IU traslada a Bruselas la “persecución” a tuiteros activistas en el Estado español

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha organizado este jueves en Bruselas una conferencia que bajo el título Derechos fundamentales y libertad de expresión en el Estado español, tenía como objetivo dar a conocer en la Unión Europea los casos de César Strawberry, Cassandra Vera y activistas como Jorge Ramos, de la Campaña contra la criminalización de la solidaridad con Palestina, quienes han sido o juzgados y condenados, o están siendo procesados por comentarios en la red social Twitter.
 
En una rueda de prensa, Albiol ha explicado que en los últimos años se está viviendo “un retroceso de libertades y un incremento de la represión” en el Estado español ligado “a las políticas económicas de recortes de derechos laborales, en los servicios públicos o las pensiones” del Partido Popular. Recortes que “han sido fuente de paro, pobreza y precariedad” y han generado “una contestación de la sociedad civil organizada” a la que el Gobierno ha respondido con el endurecimiento del Código Penal.
 
A la criminalización de la protesta social se le ha añadido, en paralelo, el control y represión que se está ejerciendo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y que ha sentado en el banquillo de los acusados a “activistas, periodistas, cómicos o artistas”, que están siendo perseguidos por el contenido de sus tuits, por sus canciones o por llevar a cabo protestas pacíficas.
 
Estas jornadas coinciden justo con el segundo aniversario de la Ley mordaza, “una legislación que convierte al Estado español en represivo”, al vulnerar “los derechos fundamentales que dice proteger incluso la legislación europea”. De ahí que “estemos viendo cómo hay personas a las que se les juzga por enaltecimiento del terrorismo por hacer un chiste o un tuit con determinada ironía”. Una situación paradójica, ha dicho Albiol, “ya que se está criminalizando a alguien por hacer un chiste sobre Carrero Blanco pero no se está juzgando a los criminales franquistas”, o cuando “se persigue a los activistas por los derechos del pueblo palestino y del BDS”, pero no se condena la política criminal del Estado de Israel.

Isabel Elbal, que es la abogada que ha llevado el caso de Strawberry, ha señalado que aunque “hace seis años que la banda terrorista ETA ya no está activa, desde hace tres se persigue despiadadamente y con un celo inusitado a las personas que se limitan a expresar sus opiniones en las redes sociales”.
 
Esta persecución se lleva a cabo con “investigaciones de corte inquisitorial” que, a través de determinados programas informáticos, permiten a la Policía hacer incursiones en las redes sociales seleccionando a personas que usan determinadas palabras. Pero para sostener que se los encause se necesitaba un marco jurídico, “que se llama enaltecimiento del terrorismo”.
 
Un marco que “permite la persecución sistemática de ciudadanos anónimos no organizados, sin que conste afinidad con actividades terroristas y en un contexto en el que ETA ha cesado su actividad”. El resultado – con 76 personas imputadas hasta hoy- es que “no se puede bromear, no se pueden hacer chistes”, y que “estas personas juzgadas en la Audiencia Nacional son condenadas de forma injusta en muchos casos”.  Por último, Elbal ha lanzado la voz de alarma ante la posibilidad de que “este delito de enaltecimiento del terrorismo se extienda por la UE”.
 
Strawberry ha relatado su caso y cómo pese a que la Audiencia Nacional le absolvió, “el Tribunal Supremo optó por condenarme sin permitirme testificar, lo que vulnera claramente mis derechos”. “He venido a denunciar la normalización de la represión, que está dando lugar a un estado coercitivo en el que se impone la política del miedo y que el ciudadano se autocensure”. Asimismo, y ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda ratificar la condena del Supremo, ha pedido amparo a la UE y que “no permita que esta deriva autoritaria se extienda a otros países”. Strawberry también ha reconocido que si el Constitucional da ese paso, recurrirá su sentencia al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
 
Por su parte, Cristóbal Gázquez, uno de los abogados de la tuitera Cassandra, ha explicado que el suyo es “el mayor ejemplo de hasta qué punto está llegando la Justicia”, ya que “de 91.000 tuits sobre su vida, todos ellos investigados por un cuerpo especial de la Policía, se eligen 13 bromas sobre Carrero Blanco” para pedir su imputación. Lo que pasa es que “bromas que se han hecho toda la vida, aplicadas a las redes sociales son sinónimo de un año de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta”, lo que entre otras cosas pueden impedir a la joven ser profesora.
 
Finalmente, ha intervenido Jorge Ramos, de la asociación Defenssem els drets humans, que ha explicado cómo él y otros ocho activistas defensores de los derechos del pueblo palestino, se han visto envueltos en un proceso judicial desde 2015 por una campaña en redes para que un festival de música retirara de su cartel a un artista que había mostrado su apoyo en diversas ocasiones a las acciones del Ejército israelí y que había incluso defendido el asalto al Mavi Marmara de la Flotilla de la libertad, que acabó con el asesinato de nueve personas.
 
“Nuestro caso” se contextualiza “en un momento de crecimiento global de la solidaridad con el pueblo palestino y de apoyo a la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones, que en estos momentos está siendo perseguido por el lobby sionista”. “En 2014 participamos en el Rototom, donde fuimos invitados a exponer nuestra posición después de la última invasión de Gaza que acabó con la vida de más de 2.000 palestinos, 500 de ellos niños y niñas”, pero “nos encontramos con que al año siguiente, en 2015, un festival que se autoproclama como defensor de la libertad y los derechos humanos invitó a Matisyahu, un cantante que había llegado a poner la recaudación de sus canciones al servicio del Ejército israelí”.
 
“Hicimos una campaña en redes” que se centró en “pedir a los organizadores que cancelaran el concierto de Matisyahu y no tenía nada que ver con que esta persona fuese judía o no”. Pero tras las presiones “en forma de notas de prensa de los gobiernos israelí y español y de editoriales de importantes medios de comunicación”, llegó una querella “contra nueve a activistas a los que se nos acusa de acoso y un delito de odio”. Ahora “nos enfrentamos a cuatro años de prisión y una de las cuestiones que se pone sobre la mesa es que si la sentencia es condenatoria está en peligro cualquier tipo de campaña no violenta antirracista por los derechos humanos”.
 
Ayer, en una primera parte de su visita a Bruselas, todos ellos mantuvieron una reunión con representantes de la Dirección General de Justicia y miembros de Amnistía Internacional. Esta tarde, además, participarán en la mesa redonda De la Europa, del imperio de la ley al estado de excepción, coorganizada por Albiol con otros diputados y diputadas del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.