Colombia: Con panfletos amenazantes los paramilitares advierten «toque de queda» en Ciudad Bolívar
Asesinato de tres habitantes de San José de Uré sería el renacer de las masacres paramilitares.
Habitantes denunciaron la aparición de panfletos en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, en los que se amenazaba con realizar una ‘limpieza social’, especialmente contra personas provenientes de Venezuela y «viciosos». El panfleto se comenzó a difundir desde el pasado martes 21 de mayo; y según el edil de la localidad, Christian Robayo, esta es otra evidencia de los intereses de los grupos ilegales que hacen presencia en este territorio.
Este es el panfleto que circula en Ciudad Bolívar, Bogotá Amenanza con asesinar a jóvenes y a venezolanos;
Como lo explicó Robayo, integrante del Polo Democrático, en Ciudad Bolívar la situación es crítica desde hace tiempo. Razón por la cual la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el año pasado señalando la presencia de grupos armados ilegales en esta zona y otros territorios como Soacha, Usme y Kennedy. En la alerta se manifestaba la preocupación ante el aumento de muertes violentas, y otros problemas asociados con el microtráfico.
El Edil indicó que en el sur de Bogotá, especialmente en las salidas de la Capital hacia Villavicencio y Sibaté, hacen presencia grupos «reductos del paramilitarismo», que se camuflan con negocios lícitos y manejan el microtráfico y la extorsión. El líder político afirmó que incluso se ha advertido sobre la presencia de enviados de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que están buscando alianzas con los grupos ya establecidos en el territorio.
En 2018 se presentaron 249 homicidios en Ciudad Bolívar
Robayo también manifestó la preocupación ante la cantidad de muertes violentas, pues «de enero a diciembre de 2018 se presentaron 249 homicidios» y en lo corrido del año van 59; situación que debería ser atendida de forma especial por la Administración Distrital. En consecuencia, el Edil pidió a la Fiscalía que se investiguen los posibles autores del panfleto, a la Fuerza Pública que proteja los derechos de los ciudadanos, y que se tomen medidas urgentes desde la Alcaldía tanto de la localidad como del Distrito.
-fuente: Contagio Radio
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En medio del luto por la muerte de tres miembros de su comunidad a manos de la banda de los Caparrapos, habitantes de San José de Uré, en el sur de Córdoba describen lo que parece ser el renacer de las masacres paramilitares de finales del siglo pasado.
Asesinato de tres habitantes de San José de Uré sería el renacer de las masacres paramilitares
Entre 2017 y 2018 la pugna por el control territorial y social, en el sur del departamento de Córdoba, como zona estratégica para obtener el dominio de economías ilícitas que se ha producido en los últimos años, con ocasión de la desmovilización de las FARC- EP sumado a otros factores de ilegalidad particulares y de posicionamiento de políticas minero-energéticas dada la salida de la guerrilla y las fuentes naturales de productos de extracción “legal” ha puesto en riesgo la vida, integridad y seguridad de las comunidades campesinas que residen en las estribaciones de este resistente sur de Córdoba, con atenuación criminal sobre los corregimientos del municipio de San José de Uré, en límites con el bajo cauca antioqueño.
La defensoría del pueblo de Colombia en 2018 emitió dos alertas tempranas: La 023-18 del 18 de febrero y la 071-18 del 10 de septiembre en las que prevenía las situaciones que hoy por hoy han enlutado a estas familias y comunidades uresanas y recomendaba las acciones que se debían realizar para conjurar los posibles hechos; estas alertas tempranas dan cuenta de la recomposición de la guerra y la lucha frontal de diversos grupos armados ilegales con la poca y nula presencia y acciones reales del Estado para allanar los espacios abandonados por las FARC-EP, en cumplimiento del acuerdo final y confrontando realmente a los “grupos sucesores del paramilitarismo”.
Solo en el 2018 ocurrieron cuatro desplazamientos masivos, asesinato de tres líderes sociales y diversas muertes selectivas de miembros de las comunidades rurales que en su mayoría han sido beneficiarios del programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos – PNIS o integrantes de nuestra organización campesina.
Con el entretejido del conflicto armado repuntando, los intereses de explotación de minerales u otros recursos naturales (legal e ilegal) en su máxima expresión, la cruda presencia de agrupaciones armadas que dominan los territorios el panorama es plenamente aterrador; cabe resaltar que hemos denunciado todo lo sucedido anteriormente.
Como sucediera en los periodos de violencia de las AUC, el pasado 23 de mayo a las tres de la tarde, más de una decena de hombres vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas militares se presentaron como miembros del grupo armado autodenominado “bloque Virgilio Peralta Arenas” o “caparros”, acompañados por miembros del “nuevo frente 18”, fuertemente armados incursionaron al corregimiento Brazo Izquierdo del municipio de San José de Uré.
Sacaron de sus hogares forzosamente a todas las familias que viven en la zona céntrica del corregimiento, apuntando con sus armas a los civiles, sin importar si eran niños, adultos mayores, personas en discapacidad o mujeres en embarazo. A la gran mayoría los acostaron al suelo, insultándoles, amedrentándolos con amenazas de muerte.
Entre las víctimas de la incursión armada, selectivamente arrebataron de sus hogares a los campesinos: Jader Polo y Jader Pertuz, ambos de 24 años de edad y beneficiarios del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos). Delante de la comunidad los asesinaron, con cruel sevicia y como acción terrorista.
En su retiro, advirtieron que “si el ejército subía hasta el corregimiento, regresaban para masacrarlos”. Avanzaron hacia el corregimiento Batatalito, en donde se presume también asesinaron en el día de hoy a otro miembro de la comunidad.
Cabe resaltar que la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba “ASCSUCOR” al ser integrante de Marcha Patriótica, debido a las pruebas presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en conjunto con otras organizaciones, fue considerada dentro de la causal de beneficio en la medida cautelar Nro. 210-17 mediante la resolución 30/2018 del 5 de mayo del 2018 de la CIDH.
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