Expertos legales confirman que el historial torturador de Israel hace ilegal la financiación europea del proyecto “LAW TRAIN”

El proyecto LAW TRAIN auna la Policía israelí, el Ministerio de Seguridad Pública de Israel (IMPS) y fuerzas policiales de Europa, universidades y empresas privadas con el objetivo de “harmonizar y compartir técnicas de interrogación entre países”. La UE está financiando este proyecto con más de 5 millones de euros, como parte del programa marco de investigación y desarrollo Horizon2020.

En su experta opinión, los académicos legales argumentan que la UE no puede financiar al Ministerio de Seguridad Pública de Israel, que comanda la Policía israelí además del Servicio de Prisiones y el servicio secreto., sin incurrir en una infracción de su propio reglamento. Documentan como el IMPS es responsable o cómplice de torturas, otros crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y como tal, culpables de grave mala praxis según lo define el Reglamento Financiero de la Unión Europea.

Prof. Michel Waelbroeck, autor del análisis legal, dijo:

El uso de tortura por parte de interrogadores israelíes ha sido extensamente documentado en la prensa israelí e internacional y confirmada por investigadores internacionales y los propios interrogadores. En junio de 2016, el Comité contra la Tortura de la ONU denunció a Israel por el uso de tortura y las abusivas e ilegales técnicas de interrogación empleadas por su Policía y personal de prisiones. La participación de la Unión Europea en el proyecto LAW TRAIN, y la distribución de fondos al Ministerio de Seguridad Pública de Israel mediante este proyecto, viola por tanto la normativa de la UE.

Los firmantes de este análisis legal incluyen al Profesor Richard Falk (antiguo Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos palestinos), Profesor John Dugard (antiguo Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados Palestinos), y el Profesor Laurens Jan Brinkhorst (antiguo miembro del gobierno holandés y antiguo Director General en la Comisión Europea) entre otros.

Tom Moerenhout, firmante del análisis legal añadía:

La UE debe parar inmediatamente la participación y distribución de fondos al Ministerio de Seguridad Pública de Israel a través del proyecto LAW TRAIN y establecer criterios para que dicha financiación no vuelva a ocurrir. La Comisión Europea no sólo debe trabajar en línea con las declaraciones de la UE de luchar contra la tortura, tiene que respetar el derecho internacional y la normativa europea en todas sus actividades.

LAW TRAIN y otros proyectos financiados por la UE con el sector militar y de seguridad israelí demuestra que los controles éticos y legales de la Comisión son insuficientes y necesitan de una revisión y mayor supervisión democrática.

En agosto del año pasado, el Ministerio de Justicia portugués fulminó su participación en el proyecto debido a la presión ejercida por la sociedad civil portuguesa y diputados del parlamento.

La sociedad civil europea y palestina y organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Organización Mundial contra la Tortura y miembros del Parlamento Europeo, también han alzado preguntas críticas sobre el proyecto LAW TRAIN y las implicaciones de la participación de los sectores militares, policiales y de seguridad nacional israelí en programas financiados por la UE.

Para leer la opinión legal al completo y la lista de firmante, haga click aquí.

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ADDENDUM:

El Estado Español, tanto empresas como instituciones, participan también en el proyecto LAW TRAIN (Mº Interior y Optimización Orientada a la Sostenibilidad SL). También hay otros proyectos polémicos con participación española que también podrían violar el reglamento europeo por financiar proyectos u organismos militares. Para más información véase: “Financiación europea al servicio de la ocupación” (Charlie Donnelly | Dispara Mag, 2016).

Traducción y Addendum de ISM en el Estado Español