El lobby europeo del gas marca la agenda energética y aleja a la UE del Acuerdo de París

En la antesala de la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas de este año en Bonn (COP 23), Corporate Europe Observatory y Ecologistas en Acción publican ‘Atrapados por el gas’, un informe que visibiliza la enorme capacidad de influencia del sector gasístico sobre la política energética europea y el riesgo que esto tiene de dinamitar las políticas climáticas. También arroja luz sobre el proceso de revisión de la UE de sus planes energéticos transfronterizos, también conocidos como ‘Proyectos de Interés Común’ (PIC).

El informe revela la asombrosa cantidad de dinero gastado por la industria del gas el año pasado en influir a quienes definen las políticas de la UE. Con una inversión de más de 100 millones de euros para hacer presión, las corporaciones gasísticas y sus grupos de interés contrataron a más de mil lobistas, así como a un ejército de consultoras de relaciones públicas. Una de las ocupaciones de estos grupos de presión ha sido promover el gas como combustible limpio, presentándolo como un puente para la transición hacia las renovables.

Entre las diez entidades con mayor gasto están algunas de las compañías más contaminantes del mundo, como ExxonMobil y Shell, con un gasto en lobby cada una de ellas de 4,75 millones de euros en el período de un año. El lobby del gas disfruta de una política de puertas abiertas en la Comisión Europea: en los últimos tres años han cerrado más de 460 reuniones de alto nivel con los máximos responsables de las políticas de clima y energía de la Unión Europea, el comisario Miguel Arias Cañete y el vicepresidente de Unión de la Energía Maroš Šefčovič.

‘Atrapados por el gas’ detalla cómo estos esfuerzos de lobby corporativo han llevado a la Comisión Europea y los gobiernos de los Estados miembros de la UE a promover la construcción de nuevos proyectos de infraestructuras de gas altamente controvertidos, incluyendo el Corredor de Gas del Sur desde Azerbaiyán, impulsado por compañías como BP y Fluxys, y el gasoducto franco-español MidCat, promovido por la compañía gasística española Enagás con la ayuda del comisario Arias Cañete.

La capacidad de ataque de la industria del gas sobrepasa de largo la de los grupos de interés público como las ONGs, que hacen lobby en contra de las nuevas infraestructuras. Estas apenas manejaron un presupuesto igual a un discreto tres por ciento del importe gastado por la industria en promoción, contrataron a la décima parte de personas y mantuvieron solo una novena parte de las reuniones que mantuvo la industria con los altos funcionarios de clima y energía de la comisión.

Como resultado de la intensa actividad del lobby gasístico, la Comisión Europea ha asumido como cierto el falso argumento de que su combustible es un complemento “limpio” a las renovables y sobre esa base está planificando una nueva generación de gasoductos y otras infraestructuras de gas como nuevas terminales de regasificación.

España es el cuarto país del mundo en capacidad de regasificación, con el 35 % del potencial de regasificación de la UE. Dado que, fruto de una nefasta planificación, las regasificadoras españolas nunca han funcionado a más del 40 % de su capacidad, ahora empresas como Enagás se suman a esta apuesta por nuevos gasoductos y redoblan la presión sobre las instituciones europeas para que aprueben proyectos como MidCat o la tercera interconexión con Portugal, para así poder dar salida a tanta capacidad e intentar rentabilizar las infraestructuras, al margen del coste que esto tenga para el interés publico y el calentamiento global.

Con estos proyectos, las UE incumplirá sus propios compromisos, adoptados en el Acuerdo de París, y provocará un bloqueo de otros 40-50 años de dependencia de unos combustibles fósiles que impedirán frenar el cambio climático. Si la UE quiere tomarse en serio la acción contra el cambio climático, debe mantener a la industria del gas tan lejos como sea posible de los procesos de definición de políticas tanto en Naciones Unidas, en Bruselas o en los Estados miembro de la UE.