Últimos asesinatos del franquismo: de las víctimas a los victimarios

El viernes 26 de setiembre de 1975 el Consejo de Ministros del gobierno de Carlos Arias Navarro confirmaba, por unanimidad, las penas de muerte de cinco encausados acusados de matar a cuatro miembros de la Policía Armada y de la Guardia Civil. Al día siguiente, José Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegi, activistas políticos antifranquistas adscritos al FRAP y a ETA son fusilados en Madrid, Barcelona y Burgos; el pelotón de ejecución de los tres primeros lo hizo voluntariamente.

La Jurisdicción Militar desplegó una violencia inusitada al vulnerar los derechos fundamentales a un juicio justo contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según expresa un informe de las Naciones Unidas en 2010. La Brigada Político Social no presentó testigos y los testigos de la defensa no fueron aceptados; se rechazaron todas las pruebas documentales. La prensa internacional denunció las irregularidades de unos procesos judiciales en los que todos los recursos fueron desestimados.

Desplacemos ahora el enfoque puesto en las víctimas para ponerlo en los verdugos. ¿Quienes fueron? Qué personajes siniestros formaron parte del aparato represor de los últimos años del franquismo y la transición? Cuál era el entramado que aprobó leyes y decretos, acusó, imputó, formuló, dio la orden de detención, interrogó, torturó, firmó sentencias, falló, ejecutó y ostentó la mayor violencia política sobre quienes comprometieron su vida al servicio de los derechos políticos, civiles y son por ello un referente ético?

Los cargos franquistas investigados por crímenes de lesa humanidad y denunciados por el colectivo de Víctimas del Franquismo y la justicia argentina son ex ministros, ex policías, ex jueces, ex miembros de las Fuerzas Armadas y un ginecólogo: Abelardo García, acusado del robo de bebés. Antonio Carro, ex político y jurista, José Mª Sánchez Ventura, cuya labor política fue premiada con la Gran Cruz del Mérito Civil y el también condecorado Fernando Suárez, ex ministro de Trabajo de Franco, convalidaron las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen de los que hoy se cumplen 46 años.

A Rodolfo Martín Villa se le atribuyen crímenes de lesa humanidad no solo por lo que hizo durante el franquismo y la matanza de Vitoria en 1976 sino por lo que hizo en democracia: se le considera responsable de un total de 12 muertes a manos de policías, guardias civiles y grupos de extrema derecha entre 1976 y 1978. El que fuera ministro de la Gobernación en el gobierno de Adolfo Suárez ascendió a muchas decenas de policías y torturadores venidos de la dictadura. Puso a la cabeza de la Brigada Político Social al comisario Roberto Conesa, acosador del FRAP y de toda la oposición antifranquista; el “maestro” del aberrante torturador Billy el Niño, recibió la Medalla de Oro al mérito policial el 1 de julio de 1977.

Las denuncias y ordenes de extradición dirigidas al ex policía Antonio González Pacheco alias Billy el Niño y al ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas fueron rechazadas en 2014 por la Audiencia Nacional por considerar prescritos sus delitos y archivados sus casos.

Saturnino Yagüe, Billy el Niño y otros torturadores apalearon y torturaron a miles de hombres y mujeres antifascistas en la sede de la Dirección General de Seguridad. No hay en el edificio de la Puerta del Sol mención alguna de los delitos allí cometidos; los nombres de los victimarios han sido ocultados, los de las víctimas silenciados: ni una cita, ni una alusión, ni una pequeña placa de recuerdo y homenaje a las mujeres y hombres que padecieron vejaciones, torturas y muerte en nombre de la libertad y la democracia. Sin embargo, la mayoría de jueces y fiscales del Tribunal de Orden Público franquista fue promocionada al Tribunal Supremo porque el Estado español concede a torturadores y asesinos los honores que niega a las víctimas.

Franco cerró su círculo criminal iniciado con el golpe del ´36 con los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975. Los últimos ejecutados -que serían héroes de la democracia en países vecinos como Alemania o Francia- aquí siguen siendo culpables porque sus sentencias continúan siendo firmes.

Hemos sido convocadas a esta conmemoración de recuerdo y homenaje. Para el Foro por la Memoria es una oportunidad para defender la legitimidad de la lucha armada contra el franquismo. Y de reivindicar verdad, justicia y reparación para las víctimas, comenzando por la anulación de todas las sentencias de la dictadura. Por ello, reclamamos al Proyecto de Ley de Memoria Democrática la modificación efectiva del marco legal que permita llevar ante la justicia a todos los responsables, aplicando para ello el tipo penal de crímenes contra la humanidad.