Más de 240 organizaciones exigen justicia para el defensor ambiental, Golfrid Siregar

Más de 240 organizaciones y colectivos de la sociedad civil se unen en todo el mundo para pedir al gobierno indonesio que inicie una investigación exhaustiva y transparente sobre la muerte de Golfrid  Siregar, abogado ambientalista de Wahly, Amigos de la Tierra Indonesia. A su vez exigen al gobierno que proteja de forma urgente los derechos humanos de la población del país asiático.

El 6 de octubre de 2019, Golfrid  Siregar  moría en extrañas circunstancias en el norte de Sumatra. A pesar de que su cuerpo se encontró abandonado en una cuneta con severos golpes en la cabeza, la policía local señala que su muerte se debió a un accidente de tráfico. Sin embargo, los hechos plantean serias dudas: su cuerpo solo contaba con golpes en la cabeza y no mostraba lesiones ni magulladuras en otras zonas, en la misma línea ni su ropa ni su moto estaban rasgadas. Esto contradice la versión oficial y no refleja los daños propios de un accidente de tráfico. Además, se halló tierra en su ropa, algo inexplicable ya que la zona en la que se le encontró estaba pavimentada. De la misma forma, y acrecentando las sospechas de asesinato, tampoco se identificaron manchas de sangre en la supuesta zona del accidente. 

Las circunstancias de su muerte son todavía más sospechosas si se contempla que desde 2016 Golfrid trabajaba como abogado ambiental en Walhi, donde representaba a las comunidades locales en diferentes demandas asociadas a la tala ilegal de bosques, la minería y el acaparamiento de tierras entre otras.

Uno de los casos más recientes en los que estuvo involucrado fue una demanda judicial contra PT NSHE, la empresa promotora de la controvertida Represa Hidroeléctrica Batang Toru en la isla de Sumatra. La demanda judicial presentada por Walhi alegaba que la empresa violó al menos tres leyes indonesias referidas a la autorización del proyecto, buena gobernanza y vicios procesales. A su vez, el activista ambiental fue sumamente activo en una demanda ante la Comisión para la Erradicación de la Corrupción ante una posible estafa y delito de corrupción por parte de la hidroeléctrica PT NSHE y el gobierno local.

Cabe destacar que el proyecto de la Represa Hidroeléctrica Batang Toru ha generado controversia no sólo por sus problemas ambientales y sociales, sino también por las posibles actividades relacionadas con estafa y corrupción asociadas a la empresa PT NSHE. Diferentes expertos científicos han sido despedidos por hablar en contra del proyecto; activistas locales han denunciado a la empresa por acoso, intimidación y persecución, y, recientemente, el experto indonesio que confirmó que su firma había sido falsificada en la Evaluación de Impacto Ambiental fue acusado de difamación.

Existe una tendencia creciente de hostigamiento y criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo, incluida Indonesia. La muerte de Siregar  es un ejemplo trágico de la situación de indefensión que sufren estos activistas en Indonesia, que se enfrentan a continuas amenazas e intimidaciones  por sus esfuerzos por proteger a las comunidades y su medio ambiente. 

Ante tal situación de injusticia,  las organizaciones de la sociedad civil se niegan a permanecer en silencio. El gobierno indonesio debe tomar medidas urgentes e inmediatas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos.  La sociedad civil exige justicia y que los países apoyen un tratado vinculante de derechos humanos y empresas que ponga fin a esta impunidad.