Declaración de apoyo del VI Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Democrática y de Víctimas del franquismo en apoyo al derecho a la justicia para todas las víctimas del franquismo y la transición

Proposición en apoyo al derecho a la justicia para todas las
víctimas del franquismo y la transición

Hace más de 14 años que se inició en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 1, de Buenos Aires, Republica Argentina, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, la querella 4591/2010 por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado español durante la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 (ampliado después hasta 1978), amparándose en los principios de justicia universal que habían permitido el juicio al torturador argentino Scilingo por la justicia española que, sin embargo, se había negado a enjuiciar los crímenes del franquismo, tal como sigue haciendo.

En estos 14 años la jueza Servini imputó a más de veinte personas: torturadores, cargos públicos franquistas, un médico, exministros de gobiernos de Franco, etc. Y llegó a procesar al exministro Rodolfo Martín Villa por cuatro homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad, del total de doce por los que sigue imputado a pesar de que su procesamiento fue revertido por la Cámara de Casación argentina. También la jueza ha emitido decenas de rogatorias y órdenes de detención y extradición de estos criminales franquistas, la mayoría de las cuales no han sido atendidas por el Estado español, ni siquiera con los últimos gobiernos progresistas.

A lo largo de estos años han sido varias las delegaciones de querellantes y juristas que han acudido a Buenos Aires, la más reciente el pasado mes de marzo, ha acudido una delegación de CEAQUA para presentar en el Juzgado No1 varios informes de expertos e investigadores en historia, Protocolo de Estambul, juristas y bebés robados. Junto al testimonio de víctimas de crímenes del franquismo, se ha intentado reforzar el informe de contexto del conjunto de la querella, solicitando varias actuaciones de la jueza: que siga enviando rogatorias y/o indagatorias, que vuelva a pedir la detención y/o extradición de las personas ya imputadas que aún quedan vivas, que se imputen a más victimarios y que se procese de nuevo a Martín Villa.

Por otra parte, cuando la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, envió́ una orden en 2016 instruyendo a todos los fiscales para “rechazar toda rogatoria, exhorto y o pedido de medidas de prueba que tuviera que ver con la querella argentina” –mantenida hasta 2020– se planteó la necesidad de presentar en el Estado español querellas criminales por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista. La primera querella se formalizó en junio de 2017 y después han seguido más de cien, siendo la última de ellas, el 9 de mayo, en Valencia por parte de familiares de personas asesinadas y desaparecidas en las fosas de Paterna.

A pesar de que la Ley 20/2022 de Memoria Democrática fue presentada como la solución para acabar con la impunidad de los crímenes de la dictadura y para cumplir con los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, lo cierto es que las querellas presentadas tras la aprobación de dicha ley, apoyadas por la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y de Memoria Democrática hasta el momento no han sido admitidas, salvo la de Julio Pacheco Yepes por torturas sufridas en 1975 contra varios policías de la Brigada Político Social (BPS) en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid.

Los motivos del archivo de las querellas sostenidos por la judicatura siguen siendo los mismos que antes de la aprobación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, a saber:

• Aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.
• Principio de legalidad.
• Prescripción del delito.

Además, también se ha alegado que La Ley 20/2022 de MD contempla otros mecanismos de reparación distintos a la jurisdicción penal o no es competente para este tema, tal como denunciamos en su momento desde CEAQUA y el ENCUENTRO POR LA MEMORIA cuando estaba siendo tramitada.

En el reciente documento ”Mandatos del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, del 30 de abril de 2024, de nuevo se le recuerda al presidente del Gobierno que “(…) en virtud del artículo 2 del PIDCP [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP], los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, tipificadas como crímenes en la legislación nacional o internacional, en particular el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras infracciones graves de los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada.

No investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos. La impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones.”.

No puede ser más certero porque precisamente han sido las reiteradas vacilaciones y pusilanimidad de los diferentes gobiernos de la democracia respecto a las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados por la dictadura franquista lo que ha propiciado el mantenimiento de su impunidad y el resurgimiento del negacionismo y el revisionismo histórico de la derecha. Las consecuencias de la dejadez del Estado de sus obligaciones respecto a la justicia transicional y el abandono y olvido perpetrados contra las víctimas del franquismo y la transición, base del pacto del régimen del 78, han propiciado la actual situación.

Pedimos que el VI Encuentro recalque su apoyo al derecho a la justicia para todas las víctimas del franquismo y la transición y en concreto a la querella argentina, exigiendo al gobierno que colabore con las peticiones de la juez María Servini. También a las querellas presentadas en el Estado, dándoles difusión y contribuyendo a ampliar su número. Deberán ser cientos, miles… las que sean necesarias, por difícil que sea, hasta conseguir romper ese muro de impunidad.