La explotación laboral y el expolio ambiental, dos caras de la misma moneda en la producción industrial de alimentos

Madrid, 30 de marzo de 2022. Amigos de la Tierra presenta el Informe «Alimentos industriales, trabajo precario» donde pone de relieve que la agricultura y ganadería industrial en España son insostenibles tanto social como ambientalmente. El modelo se sustenta sobre un esquema injusto y perjudicial basado en la explotación de los recursos naturales y de las personas trabajadoras agrícolas, principalmente migrantes.

La industrialización de la agricultura y ganadería ha llevado aparejado un acelerado aumento de los impactos medioambientales, fruto del vertiginoso incremento en el consumo de insumos y energía. De tal modo que esta actividad es en la actualidad una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero, con el 14% del total de emisiones directas en España. Además, la agricultura ha multiplicado por 8 sus emisiones de gases de efecto invernadero; por 63 el uso de energías no renovables, y por 4,5 el consumo de agua con respecto a 1900.

A su vez, el modelo alimentario industrial en España se ha articulado sobre un sistema de explotación masiva de personas trabajadoras migrantes. En los últimos 20 años, el número de personas migrantes que realizan trabajo agrícola se ha multiplicado por 135, hasta llegar a 185.000 personas (84% hombres y 16% mujeres). A esta cifra habría que sumar unas 20.000 personas más que podrían estar trabajando sin contrato. En total, las personas de origen migrante representan el 27% de las personas trabajadoras en la actividad agraria.

España es uno de los países de la UE con más personas migrantes trabajando para la agricultura junto a Italia y Dinamarca. La Organización Internacional del Trabajo estima que alrededor del 61,2% de la mano de obra agrícola de la UE tendría un empleo informal. A su vez, más del 70% de las inspecciones de trabajo llevadas a cabo entre mayo y diciembre de 2020 en los campos de España terminó en infracción por fraude laboral.

En el Informe se analizan cuatro casos de estudio, Huelva y Lleida, como espacios representativos del modelo de producción estacional, Murcia, como enclave característico del modelo de producción permanente, y los mataderos, por sus peculiaridades dentro del sector ganadero industrial. En los mismos se hace hincapié tanto en la explotación ambiental como en la social.

En el caso de la producción de fresa y fruto rojo en Huelva se pone sobre la mesa que casi el 100 % de las personas trabajadoras migrantes son mujeres, seleccionadas en base a criterios estereotipados como ser menor de 40 años. Además de las arduas condiciones de trabajo, las violaciones de derechos humanos son constantes. En cuanto a la explotación ambiental, más de 1.000 pozos ilegales están dejando el acuífero de Doñana al borde del colapso, una situación insostenible.

En Murcia, donde el sector agroindustrial es el principal responsable de la catástrofe ecológica en el Mar Menor, las personas trabajadoras tienen uno de los salarios sectoriales más bajos de todo el Estado, inestabilidad crónica laboral y ausencia de vacaciones pagadas.

En todos los casos se sigue la misma lógica: la precarización de una mano de obra vulnerable, como es la migrante, cuya explotación es esencial para garantizar los precios bajos de los alimentos. La intermediación de las ETT en Murcia, al igual que el programa GECCO (Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen) en Huelva y Lleida, o la contratación a traves de las empresas multiservicios en los mataderos industriales actúan como un sistema que garantiza la disponibilidad de una mano de obra barata.

Según Andres Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra, “todas estas situaciones forman parte del patrón común inherente al modelo de agricultura y ganadería industrial, que sistemáticamente vulnera los derechos de las personas campesinas y trabajadoras agrícolas”.

La aprobación de la nueva Política Agraria Común supone la introducción de la condicionalidad social. Lo que implicará que los receptores de las ayudas deban cumplir con los derechos laborales de las personas trabajadoras. Según Andrés Muñoz, “la condicionalidad social de la PAC ofrece una oportunidad única para garantizar un adecuado cumplimiento de dichos derechos, con especial atención a las personas migrantes y a las mujeres. Las ayudas públicas deben promocionar inequívocamente un modelo alimentario medioambiental y socialmente sostenible”.

Informe: «Alimentos industriales, trabajo precario»