estos derechos básicos se encuentran privatizados para su población, bajo el principio de que para tenerlos hay que pagarlos. Lo que obviamente no importa si viola la Carta Democrática que dicen defender, dado que justamente las castas políticas de estos países lo que buscan es congraciarse con los dueños de sus recursos naturales, que pretender eliminar a uno de los pocos gobiernos que desentona con el entreguismo actual de la región.

No se trata de rescatar la democracia en Venezuela, ni de preocuparse por los derechos de los venezolanos, sino de intentar afectarlos para inducirlos a que cambien el mismo gobierno pudo asegurarles lo que a sus poblaciones nunca dieron. De otro modo sería difícil comprender la contradicción evidente que existe en su acompañamiento a la Administración Trump cuando ésta misma es la que planea deportar como criminales a sus compatriotas de Estados Unidos, además de tratar a los latinoamericanos como si fueran presos en un campo de concentración que requieran cercas eléctricas y muros para no salir de sus guetos.

Se ve que más les importa afectar a sus compatriotas de la región que oponerse a que su amo los expulse de suelo estadounidense.