Críticas a la subdelegada del gobierno en A Coruña por visitar la exhumación de una fosa y hablar del dinero que gasta el gobierno en políticas de memoria

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera lamentables las declaraciones de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, que acudiendo al lugar donde se está llevando a cabo la búsqueda de varios cuerpos de personas asesinadas por la represión franquista ha aprovechado ese escenario y ese momento para hacer propaganda de la política del gobierno y hablar de la cantidad de dinero que ha dedicado a la memoria en Galicia en los últimos años, como si estuviera dando un mitin en un lugar que merece todo el respeto a la realidad de las familias y de los terribles hechos.

“No se puede utilizar una exhumación como un escenario para hacer propaganda política”, ha declarado el presidente de la ARMH, Emilio Silva, nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada por una prueba de ADN en España. “Alguien se imagina que en un acto con las víctimas del terorismo un político hablase de las cantiades de dinero que han gastado en repararlas; pues las víctimas del franquismo merecen ese repeto y más humildad política, porque las del terrorismo han visto juicio y condenas de los perpetradores y han sido indemnizadas por el Estado cuando a las víctimas del franquismo se les han negado y se les niegan todos esos derechos.

En la nota de prensa de la delegación del Gobierno en Galicia se recogen las declaraciones de las subdelegada, María Rivas:

En esta línea, recordó que desde el año 2020 hasta hoy, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática financió actividades por más de 435.000 euros en Galicia, casi un 50% a través de la Xunta en las Conferencias Sectoriales, “lo que supone una media de 103.000 euros al año para investigaciones, publicaciones y exhumacións”, unos fondos que, según anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una reciente visita a Galicia, se verán incrementados hasta los 120.000 euros anuales en los próximos presupuestos.

María Rivas también apuntó que en aquella visita el ministro ya había manifestado su voluntad de cerrar un convenio con la Universidad de Santiago de Compostela, con una dotación de 200.000 euros, para disponer de un equipo encargado de hacer un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En este sentido, insistió en la importancia de luchar contra el olvido histórico. “Solamente aprendiendo de nuestro pasado podemos evitar repetirlo”, indicó.

“Lo que debe hacer una representante institucional en un lugar como ese es denunciar los crímenes, denunciar a los verdugos y perpetradores de los mismos, solidarizarse con las familias y trabajar para que obtengan verdadera justicia y verdadera reparación por parte del Estado y no hacer propaganda del gobierno de España y de sus políticas en la búsqueda de personas desaparecidas ya que es el único estado en el mundo que utiliza subvenciones para afrontar un problema tan grave como es el de miles de desapariciones forzadas”, añade Silva. Y concluye: “La autoridad debe velar por el cumplimiento del protocolo de exhumaciones del Estado y verificar, por ejemplo, que quienes están llevando a cabo la exhumación han denunciado la aparición de evidencias de muertes violentas ante el juzgado, como dice el texto que tienen que hacer”.