30 años de la Insurgencia Zapatista
En la fecha en que el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari, se disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la madrugada del 1° de enero de 1994, los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomaron por las armas cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casa, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal.
Los zapatistas, como serían conocidos públicamente, provenían de los pueblos tzeltal, tzotzil, chol y tojolabal, todos ellos de la familia maya. Aunque su objetivo último consistió en la transformación revolucionaria de México en una república socialista, los rebeldes demandaron entonces “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.
Como respuesta, el gobierno federal envió al ejército y los combates duraron 11 días.
A partir del 12 del mismo mes el gobierno y el EZLN iniciarían acercamientos con el fin de buscar solucionar el conflicto por la vía del diálogo. Se establecieron las mesas de diálogo de San Andrés Larráinzar, que se mantendrían durante el gobierno de Salinas y de Zedillo.
Hasta que los zapatistas se sintieran traicionados por las reformas constitucionales que no respetaban lo acordado.
Zedillo respondía con una nueva ofensiva militar, se emitieron órdenes de aprehensión contra los dirigentes del EZLN y el hostigamiento contra las comunidades zapatistas.
La sociedad mexicana, en apoyo a los zapatistas, rechazó las acciones violentas y se manifestó inmediatamente a lo largo del territorio nacional en marchas y movilizaciones exigiendo paz y diálogo, también a nivel internacional se generó una intensa presión que se consolidó en la formación de organizaciones de solidaridad con el movimiento zapatista principalmente en América, y Europa, ocasionando que el gobierno mexicano diera marcha atrás parcialmente en las agresiones.
La principal base social del EZLN se encuentra en los municipios indígenas de la región de las Cañadas, de los Altos y la zona norte de Chiapas. Un gran número de personas al mando son indígenas y, al menos desde 1993, el aparato militar está subordinado a un consejo de delegados de las comunidades zapatistas denominado Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI).
Las comunidades indígenas en el país tienen una larga historia de explotación, abandono y exclusión de la vida política y económica nacional, por lo que han reforzado su organización comunitaria, a la vez de protagonizar históricamente diversos movimientos sociales en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, preservar sus tradiciones y costumbres o por su autodeterminación y gobierno; la zona de la selva y los Altos de Chiapas no son la excepción, por lo que el grupo guerrillero que llegó al lugar, encontró una sociedad indígena ya muy politizada, con experiencia en movilización y con comunicación permanente con diversas organizaciones políticas y sociales; la poca o nula respuesta a sus demandas por parte de las autoridades federales, estatales o locales, y la permanente violación a sus derechos fundamentales, puede explicar por un lado, las causas por las que optaron en 1994 por la vía armada, por otro lado su creciente participación en el levantamiento zapatista reforzó el carácter indígena del EZLN que rápidamente integro sus demandas en su programa y discurso, lo cual generó que durante las negociaciones con el gobierno federal, se iniciara un proceso para llegar al establecimiento de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas del país.
Por eso el EZLN, a nombre del movimiento indígena nacional incorporó los reclamos y propuestas de las diversas representaciones indígenas del país.
En el levantamiento de 1994 en Chiapas, el EZLN exigía la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del estado como del país, la reacción del gobierno federal fue el envío de tropas a Chiapas para sofocar la rebelión, se llegó a manejar la cifra de 70 mil efectivos del Ejército Mexicano.
Las movilizaciones de la sociedad civil detuvieron los ataques y a los 12 días de conflicto armado el gobierno federal declaró de manera unilateral alto al fuego. Para finales de 1994, como resultado de la campaña denominada “Paz con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indígenas”, y con apoyo de la población local, el EZLN tomó el control de 38 municipios en el estado de Chiapas sin enfrentamiento alguno; la población civil cambió los nombres de los mismos y decidieron su autogobierno. El Ejercito zapatista solo daría protección ante ataques militares o paramilitares.
El proceso de las mesas de diálogos de San Andrés, se inició con la revisión de las causas de origen al levantamiento armado en Chiapas, y se establecieron mesas de trabajo, en la primera se abordaría con base a una agenda: Derecho y Cultura Indígena.
Desde el inicio de los diálogos, se manifestaron las posturas de las partes mostrando sus convergencias y desacuerdos, iniciando con el interés del EZLN por otorgar al diálogo rango nacional y la del gobierno federal por reducirlo a un asunto local de Chiapas.
Se acordaron propuestas de carácter nacional, y en la mesa de Derecho y Cultura se lograron consensos en la necesidad de que la nueva relación con los Pueblos Indígenas se realice en marco de una profunda reforma del Estado, el concepto de pueblo indígena, el principio de autonomía, la reforma al municipio para crear, entre otras posibilidades, la de agrupar comunidades o municipios sin constituir otras instancias.
Las conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal, terminaron con la firma en febrero de 1996 de los acuerdos de San Andrés sobre el “Derecho y Cultura Indígena”, que comprometían al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y que éstos gozaran de autonomía.
Los diálogos también dieron pie a la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI) el 12 de octubre de 1996, un movimiento de pueblos, barrios, tribus, naciones, colectivos y organizaciones indígenas, con el lema «Nunca más un México sin nosotros» y con el objetivo de la reconstitución integral de los pueblos indígenas.
Asímismo se conformó la Comisión de Concordia y Pacificación, en marzo de 1995, una comisión legislativa bicameral conformada por la Cámara de Diputados y de Senadores de México, encargada de ayudar en el proceso de diálogo.
A poco tiempo de firmados, los Acuerdos de San Andrés fueron desconocidos por el Presidente Ernesto Zedillo.
Se acentuó una política de cerco y asedio que, organizada por el gobierno federal y local con el apoyo de los terratenientes y los ganaderos, organizó fuerzas paramilitares entrenadas por el propio ejército y asignó considerables recursos a la cooptación de ciudadanos y de grupos, al tiempo que acentuaba la expulsión de los opositores de sus tierras y de sus pueblos. Actos de violencia y acosos militares y paramilitares que culminaron con la matanza de Acteal, sin embargo, prevaleció el ánimo por la conciliación y la paz que permitió en varias ocasiones encuentros de diálogo.
En 2001 nuevamente el EZLN dio oportunidad al gobierno, encabezado ya por Vicente Fox, de cumplir las demandas de los pueblos indígenas, y realizó una marcha por trece Estados de la República en apoyo del proyecto, culminando con un acto en el Congreso de la Unión donde mujeres y hombres zapatistas impactaron con sus discursos, y nuevamente la sociedad civil los acompañó y se movilizó para apoyar las exigencias.
Lamentablemente los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura indígena fueron rechazados por la clase política mexicana faltando a sus compromisos, los zapatistas no llamaron a las armas, el EZLN y el CNI deciden proponer la construcción propia de su autonomía, “desde abajo y a la izquierda”, sin esperar ningún reconocimiento del gobierno se dedicaron a construir la autonomía de los “territorios rebeldes”.
La reforma constitucional de 2001 canceló por lo pronto la reforma esperada en materia de pueblos indígenas, pero convirtió al documento en un hito de la historia moderna de México.
En 2003, el EZLN anuncio la creación de Los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, que reforzaron el principio del “mandar obedeciendo”, -escuchan, hacen, deciden y mandan, obedeciendo a las comunidades y sus organizaciones territoriales-, y en la autonomía permiten plantear un proyecto fuerte de redes con posibilidades nacionales e internacionales. Desde su creación se formaron maestros y médicos zapatistas y se edificaron escuelas y clínicas. Además, se desarrolló un sistema de justicia al que acuden tanto zapatistas como otros miembros de la sociedad, por ser más eficaz que el institucional.
Los Caracoles en palabras de Pablo González Casanova “abren nuevas posibilidades de resistencias y de autonomía de los pueblos indígenas de México y del mundo, una resistencia que incluye a todos los sectores sociales que luchan por la democracia, la libertad y la justicia para todos”.
Los Acuerdos de San Andrés constituyeron una de las declaraciones políticas más importantes a nivel mundial, no sólo definen los derechos de los pueblos indígenas, la autonomía de sus gobiernos y la preservación de sus culturas. Proponen la construcción de un Estado pluriétnico que fortalezca la unidad en la diversidad, la inclusión, la no discriminación, y la articulación de las comunidades desde el nivel local al nacional. El zapatismo centra la construcción del poder desde la sociedad civil articulada, a través de construir y practicar la autonomía y el autogobierno pluriétnico respetuoso, combinando democracia participativa y electoral, la rendición de cuentas y la rotación del mandato.
La aportación zapatista de plantear una nueva relación con los Pueblos Indígenas en el marco de una profunda reforma del estado, evidenció la insuficiencia del marco jurídico vigente que omite derechos o reduce el impacto de otros, por lo que, con el tiempo, en distintos espacios se han elaborado nuevas propuestas de reformas constitucionales, las cuales se plantearon en el marco de los diálogos de San Andrés.
La trascendencia del zapatismo no solo incidió en la vida interna del país, visibilizó y puso en la mesa de discusión la problemática de las comunidades indígenas en el mundo, su exclusión de la vida política, económica y social, y la necesidad de generar una armonización de los derechos culturales y la normatividad jurídica de los estados, que garantice la inclusión e igualdad de la diversidad, y el pluralismo para el ejercicio de una vida democrática y abrió la opción hacia la construcción de un nuevo pacto donde se pone en el centro los derechos humanos de todas las personas, de las minorías, de los pueblos, de las naciones y la dignidad del ser humano, que como señalan los zapatistas inicia con el respeto a uno mismo, y exige y organiza el respeto a los demás.
(Texto de CNDH).