«El Gran Tour del Franquismo»: 5.340 símbolos ilegales repartidos en 870 municipios del país
El autor realizó el mapa con el objetivo de «contribuir a la reparación a todas las víctimas del franquismo, crear espacios públicos de unión y debate, no de división y enfrentamiento, y seguir el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica».
Eduardo España ha realizado un monumental trabajo de recopilación de los símbolos franquistas existentes en el Estado Español, una extensa base de datos con su geolocalización, un serie de rutas para localizar monumentos, placas, callejeros, personajes, un gran trabajo infográfico.
Para la elaboración de esta guía y la página web, iniciada el 26 de abril de 2020 y concluida el 26 de octubre del mismo año, se ha llevado a cabo un proceso de recogida, catalogación, verificación y cruce de datos que ha durado 6 meses, lo que ha dado como resultado el primer catálogo nacional de la simbología franquista que permanece actualmente en España. Dicho proceso ha contado con cuatro etapas: búsqueda, clasificación y cruce, refinamiento y conclusiones, reconociendo que aún faltan datos por por incorporar al mapa.
En febrero de 2019, el Ministerio de Justicia ya solicitó a 656 ayuntamientos que -en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007- retirasen los vestigios franquistas que todavía permanecen en sus espacios públicos, como las 1.171 calles y plazas que conservan nombres de figuras de la dictadura. Entonces, recibieron una carta del director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, en la que se solicitaba la certificación sobre “la no existencia de simbología de exaltación en su municipio” y, en caso de que la hubiera, “procediese a dar cumplimiento» a la ley de Memoria Histórica. Dos años después, es evidente que muchos de esos alcaldes hicieron oídos sordos a la petición del Gobierno central.
Efectivamente, la Ley de Memoria Histórica, 52/2007, establece en su artículo 15 que las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para «la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas». El problema de la ley lo definió en su día la misma vicepresidenta del gabinete Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega que en su día aclaró que la ley «mandataba» a las administraciones públicas para que actúen en el ámbito de sus competencias; es decir, citando sus palabras textuales: «que la administración estatal no podrá obligar a un municipio a que actúe de determinada manera sino que deberá ser el consistorio el que tome la decisión sobre las calles y símbolos referidos a la Guerra Civil o a la dictadura».
Esta deficiencia en la Ley de Memoria de 2007 será corregida en el texto de la nueva ley de memoria, aún en trámite de redacción y aprobación.
A diferencia de la ley aprobada en 2007, se incluirán sanciones económicas ante determinados actos en los que un grupo de personas se dediquen a exaltar el franquismo o hacer apología de la dictadura. Aquí entrarían muchas situaciones, como la exhibición de banderas o los lemas franquistas. Esto se traduce en la ilegalidad de actos como el del 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco y José Antonio Primo de Rivera, y la clausura de locales desde donde se convoque a estas movilizaciones neo-fascistas.
En cuanto a las sanciones, desde el PSOE-Unidas Podemos distinguen tres tipos: muy graves, graves o leves. En el primer grupo, no impedir la exaltación de la figura del dictador en un municipio acarrearía para el ayuntamiento una multa de entre 10.001 y 100.000 euros. El mantenimiento de simbología de exaltación al franquismo podría valer entre 2.001 y 10.000 euros, y el deterioro de las placas identificativas a los Lugares de Memoria Histórica podría suponer una sanción de entre 200 y 2.000 euros.
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