Más de 35 organizaciones de jubilado/as marcharon a Plaza de Mayo contra el veto de Javier Milei
Lo resolvieron en un plenario masivo en el que exigieron un haber mínimo equivalente a la canasta de la tercera edad. Preparan una jornada especial para el 20 de septiembre.
Los jubilados y jubiladas se concentraron a primera hora de la tarde frente al Congreso, gritando consignas contra el veto de Milei a los magros aumentos decididos por el Parlamento. Con carteles que decían “No somos la casta” o “Esto es un genocidio”, rodearon el edificio anexo al Parlamento.
“Tengo 75 años, viví la época de Videla y esto ya parece lo mismo, nos tiraron gas en los ojos, es tristísimo”, dijo un jubilado, que tuvo que ser atendido por haber sido rociado con gas en la cara.
En un momento llegó un pelotón de la Policía Federal que cargó contra hombres y mujeres ancianos, lanzándoles gas pimienta a los ojos y golpeándolos, mientras los manifestantes los maldecían al grito de “asesinos, asesinos”. Luego, se enfrentaron con el cordón policial y mirándolos a cada uno de los y las policías, les decían “ustedes no tienen madre ni abuela, son asesinos”, mientras las y los uniformados bajaban la vista.
Luego de la represión, todos se volvieron a reorganizar y marcharon a Plaza de Mayo, flanqueados por un doble cordón policial, como si fueran delincuentes.
Ira presidencial
Para el presidente “el proyecto aprobado por el Congreso tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno”. El texto de la norma apenas otorga un aumento de $17 mil para el salario mínimo vital y móvil y consiste básicamente en recomponer los haberes jubilatorios a los niveles de noviembre de 2023 en tanto restituye un 8,1% que es el diferencial entre la inflación de enero y el 12,5% que el gobierno concedió cuando definió por decreto la nueva fórmula de movilidad y su empalme con la anterior.
Además, el parlamento incorporó un artículo que concede un incremento anual de la mitad del porcentaje del diferencial entre la inflación y el RIPTE (salarios) en cada período, si es que el mismo supera al índice de precios.
Para el ejecutivo, la recuperación de esos $17 mil para la jubilación mínima, implica una medida “demagógica”. Desde el gobierno aseguran que “prefieren decir una verdad incómoda que una mentira confortable”. A la vez, aseguran que desde enero a la actualidad las jubilaciones recuperaron un 5% de su poder adquisitivo.
Retroceso
Lo que omiten es que en diciembre la inflación había superado el 25%. Según datos de CELAG entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 cada jubilado que percibe la mínima acumula una pérdida de $704 mil equivalentes a 2,4 jubilaciones mínimas. Dicho de otra forma, en los últimos nueves meses y a valores de noviembre de 2023, los jubilados percibieron sus haberes equivalentes a seis meses y medio.
De hecho, la jubilación mínima se encuentra en agosto de 2024 en los $225.540 que, con el bono de $70 mil, llega hasta los $295.540 y arrastra una pérdida en términos reales de poco más del 5% con relación al mismo mes del año pasado.
Según el comunicado oficial de la presidencia, el costo fiscal de la nueva norma equivale al 1,2% del PBI “o lo que es lo mismo, del 25% del PBI en términos dinámicos”. Sin embargo, para la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aprobación de la ley implica un costo fiscal equivalente al 0,45% del PBI. Se trata de una suma equivalente a la que surge de las modificaciones al impuesto a bienes personales aprobadas con la ley de paquete fiscal.
Los jubilados presentes definieron el reclamo de que la jubilación mínima se equipare en los valores de la canasta del adulto mayor valuada por la Defensoría de la Tercera Edad en poco más de $900 mil así como ratificar su reclamo del 82% móvil para el resto de los jubilados. Además ratificaron el reclamo de la jubilación para todos los trabajadores “incluyendo aquellos que han sido víctimas de fraude laboral (trabajo en negro)”.