Desmontes en la era Milei: arrasaron 60 mil hectáreas en el norte argentino
Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta desmontaron 60.000 hectáreas en el primer semestre del año. Los datos, surgidos de un informe de Greenpeace, confirman la complicidad política y empresaria para el avance del agronegocio, la ganadería y el sector forestal. En Chaco aprobaron, de madrugada y de espaldas a la población, una normativa que pone en riesgo un millón de hectáreas.
Durante el primer semestre de 2024 se deforestaron 59.557 hectáreas de bosque nativo en el norte del país. La cifra significa la pérdida de una superficie equivalente a 327 canchas de fútbol por día. Representa un 15 por ciento más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales. Entre enero y junio, el desmonte en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas, en Santiago del Estero 21.047, en Formosa 7.162 hectáreas y en Salta llegó a 4.200.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, señaló que la mayoría de estos desmontes son ilegales porque violan los ordenamientos territoriales de bosque nativo (OTBN) que confeccionó cada provincia, según lo estableció en 2007 la Ley Nacional de Bosques. Estos ordenamientos son normas provinciales que zonifican los bosques existentes con un criterio de preservación y —según la ley nacional— son la herramienta que debe regular el avance de la frontera agropecuaria y cualquier otro cambio de uso del suelo. Ante el incumplimiento, Giardini explica: “Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad”.
En Chaco, enfatizaron desde la organización socioambiental, todos los desmontes registrados este año se realizaron en absoluta irregularidad. Este abril, en la provincia que más deforestación registró en lo que va del año, se sancionó un nuevo OTBN que viola los principios de no regresión en materia de protección ambiental. En los hechos, permite el desmonte de más de un millón de hectáreas, correspondientes al último reservorio de bosque nativo del país, poniendo en riesgo a especies como el yaguareté. Por estos hechos, en mayo Greenpeace presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En Santiago del Estero, el gobierno provincial autorizó desmontes para ganadería donde no está permitido. Un ejemplo es lo que ocurre en el noreste de la provincia, donde —en beneficio de la empresa Manaos— ya se deforestaron 10.000 hectáreas: el equivalente a media ciudad de Buenos Aires.
El relevamiento advierte que Argentina está en emergencia forestal. Con base en datos oficiales, asegura que entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de siete millones de hectáreas. El 75 por ciento de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.
La irregularidad en relación a la preservación de bosques nativos es el denominador común en prácticamente todo el país. Según una sistematización oficial del 2023, el 70 por ciento de las provincias no actualizaron su OTBN y el 17 por ciento lo hizo pero dejó vencer el plazo para la segunda actualización. Sólo están en regla, respecto a este punto, Jujuy, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de Argentina, publicado por el gobierno nacional en 2022, puntualiza que las principales causas de pérdida de bosque nativo a nivel nacional son reemplazos del bosque para uso agropecuario (42,3 por ciento), incendios (34,6 por ciento) y posible uso silvopastoril (17,9).
Pese a la importancia de los bosques para la biodiversidad y las comunidades campesinas e indígenas que viven en ellos, la flexibilización y el desguace de políticas públicas que impulsa el actual gobierno nacional también alcanza a esos ecosistemas. Con la aprobación de la Ley Bases, el Congreso aceptó dejar sin efecto los fondos fiduciarios destinados al cumplimiento de la Ley de Bosques y los programas de manejo del fuego. Además, el DNU 70/23 dejó sin efecto la Ley de Manejo del Fuego, que buscaba evitar el cambio de uso del suelo en terrenos que hayan sufrido incendios intencionales.
Chaco: una ley inconsulta para favorecer al agronegocio
El pasado 30 de abril, durante la madrugada y sin consenso social, la Legislatura de Chaco aprobó un nuevo OTBN, que permite el avance de las topadoras en áreas destinadas a preservación. El tratamiento del proyecto, impulsado por el oficialismo provincial, fue exprés. El resultado: una nueva normativa que favorece a las empresas forestales, fundamentalmente tanineras.
Desde la organización Somos Monte Chaco denunciaron que la comisión en la que debían expedirse las comunidades afectadas sólo funcionó una vez y a escondidas, cuatro horas antes del inicio de la sesión. «El resultado parcial/final fue la aprobación del nuevo Ordenamiento de Bosques a las 2.40 de la madrugada (…) sin argumentos sólidos y sin escuchar a las voces de los territorios y de sus habitantes”, reclamaron.
Desde la organización apuntaron contra el oficialismo chaqueño (a cargo del gobernador Leandro Zdero, de Juntos por el Cambio) y a sectores del agro, forestales y tanineros. “Esta necesidad de las tanineras no representa a todos los actores de la provincia, que denunciamos los atropellos e irregularidades gestadas en la confección del proyecto de ley y nuevo mapa de OTBN propuesto y que incrementarían, tal como viene sucediendo, los escenarios de desigualdad socioeconómica y territorial”, alegaron.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) manifestaron que la ley sancionada en Chaco «es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades». Por este motivo, presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal con sede en esa provincia. Las personas denunciadas son funcionarios públicos y empresarios, acusados de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, trata de personas, entre otros delitos.
Entre los denunciados está el ministro de Producción chaqueño, Hernán Halavacs. La cartera que conduce es el órgano de aplicación del OTBN. Por su trabajo como agrónomo (sus empleadores son empresas como Vicentín) fue quien más permisos de desmontes recibió en los últimos diez años. También figuran diputados de la provincia que, al mismo tiempo, son poderosos empresarios forestales y del agronegocio. Entre ellos, Atlanto Honcheruk (PJ), dedicado a la deforestación del monte nativo y al transporte de madera. Además, preside la Comisión de Agricultura. También fue denunciado Miguel Ángel López (Juntos por el Cambio), ex director de Bosques de la Provincia y propietario de uno de los mayores aserraderos chaqueños: Forestales del Oeste SAS.
A su vez, la Asociación de Abogados Ambientalistas solicitó el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley aprobada y el cese inmediato de toda actividad de destrucción de bosque nativo.
Durante 2023 ya hubo más desmonte que en 2022
En el norte del país, la deforestación fue de 126.149 hectáreas en 2023. En Chaco arrasaron 57.343 hectáreas, en Santiago del Estero 42.871, en Formosa 17.409 hectáreas y en Salta 8.526 hectáreas. El dato también fue publicado por Greenpeace. La organización marca que desde 2014 se mantiene una tendencia de disminución de la deforestación cercana al 40 por ciento, pero los números de 2023 fueron superiores a los del año anterior. La variación fue de 118.805 hectáreas.
«Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas deforestadas durante 2023 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Resulta también grave que más del 80 por ciento de los desmontes en Santiago del Estero sean ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías Rojo y Amarillo, donde no está permitido», denunciaron en el informe.
«El consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios», indicaron desde Greenpeace.
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