Derogaciones y Demagogias: Los hechos

Creo que, en líneas generales, se podría afirmar que, por lo visto hasta el momento, la llegada al poder consistorial y autonómico de la coalición de derechas solo ha supuesto recortes de derechos para la sociedad.

Se hace política en negativo. Se reafirma la propia identidad política conculcando los logros hechos por los partidos más progresistas anteriormente; además, se hace a un nivel diferente desde el punto de vista del organigrama político del país: se recorta lo conseguido a nivel estatal desde los ámbitos inferiores, da miedo pensar lo que harían si consiguen sentarse en sus soñados “sillones azules”.

Es la “guerra cultural”, todo lo que suene a “progre” es denostado, lo que antes obtuvo un consenso social ahora se convierte en objeto de revisión y polémica: retrocesos en la lucha por la igualdad de género poniendo en solfa los supuestos excesos de las “feminazis”, recortando recursos, no acudiendo a los, por desgracia tan frecuentes, minutos de silencio; enfrentarse acientíficamente al ecologismo, negando el cambio climático (este sí, sin comillas) enfrentando al agro con los activistas medioambientales, apoyando teorías conspiranoicas que enlazan con la guerra a la agenda 2030 (odiada por su perfume progresista), los chaimtrails, la sequía generada por poderes ocultos; los avances en igualdad sexual y derechos LGTBI se pierden con recortes a las nuevas leyes que daban cierto grado de protección y vuelven a amparar, de nuevo, las viejas y caducas teorías sobre la perversión y la enfermedad de dichas prácticas; cancelaciones de eventos, negación de espacios públicos por razones ideológicas, censuras, recorte de recursos que, hasta con la derecha pre-coalición, se habían asentado y todo esto se produce no por una obligación dolorosa para nuestra derecha convencional, sino con su plena aquiescencia y una entusiasta colaboración.

Centrándonos en la Memoria Histórica, o Democrática, hay una serie de puntos que conviene resaltar.

Hechos históricos:

El 14 de abril de 1931 se proclama la segunda República Española como un régimen democrático de pleno derecho, reconocido internacionalmente y por las propias fuerzas políticas del interior, con las consabidas reticencias lógicas; el 18 de julio de 1936 se produce un levantamiento militar de resultas del cual se provoca la Guerra de España que, tras tres años de combates, desembocará en la dictadura que llegará hasta la Transición en los años 80, tras la muerte de Franco. El estudio del período y el reconocimiento oficial desde la ley de memoria democrática de 2022 llegaría hasta 1983, es decir, un año después de la llegada de los socialistas del PSOE al poder.

Tras la guerra, todos aquellos que habían contribuido a la victoria de las armas, llamémoslas franquistas, son reconocidos de una u otra forma: se crean mutualidades de caballeros mutilados, se reparten todo tipo de prebendas, trabajos con la administración, concesiones oficiales, pensiones, mejoras laborales, medallas, homenajes, se rescata a los muertos por las fuerzas defensoras de la República (por una Ley de 1940, reconociendo el derecho y su gestión a cargo del Estado, derecho que, en 2024, las derechas siguen negando a los asesinados), etcétera, etcétera; es decir que durante 40 años el Régimen fue generoso con quienes lo elevaron al poder, pero siguió persiguiendo con saña a los defensores de la República durante esas cuatro décadas y más allá.

Con la llegada a la democracia, igual que sucedió en los países con un pasado inmediato dictatorial, los intentos de cubrir los crímenes contra los derechos humanos cometidos en la defensa de dichos regímenes mediante leyes de “punto final” (como la de amnistía española de 1977), fueron poco a poco superados con el reconocimiento social oficial a los perjudicados por esas brutalidades. En España, siempre ha intentado la derecha ocultar los crímenes de la dictadura, usando el recurso a la alusión de un “consenso” al respecto (que nunca se produjo) por lo que más bien fue una imposición a la sociedad si quería llegar a formar un régimen democrático.

El movimiento memorialista, uno de los más odiados y perseguidos por la “guerra cultural” de la coalición, afirma que existe un desequilibrio evidente entre la forma en que tuvieron que afrontar su vida los defensores de la República y los vencedores que implantaron la dictadura y el olvido a sus crímenes.

Algunos hechos a destacar:

Primero: los defensores de la democracia española de 1936 nunca han sido reconocidos como tales por la democracia de 1978.

Segundo: la consideración jurídica de “contrario al Glorioso Alzamiento Nacional”, con las consecuencias penales máximas que llevaba implícita, a pesar de ser un retorcido argumento insostenible desde el punto de vista del derecho, nunca ha sido revisada y anulada.

Tercero: los cuerpos de los civiles indefensos asesinados de forma sistemática por los alzados siguen en desaparición forzosa sin que el Estado democrático, al contrario que en otros países, se haya preocupado por recuperarlos y dar noticia de su suerte oficialmente a sus allegados y a la sociedad en general.

Cuarto: los bienes expropiados y las multas impuestas injustamente (existe toda una documentación al respecto) nunca han sido devueltos ni objeto de indemnización.

Quinto: los criminales que conculcaron los derechos de los ciudadanos durante toda la dictadura y parte de la Transición, siguen sin pagar, ni siquiera simbólicamente, por sus atrocidades, antes bien, reciben todo tipo de lisonjas y parabienes, también en democracia, para escarnio de sus víctimas.

Sexto: los victimarios y sus herederos ideológicos campan por sus respetos, en claro contraste con otros movimientos que ejercieron la violencia, amparados por la ley y la libertad de expresión, obviando los sentimientos de sus víctimas y allegados (siendo éstos ahora objeto de protección por la ley vigente, apenas aplicada).

Séptimo: el caso de los “bebés robados” es tan grave que, incluso, se plantea para este tema una ley específica. Son miles de personas con identidades falsificadas que siguen sin conocer su propia historia familiar, las más de las veces trágica. Es un ejemplo paradigmático de la impunidad de un régimen todopoderoso y despótico que aún perdura.

Octavo: no quiero olvidar a esos centenares de miles de exiliados, presos esclavizados, encarcelados injustamente, torturados, maquis tratados como delincuentes o bandoleros, mujeres vejadas de mil formas atroces, funcionarios expulsados sus carreras y trabajos, “ topos” que vivieron en la miseria y el miedo durante años y tantas y tantas personas a las que se les robaron sus derechos más elementales y su dignidad y que, por la naturaleza de la extensión de este artículo no puedo tratar con más detalle.

¿Dónde queda la reparación para las personas que sufrieron estos hechos?

Si la Ley de Amnistía borró estas heridas que, obviamente siguen abiertas, ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde la ecuanimidad?

Los vencedores se quedaron con todo, los vencidos siguen teniendo que resignarse al olvido más absoluto.

¿Cómo va a enfocar esta realidad el anunciado y nunca desarrollado “plan de Concordia”? La concordia siempre debe ser acordada por las partes y nunca impuesta por una sola y, les aseguro, que nada están haciendo para conseguir un acuerdo con las víctimas de franquismo, más bien al contrario, están continuando, objetivamente, con el relato impuesto por la dictadura.

Los crímenes no se solapan con una ley injusta. La democracia debe defender a la sociedad, especialmente, protegiendo a las minorías. La discriminación positiva es un instrumento para la paz social y la equiparación en derechos de los que vivimos en democracia, si eso no se comprende, difícil lo tiene el futuro de nuestro sistema político, pues podría convertirse en una dictadura sucesiva con la ideología de los más votados como imposición en alternancia en cada momento histórico.

La concordia a la que ellos aluden es cerrar heridas atendiendo a las legítimas pretensiones de las víctimas de franquismo, que ya hace tiempo que no buscan responsabilidades penales. La concordia es recuperar los nombres y los cuerpos de los olvidados, si, también los de los vencidos, los otros ya lo han sido. La concordia es dejar de imponer la lógica de los vencedores a toda la sociedad, es la integración del dolor superado sólo por una parte de la sociedad, pedir comprensión y abrazo a la otra parte, solo así podremos creernos que, por fin, han superado su pasado y son verdaderos demócratas, eso sí es concordia.

No volváis a enterrar a los pocos cuerpos de los vencidos que hemos logrado rescatar.

Estoy seguro de que muchos que combaten la memoria democrática, al menos en alguna parte de la coalición, entienden lo que este mensaje intenta hacer llegar a nuestra aún herida sociedad.

Esperemos que así sea.

*Enrique Gómez Arnas. Presidente ARMHA.