Ecuador. “Graves vulneraciones de derechos por agentes estatales”, concluye Alianza de Derechos Humanos
Se presentan cifras y testimonios de personas heridas, detenidas que sufrieron golpes y salieron en libertad sin ningún cargo en su contra, así como de los familiares de los fallecidos.
“Le pusieron una funda de plástico para que no vea a donde estaba siendo dirigido. Le hicieron bajar en un puente, le decían “quieres vivir o morir”, este es uno de los testimonios que incluye el informe presentado por la Alianza de organizaciones de Derechos Humanos, conformada por 6 entidades, sobre el paro nacional. En él, se señala las “graves vulneraciones de derechos cometidas, principalmente, por agentes estatales”, dentro del marco de los 11 días de protestas.
“Le pusieron una funda de plástico para que no vea a donde estaba siendo dirigido. Le hicieron bajar en un puente, le decían “quieres vivir o morir”. Lo golpearon nuevamente en todo el cuerpo y le obligaban a que responda preguntas específicas sobre su participación en el paro y la de los dirigentes. Después de acceder a colaborar, lo subieron a la patrulla, pero se volvió a quedar callado, y en ese momento le dispararon y el impacto lo recibió su celular. Entonces, respondió algunas preguntas. Finalmente, llegaron al Parque El Ejido, tomaron sus datos y después de golpearlo y amenazarlo, lo dejaron en libertad” (Dirigente indígena aprehendido el 9 de octubre en el Centro de Quito”).
El informe concluye que las movilizaciones se dieron en medio de uso excesivo, desproporcionado y violento de la fuerza pública (policía nacional y fuerzas armadas) contra la ciudadanía que mayoritariamente se manifestaba de manera pacífica. La Alianza pudo registrar graves violaciones a los derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad en relación con otros derechos.
“J.S., hombre, se encontraba en una protesta cerca de Carapungo, y después entró a la casa con su primo. Los policías, alrededor de 5, entraron al domicilio, sin ningún tipo de orden u autorización competente para realizarlo y ambos fueron severamente golpeados en el cuerpo y en sus genitales”. (Su detención se dio entre el 3 y 4 de octubre. Se formalizó en Unidad de Flagrancia).
La Alianza corroboró que los actos de represión masiva desplegados al amparo de un estado de excepción y toque de queda produjeron una escalada de violencia que dejó más de mil heridos, ocho fallecidos confirmados por esta coalición de organizaciones de derechos humanos, heridos leves y graves, discapacitados, torturados, además de más de mil detenidos -449 reportados a esta Alianza- y pérdidas económicas y un exacerbamiento del racismo y la xenofobia en el país.
“Nos hincaron a todos, nos amarraron y en el centro nos botaron una bomba (lacrimógena) y el que se caía ahí le caían a patazos o a toletazos. Los menores de edad lloraban y se revolcaban en el piso y el que no hacía [el ejercicio] toletazo, patazo e incluso estaban con una tabla. Eran como 15 policías, 4 mujeres, todos salieron a reírse, se burlaban ahí…” (K.A.T, su detención fue el 8 de octubre. La audiencia fue por contravención de escándalo público. Pidió disculpas para salir en libertad).
La Alianza verificó que se vulneró también el derecho a la libertad personal y durante esas detenciones el derecho a la integridad de cientos de personas a nivel nacional. En este sentido, se logró verificar dos prácticas graves. Por un lado, la privación de la libertad de cientos de personas formalizadas ante un juez y, por otro, detenciones que no fueron formalizadas y que estuvieron acompañadas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“Estábamos sentados con el carro apagado, cuando un grupo de policías en moto se acercó, nos rodeó y comenzó a romper los vidrios de nuestro carro. Uno de ellos me apuntó con escopeta a la cara, amenazándome con disparar si no bajaba del carro. A mi hermano y a mi nos sacan a rastras del carro, y comienzan a golpearnos en el suelo y a patearnos entre varios policías. Apenas alzábamos un poco la cabeza, nos pateaban […] y nos gritaban que no intentemos ver. Luego de darnos una golpiza en la cabeza, espalda y extremidades, nos subieron a una patrulla y nos tuvieron dando vueltas por Quito por aproximadamente 2 horas. Nunca nos hicieron una detención legal. No quedó registrado en ningún documento…” (S.M.H y A.M.H, hermanos).
Más de la mitad de las personas detenidas (55%) recuperaron la libertad sin cargos y otro 16% acusadas por supuestamente maltratar o insultar a miembros de la fuerza pública, recuperaron la libertad después de que fueran condicionados a pedir disculpas a sus aprehensores, sin que les hayan podido imputar el cometimiento de algún delito. Alertan de la posibilidad de que el 71% de las detenciones hayan sido arbitrarias, aleatorias y selectivas durante operativos de represión y de persecución policial.
J.R.M, joven afrocolombiano, fue detenido el 3 de octubre, durante su audiencia de flagrancia indicó que se encontraba en la 9 de Octubre y Pichincha cuando uno de los policías motorizados gritó “cógelo por ser negro”. Las tres personas fueron patrocinadas por el CDH, no se pudo calificar la flagrancia, se demostró la detención aleatoria y expresiones racistas y finalmente fue puesto en libertad la tarde del 4 de octubre. (Detenido el 3 de octubre en Guayaquil)
Estos son algunos de los testimonios que recoge el informe de la Alianza de organizaciones de derechos humanos sobre los afectados en el paro nacional.
Fuente: Alianza de organizaciones de Derechos Humanos
Periodistas y medios de comunicación relatan lo sucedido en protestas ante la CIDH
En el día de ayer, martes 29 de octubre de 2019, varios periodistas y medios de comunicación mantuvieron una reunión con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, para compartir inquietudes sobre las presuntas violaciones a la libertad de expresión durante el paro nacional del 3 al 13 de octubre.
En las manifestaciones en contra de las medidas económicas anunciadas por el Presidente Lenín Moreno, hubo varios ataques por parte de la fuerza pública a periodistas, así como de manifestantes en contra de los comunicadores.
También se dieron varias detenciones, como la de Nicole Villafuerte, del medio digital Voces, y de Mateo Flores, de Política Con Manzanas, quienes transmitían, en vivo, lo que ocurría en las calles de la capital, sobre todo, en el Centro Histórico y las inmediaciones del parque El Arbolito, espacio de concentración del movimiento indígena.
Nicole Villafuerte dijo que fue detenida “de forma ilegal y arbitraria” mientras realizaba una cobertura para el medio Voces. Contó que en San Blas les rodearon más de 6 policías, en caballos y a pie, y empezaron a golpear a su amigo. “Empecé a pedir que paren y un policía me amenazó con golpearme. Se llevaron a mi compañero y un policía gritó “ella estaba lanzando piedras”. Me tomaron de los brazos. Comencé a llorar y me lanzaron gas pimienta en los ojos y cara, a menos de 10 centímetros, riéndose y diciéndome que es para que llore de verdad. En eso no podía ver nada y sentía que me quemaba la cara y me subieron a la moto”.
Además, el pasado 11 de octubre, la Relatoría para la Libertad de Expresión expresó su grave preocupación por las acciones del Gobierno de Ecuador en contra de Radio Pichincha Universal. En este sentido, calificó la suspensión de este medio de comunicación como un acto de censura.
La CIDH estará en el país hasta el 30 de octubre para recopilar los testimonios y documentos de posible vulneraciones de derechos humanos sobre lo sucedido durante las protestas. Posteriormente, emitirán un informe al Gobierno Nacional con sus respectivas recomendaciones.
Fuente: Pichincha Universal