Senado de Colombia aplaza votación de ley estatutaria de la JEP

El Senado de Colombia aplazó para este martes la votación de las objeciones que el presidente Iván Duque hizo a seis de los 159 artículos que componen la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

El «debate sobre objeciones de la JEP continuará mañana 30 de abril», informó el Senado en sus redes sociales luego de que no se pudiera avanzar en la votación porque los congresistas discutieron largas horas sobre los impedimentos de varios legisladores a la hora de votar.

También se debatieron las recusaciones presentadas contra siete senadores, que serán analizadas este martes por la Comisión de Ética, en donde podrán hacer su defensa, según explicó su presidente, el senador Miguel Pinto.

Los congresistas recusados son Álvaro Uribe, Roy Barreras, Iván Cepeda, Fernando Araujo, Laureano Acuña, Ciro Ramírez y el propio presidente del Senado, Ernesto Macías.

Las recusaciones buscan que los legisladores se aparten de las votaciones porque se considera que pueden parcializarse o que han prejuzgado.

A pesar del contundente rechazo a la postura del Gobierno en la Cámara (110 votos contra 44), el hundimiento de las objeciones en el Senado pareciera no verse tan claro por denuncias sobre eventuales presiones hacia los congresistas.

Cámara de Representantes votó propuesta presentada en un solo bloque.

En la Cámara hace tres semanas votaron en bloque una propuesta que rechazaba las objeciones, por lo que el Gobierno pidió que en el Senado se discuta y se vote una por una.

Duque devolvió al Congreso la Ley Estatutaria de la JEP por considerar que seis de sus artículos no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)  en noviembre de 2016.

El Ejecutivo busca modificaciones que definan la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado y aclarar las competencias de la justicia ordinaria inclusive en los casos de extradición, un movimiento que los opositores al Gobierno consideran como un obstáculo al proceso de paz.

Igualmente, pretende garantizar la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra «en relación con quienes no son máximos responsables» para que no haya impunidad.

La principal función de la JEP es administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.