El coronavirus despierta un viejo problema de las cárceles de América, el hacinamiento

El pánico que se apoderó del mundo por la pandemia de coronavirus (causante de la enfermedad covid-19) se vive de forma más aguda en las cárceles de América Latina, donde la sobrepoblación es un problema recurrente, según un relevamiento hecho por Sputnik.

«El coronavirus viene a mostrar algo que no es nuevo: la sobrepoblación y el hacinamiento extremo que existe en la provincia de Buenos Aires, pero que ha recrudecido en la gestión anterior donde hubo casi 15.000 nuevos detenidos en el sistema», explicó a Sputnik Roberto Cipriano, integrante de la argentina Comisión Provincial para la Memoria (CPM).

La gran preocupación tiene que ver con que la primera medida recomendada de prevención que es la distancia social de metro y medio, dos metros entre personas es insostenible en el ámbito carcelario de la provincia de Buenos Aires, donde hay 21.000 plazas y cerca de 45.000 personas detenidas en 63 establecimientos.

En la provincia de Santa Fé (este) se registraron dos violentos motines en los penales de Las Flores y Coronda, que terminaron con al menos cinco muertes, cuyas causas en detalle están en investigación. La pandemia agravó aún más un panorama que ya era crítico: celdas para cuatro personas son ocupadas por ocho o 12 detenidos, con gente durmiendo en el piso; apenas un jabón para 10 internos o medio pan de jabón para cuatro; hay muy poca lavandina (lejía) y casi no hay desinfectantes, según un relevamiento hecho por la CPM.

Asimismo, existe en las cárceles argentinas una profunda escasez alimentaria, antes suplida con lo que llevaban los familiares, hoy impedidos de visitar a los internos. La CPM y diversos organismos de derechos humanos le reclaman al Gobierno de Alberto Fernández impulsar medidas judiciales y procedimientos ejecutivos para la reducción de la superpoblación y el hacinamiento, por ejemplo, con detenciones fuera de las cárceles para las poblaciones de riesgo y a quienes ya acceden a salidas transitorias o regímenes de semilibertad.

Algo similar a lo que hizo Italia, donde se habilitaron salidas anticipadas a los que les quedan menos de 18 meses para concluir su condena -unos 6.000 reclusos-, o Irán, país que perdonó a 10.000 prisioneros, incluidos los políticos, pocos días después de la liberación temporal de unos 85.000 presos.

También solicitaron la provisión de alimentos adecuados e insumos para la higiene personal y la limpieza de los espacios por parte de los servicios penitenciarios, así como garantizar las condiciones de prevención del covid-19 en las unidades penales.

Aunque el viernes estaban controlados los pabellones, los reclusos siguen reclamando por «la falta de jabón y elementos de higiene, y, por otro lado, el tránsito de agentes del servicio penitenciario sin las medidas sanitarias que corresponden», comentó a esta agencia Malena García de la ONG Atrapamuros.

Colombia

En Colombia, un total de 10 cárceles fueron foco de conflicto la semana pasada por reclamos de internos que exigen una mejora en las condiciones para hacer frente a la crisis del coronavirus. La ministra de Justicia colombiana, Margarita Cabello, informó el pasado 22 de marzo de un «intento masivo y criminal de fuga» en el centro penitenciario «La Modelo», de Bogotá que terminó con 23 presidiarios muertos, 83 heridos, de los cuales 32 debieron ser internados, y siete funcionarios lastimados. «No hay un problema sanitario que hubiera imaginado ese plan y los motines», dijo la funcionaria, quien negó casos de coronavirus intramuros.

Sin embargo, al otro día, Colombia decretó la emergencia carcelaria por el covid-19 que, en teoría beneficiaría a madres gestantes o de niños menores de tres años, personas mayores a los 60 años, que sufran alguna enfermedad crónica o tengan una pena de poca duración, aunque el cumplimiento sería irregular. Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo, los argumentos de una emergencia ya existían antes del coronavirus.

En todo el país existen aproximadamente 118.700 personas privadas de su libertad en los 138 centros penitenciarios existentes, de las cuales, según la Defensoría, unas 42.000, viven en condiciones de hacinamiento. La organización le reclama al Gobierno de Iván Duque que, más allá de la declaración de emergencia, facilite excarcelaciones para mayores de 60 años y reclusos con penas de hasta los ocho años.

Chile

Otra fuga masiva fue sofocada el 19 de marzo pasado en el penal más grande de Chile, el Santiago 1, ubicado en la capital, en medio del pánico por la ola de contagios de coronavirus. El plan de los reclusos era hacer estrellar un camión contra uno de los muros para que los internos puedan salir por el boquete, según publicó el periódico local La Tercera.

Tras la intentona, unos 200 presos iniciaron una fogata de colchones mientras algunos familiares denunciaban escasas condiciones higiénicas en las calles. El Santiago 1 es una cárcel que ha visto incrementar su cantidad de alojados desde octubre, cuando comenzaron las masivas protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera, dado que allí van a parar la mayoría de los detenidos.

Galo Muñoz Velozo, Director Ejecutivo del Observatorio Penal Penitenciario, dijo a esta agencia que «las detenciones durante las revueltas aumentaron un poco la población penal y también se perjudicaron las condiciones» y denunció que tras las protestas del 19 de marzo los guardiacárceles han tomado represalias en el trato con los internos.

Brasil

El 16 de marzo se produjo otra fuga masiva en tres centros penitenciarios de Sao Paulo luego de una protesta por la suspensión de las salidas transitorias o temporales como medida para evitar expandir el coronavirus.

En total se fugaron 1.375 reclusos y fueron recapturados unos 700, quienes volvieron a uno de los sistemas penitenciarios más cargados del mundo con un déficit cercano a las 350.000 plazas, según dicen los organismos de derechos humanos.

Venezuela

La restricción de las visitas, también por la pandemia de coronavirus, fue uno de los detonantes para que unos 80 presos se escaparan del centro de reclusión preventiva de San Carlos, en el estado Zulia, (noroeste), el pasado miércoles, hecho que concluyó con la muerte de al menos seis de ellos. Así lo confirmó a los medios locales el abogado de la ONG Ventana por la Libertad, Carlos Nieto de Palma, quién explicó que, ante la crisis, «los presos se alimentan porque la familia les lleva comida».

A finales de 2019 China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus. En el mundo se registraron 509.164 casos confirmados y 23.335 fallecidos producto del virus, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado el viernes.