La memoria democrática exige un Estado laico y, para ello, la revocación de los Acuerdos con la Santa Sede

El 3 de enero de 2024 se cumplen 45 años de la firma de los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, y apenas 5 días más de la entrada en vigor de la Constitución hoy vigente, el 29 de diciembre de 1978. Es bien sabido que aquellos Acuerdos con un Estado teocrático, que se negociaron antes que la Constitución, siguen socavando la soberanía nacional en desorbitado beneficio de la Iglesia católica, una institución que viola los derechos humanos, especialmente de las mujeres, los homosexuales y la infancia.

Con motivo de esta efeméride, quiero mostrar cómo la pervivencia de esos Acuerdos y, en definitiva, de la situación de confesionalidad de hecho del Estado español, contraviene la denominada “memoria histórica” o “memoria democrática”.

El 19 de octubre de 2022 entró en vigor la Ley de Memoria Democrática (LMD), que palió deficiencias de la Ley de Memoria Histórica de 2007, algo muy de celebrar, pero que aún quedó lejos, en varios aspectos, de ser suficiente, a pesar de la autocomplacencia de los partidos políticos que la sacaron adelante, y del rechazo de la derecha ultramontana –lo que desde la razón democrática se suele interpretar como buen indicio–.

Recordemos que la “memoria” de que estamos hablando es la del funesto franquismo, y cabría esperar que de su principal seña de identidad ideológica, el nacionalcatolicismo. La memoria histórica y democrática no debe olvidar ese fundamento nacionalcatólico del franquismo, por el cual la ideología católica fue consustancial con la dictadura, y la Iglesia cómplice activa tanto del golpe de Estado de 1936, como de la represión y los crímenes franquistas; en definitiva, de violaciones masivas de los derechos humanos.

Sin embargo, según denuncian asociaciones memorialistas, como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Hstórica (ARMH) o el Ateneo Basilio Lacort, la LMD ni siquiera menciona en ningún momento a la Iglesia católica o al nacionalcatolicismo. Con ese asombroso “olvido”, hablar en la ley de “verdad, justicia y reparación” suena a broma de mal gusto. El Ateneo reclama, por el contrario, “que se le pidan cuentas a la Iglesia católica por su papel de pilar de la dictadura y su represión”.

No se debe olvidar que el nacionalcatolicismo quedó plasmado en las leyes y prácticas del Movimiento, y se asentó de manera central mediante el Concordato de 1953 con la Santa Sede. Pues bien, ese deleznable Concordato sigue vigente, solo que “revisado” mediante los citados Acuerdos de 1979, y los de 1976. Unos Acuerdos que menoscaban la soberanía nacional al ponerla a los pies de los intereses de otro Estado, por más señas un Estado teocrático, antidemocrático, vulnerador de derechos humanos básicos (en especial de mujeres y niños). Por su parte, la Constitución de 1978 dejaba atados y bien atados algunos empeños claves del dictador, como la continuidad en la jefatura del Estado de la muy católica y poco ejemplar dinastía borbónica, y las prerrogativas de la Iglesia católica (artículo 16.3).

Retornando a la LMD: como dice el Ateneo Basilio Lacort, “En buena lógica, si el franquismo queda declarado ilegal en la ley, ¿cómo no se hace lo propio con dichos acuerdos franquistas?”.

¿En qué se traduce ese continuismo con una parte fundamental de la esencia del franquismo? En que la Iglesia católica, pese al gran avance en la secularización de la sociedad española, sigue gozando de unos privilegios (económicos, educativos, simbólicos, mediáticos…) incompatibles con la democracia, pues suponen una violación del principio de igualdad entre las ciudadanas y ciudadanos, y un atentado a la libertad de conciencia de las personas, sobre todo las más vulnerables, como veremos.

Cabe destacar que la Iglesia disfruta de unas prerrogativas económicas descomunales (muy superiores a las del franquismo), pues el Estado le aporta más de 12.000 millones de euros cada año, entre asignaciones directas y exenciones de impuestos, según ha calculado y denunciado Europa Laica. Además, los poderes políticos han propiciado la apropiación ilegítima de más de 100.000 bienes públicos de incalculable valor por parte de la Iglesia entre 1946 y 2015 mediante las llamadas “inmatriculaciones”. Éstas empezaron en el franquismo (1946) y se incrementaron en 1998 con una ley de Aznar. Y el monumental expolio quedó convalidado en 2021, merced a la complicidad del gobierno “progresista” de PSOE y Unidas Podemos, con un listado deplorable y un carpetazo ignominioso.

Una buena parte del dinero que el Estado aporta a la Iglesia es, además, para continuar con el adoctrinamiento católico, un elemento esencial del franquismo que propició, y en buena parte consiguió, la interiorización de una ideología irracionalista, anticientífica y ultraderechista. Esta atroz y fanático fundamentalismo fue clave, en particular, para la represión de las mujeres y los homosexuales, al imponer un pensamiento y unos comportamientos extremadamente machistas y antidemocráticos.

La LMD se propone “reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática”. Lamentablemente, cuando hablamos de las víctimas del franquismo, solemos olvidar la gran cantidad de personas (en especial mujeres y homosexuales, pero también hombres heterosexuales) que vivieron unas vidas atrofiadas por la sumisión de sus cuerpos y sus mentes a los dictados de individuos sotánicos que reprimían y culpabilizaban sus pensamientos, deseos, sentimientos y acciones. Víctimas silenciosas que no pagaron las atrocidades nacionalcatólicas con sus muertes, pero sí con sus vidas, unas vidas menguadas y sometidas. La escritora Esther López Barceló relata, en una entrevista a propósito de su novela “Cuando ya no quede nadie”, “cómo las mujeres encerradas en lo doméstico hicieron grandes proezas de resistencia en una de las épocas más oscuras de nuestra historia que fue la represión franquista. …se enfrentaron a situaciones terribles porque la represión sobre ellas fue doble, de clase y sexual”.

La periodista Carmen Rengel, en “La Ley de Memoria Democrática, un conjuro tardío pero honesto contra la injusticia”, dice que la LMD contempla “una definición de víctima ampliada” respecto a la ley de 2007, pero me temo que la definición se sigue quedando corta al menos en el sentido que señalo; ¿víctimas de qué modo, y de quiénes? Ciertamente, la LMD reconoce que “las mujeres sufrieron humillaciones, vejaciones, violaciones, persecución, violencia o castigos por su actividad pública o política, por el mero hecho de ser mujeres o por haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o asesinados. …fueron represaliadas por haber intentado ejercer su derecho al libre desarrollo personal y haber transgredido los límites de la feminidad tradicional”, y más adelante añade que la represión contra las mujeres “se manifestaría en una forma de represión ideológica, moral, religiosa y de género que se cebó con las mujeres más vulnerables de la sociedad, como eran las madres de familia numerosa, mujeres pobres o solteras”. Sin embargo, esa represión se produjo de manera sostenida y disfrazada de bondad sobre todas las mujeres, y no sólo sobre ellas, y lo que es clave, desde la infancia, mediante un adoctrinamiento y una represión religiosa que no se describen y desarrollan en la ley, pero que atentaban de una forma implacable contra su autonomía moral, contra su libertad de conciencia, y por tanto contra el desenvolvimiento de su vida.

Por todo lo dicho, aunque el Art. 34 de la LMD promete “…medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver a repetirse”, no se percibe en la ley que hoy día sigue perpetrándose la violación de los derechos humanos infantiles que supone la catequesis; de manera destacada, por lo que respecta a la responsabilidad estatal, la catequesis escolar –anticientífica, misógina y homófoba– en las asignaturas de religión católica (y de otras religiones). Solo que, obviamente, en la actualidad los efectos nocivos de la catequesis están atenuados, por fortuna, gracias a un entorno más secularizado.

Los gobiernos democráticos de distinto signo, en vez de terminar con ese acoso mental, lo que han hecho ha sido extenderlo a las irracionalidades y menoscabos morales de otras religiones, como la islámica, la evangélica o la judía. No se olvide, además, que el abuso mental catequista es, con mucha frecuencia, la antesala de los numerosísimos abusos sexuales sobre la infancia. Es decir, el adoctrinamiento religioso no sólo promueve la sumisión de la mujer al hombre, introduciendo una ideología machista que favorece la persistencia de la violencia de género, sino que además facilita entornos de abuso de autoridad y poder que facilitan el paso a abusos sexuales sobre niños y niñas.

En consecuencia, es evidente que para desarrollar la memoria democrática en la escuela no basta con introducir en los contenidos curriculares un relato (además, píamente censurado) de la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura, sino que hay que eliminar el abuso mental religioso que tanto caracterizó a la misma dictadura.

En definitiva, para respetar verdaderamente la memoria democrática hace falta recuperar una versión actualizada del Estado laico (la II República) que quedó fulminado con el golpe franquista de 1936. Hace falta terminar con el adoctrinamiento religioso infantil (a cambio, una educación emancipadora en una escuela pública, universal y laica), y hay que acabar con las prerrogativas de todo tipo de la Iglesia católica. Si no se hace así, la memoria democrática y los derechos humanos seguirán siendo vulnerados. Recordemos que, contra lo que propala el clericalismo, el laicismo no es antirreligioso, sino que establece un marco de convivencia en igualdad en el que las convicciones particulares se desarrollen con libertad, respetando el derecho común y sin intromisiones del Estado.

Volviendo a la efemérides del 3 de enero: puesto que, como escribió Gonzalo Puente Ojea, el laicismo es un principio indisociable de la democracia, y puesto que los Acuerdos con la Santa Sede son un obstáculo insalvable para alcanzar un Estado laico (verdaderamente democrático), desde Europa Laica y otras organizaciones laicistas insistimos en la inaplazable necesidad de denunciar y anular (no actualizar o modificar) esos Acuerdos, y, naturalmente, los de 1992 con otras confesiones religiosas. Esperemos que las fuerzas “progresistas” en el poder hagan efectivo ese progreso fundamental, de modo que en el 46 aniversario de los Acuerdos de 1979 celebremos que estos, los de 1992, y todas las leyes, normas y hábitos políticos derivados, ya no están vigentes.

*Juan Antonio Aguilera Mochón, miembro de la Junta Directiva de Europa Laica.