Feminismo en Argentina 2019: balance de un año de lucha por una sociedad más igualitaria

El año arrancó con un batacazo electoral en un país donde muchas de las conquistas del movimiento de mujeres se ven amenazadas. En los primeros días de enero se dieron a conocer los resultados de las elecciones parlamentarias de Estados Unidos y las mujeres fueron las grandes protagonistas. Los comicios no solo garantizaron una cantidad récord de bancas femeninas, sino que entre ellas hubo latinas, afrodescendientes y, por primera vez, una mujer musulmana y una indígena fueron electas. Alexandra Ocasio-Cortez, de 29 años, se convirtió además en la mujer más joven de la historia en el Parlamento.

En febrero, el diario La Nación publicó un editorial en el que elogiaba a las “niñas madres”. El artículo celebraba que dos niñas de 12 y 14 años llevaran a término la gestación de su embarazo y condenaba a quienes -en este caso las madres de las niñas- habían sugerido interrumpirlo. El repudio al texto se expresó  bajo el hashtag #NiñasNoMadres, con más de 100 mil tuits.

Marzo fue nuevamente el mes del Paro Internacional de Mujeres que convocó manifestaciones en más de 50 países. Desde Economía Femini(s)ta participamos con una colecta de productos de gestión menstrual donados a la Casa de la Mujer de la Villa 21-24.

En sintonía con estos reclamos, el 9 de abril las mujeres argentinas conmemoramos el Día del Pago Igualitario. La fecha se eligió porque se cumplían 98 días desde el inicio del año y la cifra equivale al tiempo de más que una mujer debería trabajar para alcanzar el mismo pago que un hombre en 12 meses. Esto surge de datos locales que establecen la brecha salarial promedio entre hombres y mujeres en el 27 por ciento.

En mayo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por octava vez el proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y en Economía Femini(s)ta acompañamos lanzando nuevamente el FeminIndex, una herramienta interactiva que en años electorales permite conocer las posiciones de los y las candidatas respecto a este tema y otros de la agenda de género agrupados bajo los ejes: salud sexual y reproductiva, participación política y económica, violencia machista y derechos LGBTTIQ+.

El 2 de junio se inauguró el mapa electoral con comicios en Misiones, San Juan y Corrientes, tres provincias en las que nunca gobernó una mujer. Al día siguiente, las mujeres, lesbianas, travestis y trans marchamos por quinta vez al grito de #NiUnaMenos y ocupamos las calles reclamando intervención estatal sobre la violencia machista. En esa misma semana, se realizó el primer Congreso Internacional en Género, Ciencia y Tecnología en la provincia de Santa Fe, un hito hacia la producción de conocimiento sea más igualitaria y con fines emancipatorios.

Julio fue el mes en el que “el telar de la abundancia” llegó a los medios masivos y las estafas piramidales volvieron a ser escándalo, esta vez con un discurso generizado. En este caso se instaba a un grupo de mujeres a “regalar” sumas que rondaban los mil dólares y se les prometía que esta ganancia iba a ser multiplicada si cada una conseguía que dos más se unieran. El argumento de que esto obedecía a una alternativa antipatriarcal de circulación de dinero en la que se perseguía el desinterés para lograr el crecimiento colectivo no fue más que  una demostración de que la vulneración económica de las mujeres requiere modificaciones estructurales y que la precarización actual nos hace más permeables a este tipo de estafas que prometen soluciones mágicas.

En agosto se consagró a la fórmula Fernández-Fernández como la favorita para las elecciones de octubre y hubo una nueva disparada del dólar (que llegó hasta los 60 pesos). Unos días después, el mundo se conmovió con las imágenes de una selva amazónica en llamas y las mujeres indígenas fueron protagonistas de las manifestaciones.

En septiembre la devaluación se sintió en los precios y puso en relieve que la desigualdad que caracteriza nuestras relaciones sociales no es independiente del género: es sobre las mujeres donde recae con más virulencia la crisis.

Con estimaciones que van entre 300 y 500 mil asistentes, octubre fue el mes en el que se consumó el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias más grande de la historia. Al fin de semana siguiente, la fórmula Fernández-Fernández se consagró ganadora de las elecciones generales en primera vuelta.

En noviembre, las instituciones democráticas de Latinoamérica sufrieron un fuerte cimbronazo. A la brutal represión que sucedió a las movilizaciones que comenzaron a fines de octubre en Chile, se sumó el golpe de Estado en Bolivia. En ambos países, la presencia de las fuerzas armadas en la calle remarcó las desigualdades recayendo sobre las mujeres con numerosos casos de violencia sexual. La performance “un violador en tu camino”, del colectivo chileno Las Tesis, que denuncia la complicidad del Estado frente a la violencia machista, se viralizó y fue replicada en todo el mundo.

En este fin de año, el escenario que dejó el gobierno macrista se describe con la publicación de nuevos datos de pobreza e indigencia del Observatorio de la UCA que indican que el nivel de pobreza alcanza el 40,8 por ciento. Las mujeres somos mayoría entre los trabajadores precarizados y en los menores deciles de ingresos. Por eso esperamos que a la hora de reducir la pobreza nuestros nuevos gobernantes tengan en cuenta estas variables, tal como mencionó el presidente en su discurso de asunción, y que 2020 siente precedentes para la construcción de una sociedad más igualitaria. «

El dilema jurisdiccional

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, se había expresado sobre la reforma de la Ley 7722 en Mendoza antes de su derogación señalando que «la competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional sólo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente”. Pero no era tan así.

“La 7722 no es una ley que regule el manejo de ningún recurso natural, sino una ley de protección ambiental, más específicamente, de protección del agua. La jurisdicción de los manejos de los recursos naturales pertenece a las provincias, y por ese motivo la Nación no puede tomar decisiones de cómo se van a explotar. Pero esta ley es otra cosa”, explica la abogada mendocina Julieta Lavarello, especialista en temas ambientales.

Además existe otro argumento para señalar la responsabilidad del Ejecutivo nacional. De acuerdo al artículo 41 de la Constitución, uno de los presupuestos mínimos de protección ambiental es el principio de no regresión, por lo cual cualquier normativa, acto o movimiento que no brinde una mayor protección estaría violando el espíritu de la ley, y por lo tanto sería ilegal e inconstitucional. La obligación de todos los actores políticos es velar por el cuidado del ambiente. En este caso, la  presión social forzó una marcha atrás provincial y eximió al ejecutivo nacional.