Encuentro por la Memoria promueve una declaración de «apoyo al derecho a la justicia para todas las víctimas del franquismo y la transición»

El Encuentro por la Memoria ha promovido una declaración de apoyo al derecho a la justicia para todas las víctimas del franquismo y la transición. Un manifiesto en el que se transmite el apoyo a las causas internacionales iniciadas contra los crímenes del franquismo que, desde hace años, chocan con la legislación española.

La declaración, aprobada por el VI Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Democrática y de Víctimas del franquismo a propuesta de La Comuna – Asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista, centra su atención en la denominada querella argentina, un proceso iniciado en el año 2010 para tratar de brindar justicia a las víctimas del franquismo bajo el amparo del principio de justicia universal.

«Hace más de 14 años que se inició en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 1, de Buenos Aires, Republica Argentina, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, la querella 4591/2010 por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado español durante la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 (ampliado después hasta 1978), amparándose en los principios de justicia universal que habían permitido el juicio al torturador argentino Scilingo por la justicia española», apunta la declaración.

Sin embargo, tal como indican, los procedimientos han encontrado reiteradas veces el bloqueo por parte de la justicia española, «a pesar de que la Ley 20/2022 de Memoria Democrática fue presentada como la solución para acabar con la impunidad de los crímenes de la dictadura y para cumplir con los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario».

En este sentido, recuerdan que los motivos de archivo de las querellas continúan siendo los mismos que antes de la aprobación de legislación de 2022, siendo la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, el principio de legalidad, o la supuesta prescripción del delito, los argumentos esgrimidos por los tribunales españoles.

Por este motivo, la declaración transmite «su apoyo al derecho a la justicia para todas las víctimas del franquismo y la transición y en concreto a la querella argentina, exigiendo al gobierno que colabore con las peticiones de la juez María Servini», así como » a las querellas presentadas en el Estado, dándoles difusión y contribuyendo a ampliar su número. Deberán ser cientos, miles… las que sean necesarias, por difícil que sea, hasta conseguir romper ese muro de impunidad».