El crimen ocurrió en su finca ubicada en la vereda La Florida, municipio de Riosucio en el departamento del Chocó, hasta donde llegaron hombres armados que le dispararon en siete ocasiones en la cabeza. Es de anotar que la víctima contaba con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección.

Según un comunicado de la red Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz) con fecha del 26 de noviembre, “Mario venía denunciando ante la fuerza pública, instituciones civiles del Estado y ONG’s, la presencia de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – Clan del Golfo en la zona, hecho que se intensificó este mes. La semana pasada, las AGC convocaron a una reunión en la Zona de Biodiversidad Árbol de Pan la que fue denunciada por el líder Mario”.

Mario Castaño se había desplazado de su tierra en el año de 1996 en medio de la violencia paramilitar que azotó la región. Hacía apenas tres años que había regresado a la comunidad de Madre Unión para liderar junto a otros campesinos el proceso de reclamación de predios.

La muerte de este líder de restitución de tierras, también fue denunciada por el Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó (Cocolatu) y por la Redprodepaz, que en la noche del domingo escribió en su cuenta de Twitter: “Lamentamos profundamente el asesinato del líder social Mario Castaño. Nuestro abrazo solidario para su familia y organización. #BastaYa ¡Que la paz no nos cueste la vida!”.

La comunidad de Madre Unión ha denunciado en varias ocasiones ante distintas autoridades amenazas, agresiones y persecuciones a sus líderes, por parte de grupos paramilitares y de algunos empleados de los empresarios que se oponen al proceso de restitución.

A raíz de estas situaciones, el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Quibdó a través del Auto 00181 del 12 de diciembre de 2014, que ordena proteger a los reclamantes de tierras de Madre Unión y de otras 37 comunidades que hacen parte del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, donde se vive una situación similar. La medida cautelar ha sido prorrogada periódicamente hasta la fecha.

Según Martha Peña Duque, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC) que acompaña el proceso de organizaciones reclamantes de tierras, “Es preocupante que en los territorios esta situación de asesinatos a líderes y agresiones a las comunidades que reclaman sus predios se siga presentando, en momentos que el gobierno habla de paz territorial. Y, el caso específico de La Larga Tumaradó, en medio de un difícil proceso vivido por la comunidad que mediante consulta previa busca la restitución colectiva de su territorio y la reparación integral”.

Por su parte, el comunicado de Conpaz advierte que “hoy las amenazas y la zozobra en La Larga Tumaradó, Pedeguita y Mancilla, Curvaradó y Jiguamiandó son permanentes. Las comunidades viven sobreviviendo en medio de operaciones arnadas de las AGC por inacción, ineficacia y tolerancia de la fuerza pública. Al tiempo, son crecientes las operaciones del ELN que han desconocido las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, mecanismos de autoprotección de las comunidades”.

Mario Castaño era integrante de la Asociación de Familias de los Consejos Comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita y Mancilla (Aflicoc) y de la red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz).

En la mañana de este lunes, voceros del consejo comunitario informaron que la familia de Mario Castaño no tiene recursos para los gastos funerarios, por lo que buscan solidaridad de otras personas para darle sepultura.