El gobierno de Bolivia acusa a la oposición de Santa Cruz de haber «declarado la guerra a la Constitución»

“Lo que nos están pidiendo es que violentemos la Constitución Política del Estado, el comiteísmo ha desatado una guerra contra la Constitución y ahí el mayor incordio, para ellos, es la figura del presidente Luis Arce, que no les ha permitido que puedan vulnerar la Constitución”, expresó en declaraciones a la prensa.

Agregó que la actitud del mandatario impidió “que se puedan bañar en la impunidad, como han estado habituados en el tiempo pasado, y que puedan quedar sin ser investigados y juzgados aquellos delitos que cometieron durante el golpe de Estado de 2019”.

El miércoles último en un cabildo “nacional” de apreciable concurrencia en Santa Cruz, pero de escasa participación en las restantes capitales departamentales, los cívicos exigieron al Gobierno la aprobación de una ley de amnistía para supuestos presos políticos, incluido Camacho, principal impulsor del golpe de Estado de 2019.

Desde el 30 de diciembre de 2022, la máxima autoridad ejecutiva cruceña fue encarcelada preventivamente en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro en el expediente Golpe de Estado I, en el cual es investigado por terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas durante la ruptura del orden constitucional en Bolivia.

Como resultado de ese complot en noviembre de 2019, fue impuesto un gobierno de facto, asesinadas 37 personas, cientos heridos y se registraron miles de violaciones de los derechos humanos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento de la democracia.

Como es habitual en cada cabildo de Santa Cruz, sus conductores amenazaron con impulsar un referendo revocatorio del mandato de Arce si no obtiene una respuesta favorable a su demanda en el plazo de un mes.

Al respecto, Richter consideró que estos “plazos perentorios seguidos de una amenaza o conminatoria” son parte de “la conducta del comiteismo, de la Gobernación y de los sectores radicales que han tomado Santa Cruz”, sin considerar las posibilidades legales o si lo que requieren es permitido por la Constitución Política del Estado.

“Su amenaza hoy se llama revocatorio porque es una figura constitucional y estamos de acuerdo con esto, pero su argumento ¿cuál es?, preguntó el portavoz.

Explicó que los argumentos y las exigencias pasan porque las autoridades violenten la normativa, la Constitución, los acuerdos internacionales, los convenios de defensa de los derechos humanos.

Richter recordó los compromisos del Estado boliviano con el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes de no dejar que prescriban los delitos cometidos en las masacres de Sacaba y Senkata.