Dos años de Xiomara en el Gobierno de Honduras

La convocatoria, que tuvo una importante respuesta ciudadana, tenía un doble objetivo: mostrar un respaldo contundente y masivo a la presidenta y mandar una señal clara al Bloque de Oposición Ciudadana (BOC): en Honduras no se va a permitir otro golpe, ni maniobras ilegales que entorpezcan el proceso de cambio iniciado en 2022 y la regularidad del próximo proceso electoral (2025).

Dos años sumamente difíciles, durante los cuales el bloque opositor, que integran los partidos tradicionales (PLH y PNH) y el PSH del designado presidencial (una especie de vicepresidente) y ex aliado Salvador Nasralla, no escatimó esfuerzos para boicotear la acción de gobierno.

Una oposición firmemente anclada en la protección de los intereses de los grupos de poder fáctico y sus prebendas, y volcada a defender aquel aparato estatal que les ha garantizado impunidad durante más de doce años.

Señales importantes han sido, sin duda alguna, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento, aunque de forma interina, del fiscal general y su vice.

En ambos casos, y por primera vez, los puestos en estas instituciones no han sido copado por personas afines a los partidos tradicionales y los poderes fácticos. Un primer paso en aras de romper el círculo vicioso de impunidad y falta de independencia que ha caracterizado el sistema judicial hondureño.

Además, la lucha contra la impunidad podría contar próximamente con la instalación de una Comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras (Cicih), para la cual se están definiendo los últimos detalles con Naciones Unidas.

La Cicih ha sido una de las demandas históricas del pueblo en resistencia contra el golpe de estado y la narco-dictadura.

Una batalla sin descanso

Simpatizantes del oficialismo y ciudadanos en general participan hoy en los actos para celebrar dos años del Gobierno de Xiomara Castro, en Tegucigalpa.
Foto:teleSUR

Durante su discurso a la nación de inicio de año y en su informe anual ante el Congreso Nacional en ocasión de la instalación de la nueva legislatura, la presidenta Xiomara Castro disertó sobre los logros alcanzados en estos dos años, y lo difícil que ha sido avanzar en su programa de gobierno.

“Construir sobre los destrozos dejados después de doce años y siete meses de dictadura y narcotráfico no ha sido nada fácil”, dijo la mandataria.

“Los que corrompieron el Estado – continuó – y violaron su Constitución por más de una década de oscurantismo, todavía ostentan cargos de elección popular y se oponen al cambio democrático”.

Castro advirtió que los grupos que fueron favorecidos con la corrupción y la impunidad, a través de leyes y decretos, hoy adversan su gobierno para sostener sus privilegios.

“No llegan a entender que Honduras nunca más volverá a ser un narco-estado gobernado por corruptos y sus testaferros”, aseguró.

Avances

decenas de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) se movilizaron este sábado por el bulevar Suyapa de Tegucigalpa.
Foto:teleSUR

Entre los logros alcanzados, la presidenta hondureña mencionó la cancelación de centenares de fideicomisos que, usando a agentes financieros privados, “administraron como haciendas personales más de 181 mil millones de lempiras (7,3 billones de dólares) de fondos públicos”.

Todo esto contribuyó a multiplicar por seis la deuda pública, que en 2021 alcanzó los 20 mil millones de dólares.

También se impulsó, contra vientos y mareas, la aprobación de una ley de justicia tributaria que democratice el sector según el principio de equidad, revirtiendo aquella estructura saqueadora, hecha de exoneraciones y exenciones fiscales para el gran capital nacional y transnacional, que significó pérdidas para el Estado de más de 500 mil millones de lempiras (20.3 billones de dólares).

Hasta el momento, la correlación de fuerzas en el Congreso, cómplice también la decisión de Nasralla y parte de su bancada de abandonar la alianza con Libre y juntarse con aquellos partidos que, en su momento, criticaron por corruptos y aliados de la narco-dictadura, no ha permitido sumar los votos necesarios para su aprobación.

“Todo este saqueo descarado lo estamos auditando y presentando ante la fiscalía general para que no quede impune”, dijo Castro.

En tema de seguridad, Honduras registró el año pasado una reducción de 10 puntos de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

A nivel económico y social, la mandataria hondureña presentó los logros alcanzados en sectores estratégicos como el agrícola, infraestructuras, energético, agua y saneamiento, salud, educación, vivienda y reducción de la pobreza.

El otorgamiento de crédito a intereses justos, bonos productivos, bonos tecnológicos y otros programas más, sumado a diferentes formas de subvención de energía y combustibles, contribuyeron a dinamizar la micro y pequeña empresa, incluyendo al sector agrícola, que había quedado en total abandono durante los gobiernos neoliberales continuadores del golpe.

También, dijo, se invirtió en la recuperación de la empresa nacional de energía, saqueada por los gobiernos de la narco-dictadura, así como en la defensa y conservación de bosques, reforestación y reducción de la tasa de deforestación.

Asimismo, se declararon 80 nuevas microcuencas y 4 nuevas áreas protegidas. Tampoco, aseguró Castro, se ha vuelto a otorgar nuevas concesiones de minas a cielo abierto.

“La lucha de nuestras mártires, como Jeannette Kawas y Berta Cáceres, nos recuerda que la protección de nuestro ecosistema no es sólo una cuestión ambiental, sino un acto de resistencia contra las fuerzas imperialistas que buscan explotar nuestras tierras y socavar nuestra soberanía”, manifestó la mandataria hondureña.

A ese propósito, vale la pena recordar que, durante el primer año de su gobierno, impulsó la derogación de las Zonas de empleo y desarrollo económico (Zede), que de hecho pretendían cercenar parte del territorio nacional, y la Ley de Empleo por Hora, que precarizaba y flexibilizaba aún más el mercado laboral.

“Contra todos los pronósticos de mis detractores, cerramos el 2023 con una ejecución del 91 por ciento del presupuesto general, y de más del 75 por ciento de la inversión pública productiva y social”, expresó Castro.

– Video completo Discurso a la Nación del 01/01/24

– Video completo Informe Anual ante el Congreso del 25/01/24

– Video mensaje Dos años de gobierno del 27/01/24

Urge más

Simpatizantes de Libre se desplazan desde todo el país para unirse a la celebración de dos años de gobierno con Xiomara Castro.
Foto:teleSUR

Si por un lado hay claras señales de que el gobierno Castro, que en varias ocasiones se ha presentado como un gobierno de transición, ha iniciado a poner los cimientos para un cambio real (refundación) en el país, sectores del movimientos social y popular hondureño advierten que, en muchos aspectos, se ha quedado corto.

Finalizando el Encuentro nacional del movimiento popular de Honduras (San Pedro Sula 24-26 de enero), promovido por el Movimiento amplio por la dignidad y la justicia (Madj) y que contó con la participación de varias organizaciones sociales y populares del país, los participantes analizaron a fondo el desempeño gubernamental en estos dos años, al tiempo que presentaron su plan de acción para este año.

– Lea el documento completo y el plan de acción 2024

“La violencia e intimidación continúan siendo una constante para los sectores populares que mantenemos la independencia de pensamiento y de acción (…). Son miles las familias campesinas desalojadas y desplazadas el año anterior en acciones policiales en todo el país”, aseguran las organizaciones populares.

“Fueron operativos despiadados, con tractores arrasando sembradíos y destruyendo viviendas. A ningún funcionario le importó que esas familias quedaran a la intemperie y pasaran hambre”, continuaron.

Las organizaciones denunciaron también la falta de contundencia gubernamental en detener el “manejo, la entrega y la concesión de los recursos, que nos pertenecen a todos y todas, a un pequeño puñado de empresarios”.

Finalmente, dieron a conocer el texto de una carta que será enviada a la presidenta Xiomara Castro.

No para la violencia

El más reciente informe de Global Witness señala que, en 2022, Honduras resultó ser nuevamente uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden tierra, territorios y bienes comunes. 

Y no sólo eso. Con 14 agresiones mortales, mantiene la triste primacía a nivel mundial en número de personas defensoras asesinadas per cápita.

El 2023 ha sido otro año sumamente trágico también para las mujeres hondureñas. Fueron 386 las que fueron asesinadas, una cada 23 horas (Observatorio CDM), es decir un aumento del 30% respecto al 2022. Asimismo, fueron 357 las mujeres desaparecidas.

En los primeros 15 días del nuevo año, 16 mujeres fueron víctimas de muerte violenta. Honduras sigue siendo el quinto país con la tasa más alta de femicidios en el mundo, con un 6.47 por cada 100 mil habitantes (ONU Mujeres).

La lucha para detener el avance de los proyectos extractivistas y para tener acceso o defender tierras y territorios en el Bajo Aguán, sigue siendo reprimida y la población continúa en vilo y en total indefensión.

La firme oposición de la comunidad de Guapinol y del Comité municipal en defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa a un megaproyecto minero para la extracción de óxido de hierro en zonas protegidas del Parque Nacional Montaña de Botaderos, impulsado por Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas empresas pertenecientes a la División Siderurgia del Grupo Emco Holding (Ana Facussé y Lenir Pérez), ha sido sistemáticamente reprimida, criminalizada y judicializada.

La lucha actual para impedir la renovación del contrato de concesión a Los Pinares/Ecotek por 30 años más, choca con el silencio gubernamental y con la complicidad del alcalde municipal Adán Funes, electo en las filas del partido oficialista.

– Lea el pronunciamiento de más de 100 organizaciones sobre el caso

Mientras tanto, los miembros y socios de las empresas y organizaciones campesinas que integran la Plataforma Agraria del Aguán siguen siendo atacados mortalmente.

Después del golpe de 2009, decenas de campesinos han sido asesinados en total impunidad en el Bajo Aguán, en el marco de un conflicto agrario originado por la falta de acceso a la tierra y a los medios de subsistencia para miles de familias campesinas.

Lo mismo ocurre en otras zonas del país, donde tierras y subsuelos se han convertido en blanco para los intereses del gran capital nacional y transnacional.

Justo mientras en Tegucigalpa se desarrollaba la movilización por los dos años de Xiomara Castro, el defensor ambiental y regidor municipal de Tocoa, Leonel George, particularmente comprometido con la  lucha contra el megaproyecto minero Los Pinares/Ecotek, fue ilegalmente detenido y esposado por agentes policial.

Horas después, Franklin Izaguirre Melgar, presidente de la cooperativa campesina Camarones, fue atacado a balazos por desconocidos. El dirigente campesino había participado en el reciente encuentro de organizaciones populares, donde había lamentado la ausencia de políticas estatales eficaces para la protección de defensores y defensoras y liderazgos sociales.

Una visión transformadora

“Aunque los hechos digan lo contrario, queremos creer que aún hay posibilidad de una visión presidencial que transforme el país, que devuelva la tierra a los campesinos y campesinas, que respete los bienes naturales de nuestras comunidades, que proteja los derechos de los pueblos originarios y ancestrales y pueda crear condiciones para superar la pobreza y la marginalidad social”, señalan las organizaciones participantes del encuentro del movimiento popular hondureño.

“Como organizaciones populares queremos contribuir a que esa ansiada refundación nacional ocurra, aportando nuestro esfuerzo a favor de la soberanía alimentaria, la promoción de prácticas de cultivos no reñidos con el medio ambiente, la preservación de la biodiversidad, de bosques y fuentes de agua.

Estamos convencidos – continuaron – que, si logramos cambiar el modelo de explotación extractivista, de acumulación, a como dé lugar, de riquezas por un puñado de familias, si la justicia le gana a la impunidad, no sólo habrá estabilidad y paz en nuestras comunidades y en todo el territorio, sino que aportaremos significativamente al desarrollo nacional”, concluyeron.