México. La carrera por desmantelar PEMEX

El declive productivo planificado desde el ejecutivo de la semiestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha sido utilizado como excusa para propulsar su privatización. A medio andar, hoy el país se perfila como un proveedor estratégico de crudo y otras formas de energía a otras naciones, aunque esto es a costa de la soberanía nacional y la pérdida del control del principal sector estratégico del país.

PEMEX era la empresa más rentable de México. Para finales de 2008, en plena crisis financiera, los ingresos derivados de la comercialización de hidrocarburos abonaban el 45% del presupuesto federal. Sin embargo, a mediados de 2014, la aportación comenzó a caer hasta el 18% que hoy representa sobre los ingresos presupuestarios totales del sector público. Esto supone la participación más baja desde 1994, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Aún así, la renta petrolera representa el 6,8% del PIB del país.

La parcial ‘despetrolización’ de las finanzas públicas mexicanas no es un acto meramente acaecido por la crisis del mercado energético, sino por políticas puntuales que buscan desmantelar lo poco que queda de la principal empresa del país. Y es que si bien en 2014 inició el prolongado período de caída de los precios del petróleo, la fecha coincide con la puesta en marcha de la Reforma Energética, impulsada de la mano del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) y con la que a apetito abierto, grandes intereses privados dentro y fuera de las fronteras mexicanas salivan por la gigantesca fuente nacional de riquezas.

En el ranking mundial, México se ubica en el noveno puesto como productor de petróleo. Según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las reservas probadas del sector ascienden a 9.160 millones de barriles (mbp), cantidad que se divide en 7.037 millones de barriles de aceite crudo y 2.123 millones de barriles equivalentes de gas que suponen 10.402 millones de pies cúbicos de gas natural. Sin contar nuevos descubrimientos de reservorios, esto alcanzaría para 12,8 años.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía reporta que los recursos prospectivos de hidrocarburos superan los 100 mil millones de barriles. La cifra incluye los yacimientos probados y posibles de crudo en aguas someras, tierra y en mar profundo, y también contempla los mantos de gas natural y shale, que se extrae por el sistema de fractura hidráulica o fracking.

Con la Reforma Energética, el gobierno de EPN cambió las reglas del juego y abrió un negocio multimillonario. Hubo cambios a la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28 que ahora autorizan la participación de empresas privadas, mexicanas y extranjeras, en las actividades de exploración y explotación del 17% de campos petroleros, así como la cesión de derechos del 79% de los bloques donde existen reservas en territorio mexicano.

El otro pedazo de la torta corresponde al negocio de la energía eléctrica. El capital privado también tendría licencia para abastecer a grandes consumidores como industrias y comercios que representan más del 50% de las ventas totales de la Comisión Federal de Electricidad y que en 2013 representaron ingresos a México por US$ 13 mil millones.

Desde el inicio del proceso de desnacionalización de PEMEX, los recortes masivos de personal han sido la nota constante. En 2015, cuando se anunció el primer recorte presupuestario, la dirección general de finanzas de la estatal petrolera, comenzó a echar mano de su plantilla de trabajadores, asegurando para ese entonces que al menos 7 mil puestos serían prescindidos.

La meta no sólo ha sido cumplida sino que además fue superada con creces: PEMEX inició el primer semestre del 2016 con 131.822 trabajadores. Seis meses más tarde, al término de junio de ese año, la estatal contaba con 125.253 trabajadores, es decir, 6.569 puestos menos. Para este año ya se ordenaron 2.785 despidos adicionales. La orden de recorte alude que básicamente se debe a la contención del presupuesto de inversión en el presupuesto de egresos de la Federación 2017 que prevé una reducción de casi 9 mil puestos más. De esta forma, el número se reducirá a poco más de 116 mil. En cambio, crecerá el número de altos mandos de la empresa de 452 a 541, incluso se duplicará el número de directores.

En términos económicos, la planeada privatización de PEMEX significa la transferencia de la riqueza nacional a manos privadas, principalmente extranjeras, con lo cual habrá una menor cantidad de ingresos y recursos para cubrir necesidades de inversión pública que, de hecho, ya han ayudado al gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a excusar los ataques contra programas sociales. Pero además de ello, la venta de PEMEX también tiene profundas implicaciones geopolíticas. Y es que la desnacionalización de sectores estratégicos de la economía mexicana incrementa la vulnerabilidad del país ante presiones imperiales, pues serán la mayoría de las multinacionales, especialmente estadounidenses, las beneficiarias de la liquidación. Una economía fragmentada, políticamente aislada de sus vecinos latinoamericanos y que sólo verá profundizar el carácter colonial de su Estado.