Manifiesto de CEAQUA ante el proyecto de Ley de Memoria Democrática pendiente de aprobación final en el Congreso
- La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA) se constituyó en Madrid, el 18 de mayo de 2013, con el objetivo de impedir la impunidad de los causantes de aquellos crímenes que la conciencia universal y el derecho internacional han elevado a la categoría de imprescriptibles, inamnistiables, inindultables y sujetos a persecución judicial en todo tiempo y lugar.
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Manifiesto
Es evidente que el actual proyecto de Ley de Memoria Democrática, en su redacción oficial actual e incluidas las enmiendas aceptadas y transaccionadas conocidas, contiene una serie de mejoras importantes en relación con la situación legal anterior, como no podía ser de otra forma, dado el poco desarrollo de la Ley de Memoria vigente y la lucha e insistencia con que las organizaciones memorialistas, integradas en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) han venido desarrollando desde hace años. En este Proyecto de ley se recoge una amplia definición de víctima del franquismo; la creación de un censo de las mismas; se elaborará un mapas de fosas y se hace responsable al Estado de la búsqueda de desaparecidos y las exhumaciones; se declara la nulidad de los tribunales franquistas y sus sentencias; se crea un Banco de ADN; se destaca la memoria y la investigación de la lucha de las mujeres y se implementa el estudio obligatorio de la memoria histórica en ámbito educativo, entre otros temas. Aun así, vemos con preocupación que el proyecto resultante sigue asentándose en los pilares fundamentales que conforman el régimen de impunidad para con los crímenes del franquismo que venimos arrastrando desde hace ya 45 años.
En el ámbito de la VERDAD, consideramos que el reconocimiento de la misma es parcial e interesado, pues sigue invisibilizando y, por ello, protegiendo a los victimarios. Si no hay investigación judicial no puede establecerse una ‘verdad jurídica’ sobre los hechos acaecidos. Además, el mantenimiento en vigor de la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968 impide la investigación de muchos de los crímenes cometidos. Igualmente, el hecho de que la proposición de Ley de Bebés Robados esté paralizada en el Congreso de los Diputados desde hace dos años, está contribuyendo a que queden impunes estos graves delitos.
En lo que respecta al derecho a la JUSTICIA los déficits son mayores, pues se siguen cerrando las puertas de los tribunales del Estado a las exigencias planteadas por las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo: asesinatos, desapariciones, bebés robados, trabajo esclavo, torturas, cárcel, exilio, expolio patrimonial… Parece que la investigación que se supone llevaría a cabo el Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria que se crearía, derivaría hacia la jurisdicción voluntaria y no hacia la penal. Por si fuera poco, la Ley de Amnistía de 1977 no se anula ni deroga y el derecho internacional referido a esta materia sigue sin ser reconocido, con lo que nos hace temer que no se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos durante la dictadura y la Transición
Evidentemente, si partimos de una verdad parcial e interesada y de la negativa a acceder a la Justicia, la REPARACIÓN derivada de lo anterior, lejos de ser integral, se queda, como ya está ocurriendo en muchos casos, en algo puramente mediático-administrativo, en el terreno “moral” y no jurídico, que es como señala el derecho internacional. Y, hasta el momento, se cierra la posibilidad de que los expolios patrimoniales padecidos sean revertidos y los daños causados sean justamente compensados e indemnizados.
Por último, debido al silenciamiento, protección y amparo otorgado a los victimarios y a la ya señalada negativa a abrir las puertas de la Justicia a las exigencias de las víctimas, las GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN de las vulneraciones de derechos humanos padecidas durante el franquismo quedan muy en entredicho. Reclamamos a los grupos que conforman el Gobierno y a todos aquellos que han afirmado la necesidad de acabar con el actual régimen de impunidad para con los crímenes franquistas, que no cierren en falso esta oportunidad histórica y actúen en consonancia con las reiteradas exigencias de los organismos internacionales y del propio movimiento memorialista. Porque cerrar las heridas aún abiertas por los crímenes del franquismo exige algo más que conformarse con las mejoras parciales que el Proyecto de Ley de Memoria Democrática contiene.
Por todo ello, desde CEAQUA hacemos un llamamiento expreso a los grupos parlamentarios para que exijan, en esta última etapa, la incorporación de las demandas expuestas y que resultan imprescindibles para revertir el modelo de impunidad actual.
En caso contrario, una vez más, se dejará en el más absoluto desamparo judicial a las víctimas del franquismo, sus familiares y al conjunto de la sociedad, reforzando la negación de derechos fundamentales que tan severamente ha sido censurada desde instancias internacionales, básicamente, desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.