La Ley de Memoria Democrática mantiene la impunidad del franquismo y deja sin reparar a las familias de los desaparecidos

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que inició la búsqueda científica de desaparecidos en octubre de 2000, lamenta la aprobación de una Ley de Memoria Democrática que no garantiza los derechos de las víctimas de la dictadura franquista ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación.

El texto que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado no abre ninguna puerta de acceso a la justicia para las víctimas “y demuestra que la voluntad del legislador no es juzgar los crímenes de la dictadura por mucho que hayan incluido un párrafo para recordarles a los jueces que existen los tratados internacionales, algo irrelevante si tenemos en cuenta que ese es el artículo 96 de la Constitución, que lleva en vigor desde 1978.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado por una prueba genética “si realmente el Gobierno hubiera querido juzgar los crímenes de la dictadura habría derogado la Ley de Amnistía porque mientras esté en vigor la impunidad de los crímenes franquistas asentada en nuestra legislación.

La ARMH entregó en mano a Pedro Sánchez en septiembre de 2019 un documento que contenía sus reivindicaciones y se dirigió antes del veranos a todos los partidos con representación parlamentaria para exigir la aprobación de un texto que corresponde a las recomendaciones e de los dos informes de Naciones Unidades de 2014. “Se habla de verdad pero no se va a contar la historia de los golpistas de 1936 y de los dirigentes y beneficiarios de la dictadura; se habla de justicia pero no se va a juzgar a nadie porque se crea una Fiscalía de cartón y de deja en vigor la amnistía para los franquistas; y se habla de reparación pero el Estado no va a indemnizar a las familias de los desaparecidos ni va a devolver los vienes incautados por el franquismo a punta de pistola”, explica Silva. Y añade: “Eso sí, de nuevo vemos reparación económica para organizaciones políticas, como se ha hecho en otras ocasiones, son indemnizados algunos partidos políticos y sindicatos pero no hay indemnización para las personas”.

Uno de los puntos más controvertidos de la Ley de Memoria Democrática son las fechas elegidas para las conmemoraciones. “Por un lado el 8 de mayo para conmemorar el exilio, como si a España la hubieran liberado los aliados. ¿Qué le pasó el 8 de mayo de 1945 a cualquier republicano español exiliado? Que se alegró por la derrota del nazismo pero eso no le acercó a su tierra ni en el tiempo ni en el espacio y tuvo que esperar, si tuvo la suerte ar vivo en 1975, treinta años para poder volver”, analiza Silva. La fecha para conmemorar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura es el 31 octubre, porque ese día de 1978 se aprobó el texto de la Constitución que se sometería a referéndum. “Esa Constitución no mencionó el anterior periodo democrática que fue la Segunda República, ni dice nada de las víctimas ni de las personas que lucharon contra la dictadura. Y a eso tenemos que añadirle lo que aseguró en el Congreso el Ministro Félix Bolaños cuando dijo que era el día para celebrar a todas las víctimas de la guerra civil e insistió diciendo a todas. Es decir, vamos a celebrar a quienes murieron dando un golpe de Estado a la vez que a sus víctimas. ¿Diría eso el ministro refiriéndose a las víctimas del terrorismo o iría a proponer en Alemania un día que conmemore a la vez a las víctimas y a los verdugos del Holocausto”, critica Silva. Y añade: “Lo que une las dos fechas es que los malos no están, los fascistas que dieron el golpe asesinado a decenas de miles de civiles que siguen desaparecidos no aparecen. En la fecha del 8 de mayo los malos son los nazis. En la del 31 de octubre los buenos son los padres de la Constitución, esos que dejaron morir a mi abuela sin saber nada del cuerpo de su marido y sin recibir ninguna atención por parte del Estado. ¿Por qué no conmemoramos y condenamos cada 18 de julio que hubo gente capaz de ejercer una terrible violencia para apoderarse del poder”.

Además, la ley no menciona a la iglesia católica, como si no hubiera sido una de las grandes herramientas de la represión; no señala y exige reparaciones en las empresas que utilizaron esclavos políticos para enriquecerse; habla de hacer un censo de víctimas pero no de verdugos, en concreto dice 128 veces la palabra víctima y cero veces la palabra verdugo. También habla de enseñar en los colegios la historia de quienes construyeron la democracia pero no quiere enseñar la de quienes la destruyeron. Habla de la responsabilidad del Estado en la búsqueda de desaparecidos pero no crea un institución que atienda a las familias por lo que perpetúa un modelo de subvenciones contrarío a los derechos humanos, que hace que las familias de las víctimas compitan entre ellas por recursos limitados y no aplica el principio de que los derechos humanos son universales y los Estados democráticos deben garantizarlos, no subvencionarlos.

Entre las peticiones que hizo la ARMH a todos los partidos políticos con representación parlamentaria están además: la nulidad de las sentencias y la devolución de los incautado; la formación al ejército y las fuerzas de seguridad del Estado en materia de memoria histórica y derechos humanos; la creación de una institución que atienda a las familias de los desaparecidos, los cuide, los ayude y les garantice de forma real el derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación simbólica y material; la retirada de todas las bibliotecas de libros que permanecen censurados y que miles de personas los siguen leyendo amputados sin saberlo; la digitalización de toda la documentación sobre la represión para que sea accesible de manera libre y gratuita; y el fin del apartheid entre víctimas de distintas violencias, que se acabe con la discriminación por la que las víctimas del terrorismo tiene sus derechos garantizados y a las del franquismo, si lo piden, les dan un certificado de reparación que se llama así pero no repara nada.

“Es triste saber que vamos a seguir viendo morir a víctimas de la dictadura que han estado la la intemperie durante décadas de democracia y en el año 2022 no vivimos en una sociedad democrática capaz de garantizar sus derechos”, explica Silva. “Y es lamentable ver cómo todos y cada uno de los responsables de las violaciones de derechos humanos del golpe de 1936 y de la dictadura franquista se van de rositas, como si no hubieran hecho nada. Terrible lección le dan las instituciones democráticas a nuestra sociedad cuando deciden en el año 2022 seguir dejando impunes las mayores atrocidades que han conocido nuestra sociedad. Es terriblemente injusto con las víctimas y es un caldo de cultivo perfecto para el regreso del fascismo”.